Ojo: estás en la lista

13/Diciembre/2013
Noroeste

Lydia Cacho

Una pareja está terminando su relación por vía telefónica. El evento es de por sí doloroso. El empresario le reclama el abandono emocional, ella le dice que hace rato que él dejó de hacerle el amor, pero la cela y la persigue como un terrorista. Del otro lado del teléfono el Cisen graba su llamada gracias los sofisticados sistemas de monitoreo de llamadas telefónicas celulares y de líneas fijas, en que debido a ciertas palabras detectadas por las computadoras, las llamadas son grabadas y guardadas en el sistema con los nombres completos de ambas personas, su dirección y sus número telefónicos. Han quedado en una lista.

Un académico envía por correo electrónico un ensayo para una revista. En él su autor, doctor en ciencias políticas, lleva a cabo una análisis de por qué no se combate el tráfico de armas hacia México. Su ensayo llega a las computadoras del Cisen y a las de la Embajada estadounidense en México. Dependiendo del nivel de crítica, conocimiento e información delicada del documento, éste quedará archivado con todos los datos personales del autor como alguien a quien vigilar. Ha quedado en una lista.

Un domingo mando mi columna a los periódicos en que publico el lunes, pero antes de que reciba respuesta de los editores, el Gobernador a quien evidencia mi texto ya recibió la columna. Su sistema de espionaje detecta textos de ciertos periodistas que mencionen su nombre. Archiva la IP, intervienen el correo electrónico de ciertos periódicos y sus hackers envían huéspedes que dentro de la computadora de la o el periodista, intentarán bajar los archivos que puedan revelar las fuentes. Escanearán ilegalmente el celular para saber con quienes han hablado en la última semana. El informe que le entrega al Gobernador es detallado.

El acto es ilegal, pero eso a la Segob no le interesa. Miles de periodistas en el País hemos aprendido a comunicarnos con las fuentes de tal manera que podamos protegerlas. Algunos gobernadores con sus redes de cibepriistas, comparten información sobre periodistas con sus colegas. Hace unas semanas este sitio Sinembargo.Mx detectó un intento de desactivación perpetrado por un experto desde Quintana Roo. Todos estamos en una lista.

Una oncóloga está trabajando en los expedientes de sus pacientes, entre ellos están algunos personajes públicos, de pronto su computadora comienza a alentarse, parece fallar, intenta resetearla, le pide que ponga sus claves de seguridad, lo hace y en cinco minutos todos los expedientes médicos están en manos de una empresa de espionaje con absolutamente toda la información personal y familiar de cientos de pacientes que ahora están en una lista.

Miles de estudiantes, para hacer sus tareas, buscan en Google la manera en que funciona el narcomenudeo, en 24 horas sus nombres están en una lista negra que sigue a cada paso todas las búsquedas que hacen sus computadoras, tabletas y celulares.

Él está de viaje y la llama por Skype, están enamorados. Comparten sus emociones y comienzan a hablar del deseo, deciden participar en un momento íntimo que no lo es. Esa video llamada se convirtió en un video guardado en un servidor de espionaje y si alguien eventualmente tienen acceso a ese servidor el momento íntimo de una pareja quedará exhibido en Youtube.

Nuestros teléfonos, tanto celulares como fijos, así como toda comunicación por Internet, desde cartas de amor, hasta investigaciones, datos de terceros, fotografías personales, todo, está en manos del Estado, de corporaciones y, en muchos casos, de las autoridades estadounidenses. Hemos perdido nuestra privacidad de manera absoluta. Sí existen programas especializados para distraer a los espías, pero sólo un 5 por ciento de la población mundial utiliza estos programas. En el caso de periodistas, escritores y escritoras marcadas como "peligrosas", los sistemas implementados por al CIA en México encuentran siempre la manera de llegar.

El escritor Ian McEwan dijo hace unos días "El estado, por su naturaleza, siempre prefiere seguridad que libertad. Últimamente la tecnología ofrece algo que el Estado no puede resistir: la vigilancia masiva que dejaría sorprendido a Orwell".

Más de 500 autoras y autores de 81 países, reconocidos mundialmente, escribieron una carta para exigir se detenga la vigilancia masiva, revelada por Snowden y reconocida por el Gobierno estadounidense. Margaret Atwood, Don DeLillo, Orhan Pamuk, Julian Barnes, Martin Amis, JM Coetzee entre otros. Han exigido que las Naciones Unidas creen una ley de derechos digitales que asegure la protección de los derechos civiles en la era de Internet.

Ya Apple, Google y Facebook han pedido que se respete la privacidad de sus usuarios; pero en esta carta, autores y autoras incluidos premios Nobel, han acusado a los gobiernos de diversos países de abusar sistemáticamente de sus poderes para llevar a cabo una vigilancia masiva de civiles que resulta antidemocrática. Lo cierto, dicen las escritoras, es que nuestros teléfonos celulares se han convertido en localizadores personales. No podemos hacer absolutamente nada, comprar, buscar información, escribir o comunicarnos, sin ser monitoreados.

Una de las autoras que ayudó a armar esta campaña dijo a The Guardian que no ha habido debates, no hemos votado, la sociedad no ha opinado sobre cómo nuestra información privada es utilizada y para qué propósito. En su documento las y los grandes escritores han dicho "Una persona bajo vigilancia ha perdido su libertad; una sociedad bajo vigilancia no es democrática. Nuestros derechos democráticos deben mantener su validez en los espacios reales y virtuales".

El problema es monumental, como ha dicho Snowden, no sólo son los gobiernos, sino las corporaciones quienes hacen mal uso de la información privada de millones de personas. Unos para controlar lo que decimos y pensamos, otros para manipular el comercio y la inducción mercantil. Cada vez más políticas lo usan para censurar por diversas vías.

Si hace unos años nos hubieran dicho que se había creado un sistema de espionaje para grabar nuestros teléfonos caseros, para bajar nuestras cuentas bancarias y estados de cuentas de tarjetas de créditos y que serían almacenados por empresas al servicio de los gobiernos, la revolución mundial no se habría tardado nada ¿Por qué ahora tan poca gente reacciona? Tal vez es porque muchos no entienden que es como cuando un ladrón entra en casa, abre todos los cajones, se lleva la ropa interior, las fotografías familiares, las chequeras y las cartas de amor. Así de sencillo, eso están haciendo con nuestras vidas. Además intervenir nuestros correos y evitar que la información salga a la luz, es como si el gobierno pusiera un policía afuera de cada casa y cada vez que queremos decir la verdad o disentir, nos soltaran una bofetada para acallar nuestras palabras.

El político y el científico

7/Diciembre/2013
Confabulario

Jorge Islas

Debemos de agradecer a Maquiavelo… que escribió lo que los hombres hacen, no lo que deberían de hacer.

Francis Bacon

Max Weber tenía razón: es casi imposible hacer compatibles las virtudes y acciones del político y del científico, del hombre que lleva una vida activa con el que lleva una vida contemplativa, entre otros factores por lo que cada uno está o no dispuesto a hacer de acuerdo con sus capacidades, intereses, vocaciones y principios de comportamiento ético. Claro está que toda regla tiene excepciones, como fue el caso de Cicerón, Marco Aurelio y Bacon, estadistas y también hombres de ciencia, con una vida inclinada al esfuerzo de la investigación y la reflexión intelectual. Pero la excepción mayor en justicia, creo que se le debe de reconocer a Nicolás Maquiavelo, quien desempeñó una intensa actividad política por 15 años ininterrumpidos y posteriormente una vida dedicada a la contemplación rigurosa de los asuntos públicos. En este caso, y a diferencia de los grandes pensadores de la época grecolatina, es a Maquiavelo por El Príncipe a quien debemos la primera aportación por haber establecido leyes para observar y entender las acciones y consecuencias de la política como una realidad y no necesariamente como un ideal. También lo debemos reconocer como el creador de una ciencia y un método de investigación para comprender la naturaleza del hombre frente al poder. Maquiavelo es sin duda el padre de la ciencia política moderna y el pionero que sentó las bases del método inductivo como el medio que crea conocimientos a partir de la evidencia empírica, por la experiencia probada y comparada de las cosas.

Lamentablemente Maquiavelo ha sido mal interpretado y señalado como un maestro del mal y la perversidad humana, por haber osado iniciar una forma de observar, describir y prever el comportamiento del hombre en sus ambiciones y pasiones frente al poder. En algunos casos tenemos críticas ingenuas, cargadas de ignorancia y simpleza. Son señalamientos que se caen por sí mismos. En algunos otros, hay críticas que buscaron lastimar el prestigio y el nombre de Maquiavelo, más que controvertir las premisas y conclusiones de su famoso libro. El que fuera segundo canciller en Florencia advirtió sobre las reacciones que habrían de generarse por sus libros y su nuevo método (Discursos, prólogo), producto de las envidias naturales del hombre. Y creo que fueron precisamente estas últimas las causas que han detonado una propaganda inercial contra una de las mentes más inteligentes que haya dado el Renacimiento para la posteridad de las ciencias sociales.

El Príncipe es producto de la experiencia de 15 años de trabajo directo en la política práctica; son 15 años que demuestran que Maquiavelo no la pasó jugando ni durmiendo (carta de Maquiavelo a Francesco Vettori del 10 de diciembre de 1513); sin embargo, la estructura, el método, la prosa inteligente y razonada son producto de su formación humanista, educación que recibió de los clásicos grecolatinos, incluido el espíritu de las virtudes públicas, el paganismo cívico de la antigua polis griega y la antigua civitas romana. Es gracias a los relatos e ideas de Herodoto, Platón, Aristóteles, Tácito, Tito Livio, Suetonio, entre otros autores mayores, a los que Maquiavelo entiende el sentido y el valor del poder para servir y mejorar el estado de las cosas en una sociedad. Entendió que determinadas leyes, instituciones y acciones combinadas con ciertos principios hacen la diferencia entre tener Estados fuertes y autosuficientes o Estados divididos y muy vulnerables frente al exterior. Entendió que los valores religiosos, sin duda importantes para la civilización, no eran los mejores para incidir en la conformación de una sociedad política libre, que se debía guiar por un arreglo institucional racional y equilibrado, antes que por costumbres y actos de fe.

En este contexto es en el que debemos entender a un Maquiavelo realista e idealista que crea reglas para dotar de autonomía a la política, de la ética, la moral y la religión. Reglas que tienen el propósito fundamental de arropar a un príncipe nuevo lleno de virtud, para que se convierta en el redentor de Italia, para unificarla y defenderla de cualquier invasión militar e intervención política sobre los asuntos estrictamente seculares. Es así como se explica la crudeza y rudeza con la que Maquiavelo invita al nuevo Príncipe a no ser bueno, a estar preparado para hacer el mal si fuese necesario, más cuando esté de por medio una causa superior que redunde en la defensa y seguridad de su Estado. Este es uno de los temas que mayor polémica, incomprensión e imprecisión ha generado. No es Maquiavelo un apologista del crimen; es un realista en los asuntos del Estado, que advertía cómo evitar la ruina de un gobernante, si éste por algún momento tenía un lapsus de inocencia.

Para Maquiavelo, humanista, político y científico de la política, el Estado como palabra y como fin tenía un significado mayor por su capacidad para transformar positivamente la realidad de los países en desgracia. Por ello, despreciaba el poder por el poder, al que identificaba como poder sin gloria, al poder egoísta que ejercían personas mediocres que se rodeaban de gente mediocre y que gobernaban por medio de la fuerza ilegítima o la fortuna, sin que supieran impulsar el desarrollo y la estabilidad en sus comunidades. Igualmente censuraba a los gobernantes frívolos, pusilánimes e irresolutos. En cambio, admiraba a los líderes que en el pasado y en su presente promovieron con sagacidad y determinación grandes reformas o bien emprendieron acciones notables en favor de sus pueblos y gobiernos. Reconocía como virtud política el valor de iniciar acciones que ofrecieran soluciones, no justificaciones para vencer resistencias y obstáculos que limitaran el fortalecimiento del Estado.

Leer El Príncipe a 500 años de que fue escrito nos recuerda que muchas de sus reglas (capítulos XV al XXV) siguen vigentes y en algunos casos son altamente recomendables, para que los actuales y futuros gobernantes tengan presente la importancia de pensar en la edificación de la buena política, la que trasciende y es observada, la que posibilita la conformación de sociedades plurales que viven con seguridad, igualdad y desarrollo, la que hace útil la acción política para consolidar un Estado que quiere y que busca ser libre, soberano y democrático.

No hay elogio para tanto nombre

7/Diciembre/2013
Confabulario

Leonardo Curzio

No hay elogio que iguale a un nombre tan sobresaliente como el de Maquiavelo. La vitalidad de su opúsculo El Príncipe es su salvoconducto para transitar medio milenio asombrando generaciones y generando encendidas polémicas. Al ilustre florentino debemos el tratado sobre el arte de gobernar más influyente en el pensamiento político de occidente.

Hace 500 años Francesco Vettori recibía una carta en la que describía las jornadas de Nicolás y, como de contrabando, se escurre la primicia que estaba llamada a marcar el antes y el después en la literatura política.  La obra de Maquiavelo fue una revolución con ondas expansivas seculares. No es que antes de 1513 no se supusiera que el ejercicio del poder político podía llevar a desplegar artes de seducción y engaño inconfesables en la intimidad. Para los lectores de Suetonio o Tácito no había motivo entonces de sonrojo, pero tampoco de sorpresa para cortesanos desprejuiciados el leer las páginas de El Príncipe. Y, sin embargo, desde los primeros años el escándalo rodeó la obra. Maquiavelo fue estigmatizado como el promotor de una doctrina infernal que llevaba al arte de gobierno a la antesala del averno. Pero, nadie sabe para quién trabaja. Es probable que sus críticos, tanto como sus méritos, ayudaran a cimentar el carácter legendario del personaje y su Príncipe.

Paradojas del destino. Para acrecentar su fama han colaborado (sin saberlo o sin quererlo) sus detractores. Hay una profusión de libelos “antimaquiavelo” que podrían integrar una biblioteca completa. La tradición crítica de la obra no es, por supuesto, lineal ni obedece tampoco a un único impulso. En el estudio introductorio de la obra de  Settala sobre la “razón de Estado” se identifican hacia finales del siglo XVI a 38 autores en Italia que habían discutido a Maquiavelo. Muchos han caído en el olvido pero contribuyeron con su soflama a engrandecer la obra. En España Baltasar Gracián lanzaba afiliados dardos sobre la obra del florentino. No fue el único; son legión los autores que lo diseccionaron y satanizaron desde la perspectiva católica.

La línea argumental de los tratadistas católicos se centraba en la  (para ellos) indisoluble vinculación entre la moral del Príncipe (y por lo tanto su salvación) y los fines del Estado, cuya permanencia exige prescindir de la esfera íntima del gobernante. El príncipe rige sus actos por la razón de Estado, es decir una especie de ecología moral propia de la política. Es curioso, por cierto, que el término “razón de Estado”, que rezuma maquiavelismo por todas partes (según el dicho de Meinecke), no fuera acuñado por el florentino sino por uno de sus críticos: Botero. Pero eso no es tema de este escrito.

En el campo protestante la obra del florentino tampoco fue recibida con fanfarrias. En 1576, Innocent Gentillet publicó su implacable Antimaquiavelo. La obra de Gentillet se convirtió en una suerte de best-seller. A principios del siglo XVII ya iba en la quinta edición y en 1608 fue traducida al inglés. A todo vapor contra Maquiavelo sus detractores contribuían con su estridencia a reforzar  su mitológica figura.

Además del trabajo de los estudiosos, filólogos e historiadores, la fascinación que ejerce el pequeño volumen entre los diletantes es hipnótica. La influencia que la obra ha tenido en el gran público es portentosa, tanto que además de estudiosos, admiradores y detractores, Don Nicolás tiene también una legión de deformadores. Al Príncipe lo usan como carcaj de donde sacan flechas para dar un toque arcano y zorruno a obrillas de estrategias de negocios o máximas para líderes desprejuiciados. Pero dejemos en paz a los deformadores y volvamos a quienes le ha enfrentado con más gallardía y han acrecentado su fama.

La gloria de El Príncipe no es sólo tributaria de los mandobles jesuitas o protestantes; debe también una buena parte a una crítica engendrada en el pensamiento ilustrado.  Voltaire impulsó a Federico II de Prusia a escribir su personal refutación de El Príncipe. Para el prusiano lo más polémico ya no gravitaba sobre la moralidad cristiana del rey. El argumento más capcioso del florentino es —según Federico/Voltaire— el dilema de ser amado o temido. Un príncipe cruel se expone más fácilmente a ser traicionado (argumentaba Federico) que un monarca amado por sus súbditos, pues la bondad nunca deja de ser amable para los pueblos. La obsesión de Federico por gobernar con rigor amoroso es la loable disposición anímica de un monarca joven, lleno de esperanza y optimismo. El ser más temido que amado hechiza al déspota ilustrado, tanto que intenta exorcizarlo en una ópera con tema mexicano que también debemos a su ingenio. El personaje Moctezuma de su famosa ópera proclama: “non vorrei del regno il freno, se con man troppo severa lo dovessi governar”. Ya en la madurez Federico reconocería la ingenuidad de Moctezuma y la razón que asistía al florentino. Amargo desengaño.

En tiempos más recientes autores del calibre de Isaiah Berlin o Paul Veyne han discutido la originalidad del hombre de la enigmática sonrisa. Maurizio Viroli ha ofrecido interpretaciones agudas para explicar su obra.  Antes lo hicieron Strauss o Maritain desde otras perspectivas. Los gobiernos constitucionales y el imperio de ley, es verdad, le han quitado en los últimos siglos las partes más polémicas al ejercicio del poder, pero no hay duda de que El Príncipe sigue siendo una lectura inspiradora y muy formativa.

Pocos hombres pueden aspirar a un epitafio (que da título a este artículo) tan esbelto y gratificador como el que sorprende a quien visita la tumba de Maquiavelo en la iglesia de la Santa Cruz. Pero pocos lo tienen tan merecido. La vigencia de El Príncipe estriba en su capacidad de deslumbrar sin que el olvido o el desuso la conviertan en carne de biblioteca antigua.

Lecciones de política con mayúsculas

7/Diciembre/2013
Confabulario

Jacqueline Peschard

Hoy que la política está tan desprestigiada, resulta pertinente releer El Príncipe a fin de rescatar el potencial constructivo y reparador que Nicolás Maquiavelo encuentra en la política.

Aún en los países que se han incorporado recientemente a la vida democrática como el nuestro, que durante años se esforzaron por contar con instituciones y actores políticos capaces de sustentarla, es evidente no sólo el desencanto sino el rechazo a la política y sus exponentes. Ello obedece, en buena medida, a que se confiaba en que, al surgir de procesos electorales libres y competidos, los gobiernos habrían de enfrentar eficazmente los grandes rezagos sociales y económicos.

La paradoja es que durante el proceso de transición a la democracia apostamos a la política, la fortaleza de sus instituciones y sus protagonistas, la capacidad de la negociación y el establecimiento de acuerdos para construir las reglas del juego necesarias para democratizar al país. Sin embargo, hoy, en la postransición, enfrentamos una crisis de la gobernanza democrática que es de naturaleza política y que revela la falta de liderazgo capaz de renovar la confianza en los alcances y la fortaleza de la política. De ahí que valga la pena recuperar a Maquiavelo quien, a decir de Hannah Arendt, buscó “restaurar la vieja dignidad de la política” (La condición humana,Paidós, Barcelona, 2005, p. 47).

Tal parece que el contexto actual se asemeja al de hace 500 años, cuando el autor florentino reflexionó sobre qué tipo de gobierno y de conductor del gobierno eran necesarios para acometer la tarea de la unificación de Italia y de su liberación del yugo extranjero. El ambiente estaba marcado por la corrupción que se expresaba en la práctica extendida del patronazgo y el favoritismo como fórmulas para obtener la lealtad de los gobernados. Dicho de otra manera, cuando la política ha caído en descrédito, hay que colocar en el centro del debate público cómo revalorar a la política.

Maquiavelo es una figura de la modernidad que se expresa en su concepción de la autonomía de la política respecto de la moral y la religión. Su idea de Estado marca un rompimiento con aquella de la Antigüedad y la Edad Media que lo concebían como atado a la totalidad orgánica de la existencia humana (Arnaldo Córdova, Sociedad y Estado en el mundo moderno, Grijalbo, México, 1976, p. 101). En sus escritos, la política se erige como una dimensión específica de la realidad social y por ello separable del resto de las actividades humanas. Su especificidad deriva de que la política tiene como referente propio la relación del hombre con el Estado.

Para el autor de El Príncipe, el actuar político tiene su ámbito, sus reglas y mecánicas propias que lo distinguen, particularmente de la religión, sus valores y propósitos. El Estado se erige en una entidad autónoma y, como dice Arendt: “el Estado es el término a favor de la secularidad, en contra de la Iglesia y el cristianismo” (“Una bitácora para leer a Maquiavelo”, en Metapolítica 23, mayo-junio, 2002, p. 23).

No es casual que a Maquiavelo se le identifique como el inventor de la ciencia política, entendida como una disciplina orientada al conocimiento de un ámbito de la realidad que busca comprender los hechos y el actuar políticos tal como efectivamente ocurren.

Pero, quizás lo más importante, es que Maquiavelo no se limita analizar los fenómenos, a partir como él mismo dijera en la dedicatoria de El Príncipe a Lorenzo de Médicis, del “conocimiento de la conducta de los mayores estadistas que han existido […] y de una lectura continua de los historiadores antiguos”, sino que busca siempre las mejores soluciones teóricas y prácticas para enfrentarlos. El estudio tiene el propósito no sólo de abonar al conocimiento de la realidad, sino de identificar la forma de operar sobre ella para transformarla. Maquiavelo teoriza con una metodología rigurosa, pero con el objeto de derivar de ahí las soluciones más adecuadas: conlleva la idea de compromiso con la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Pensar para actuar en política tiene en Maquiavelo un elemento de redención, pues su propósito es reformar el orden político (véase Maurizio Viroli, “500 años de El Príncipe. La herencia de Maquiavelo”, entrevista por Daniel Gascón, Letras Libres, octubre 2013). Y, aunque parezca contradictorio, el propio Meinecke, teórico de la razón de Estado, afirma: “la auténtica e íntima idea rectora de Maquiavelo es la regeneración de un pueblo hundido, su elevación a las virtudes y energías políticas, valiéndose para ello de la virtù de un soberano tiránico y de todos los medios dictados por la necessità” (“Momentos maquiavelianos”, en Metapolítica, ibid., p. 49).

La autonomización de la política se ha interpretado como la justificación para que los gobernantes adopten decisiones inmorales o crueles, motivadas por su afán de lograr que dure el Estado, fin último que deben perseguir. Diversos autores han señalado que se trata de un malentendido, ya que si bien Maquiavelo afirma que en ocasiones los “príncipes” se ven obligados a actuar inmoralmente, ello se debe a que por naturaleza los hombres están más inclinados al mal y que éste sólo puede ser contrarrestado por una autoridad capaz de “no darle ocasión a manifestarse” (Rafael Braun habla del pesimismo ontológico de Maquiavelo; véase “Reflexión política y pasión humana en el realismo de Maquiavelo”, en Biblioteca virtual de CLACSO, 2000, p. 83).

Su propósito de orientar con éxito la actuación en el campo político revela su afán por pensar de manera pragmática. Pero, cuando se le identifica con la expresión popular de “el fin justifica los medios”, lo que el autor plantea es la necesidad de tener en cuenta la realidad política y las fuerzas y recursos disponibles para actuar eficazmente o, si se quiere, lo que se justifica es en función de su eficacia, de lo que resulta adecuado para lograr el propósito que se persigue: los medios serán juzgados honorables sólo si son necesarios.

Al preguntarse cómo se conquista y se mantiene el poder, Maquiavelo responde que es con el consenso del pueblo, con la participación de los ciudadanos en la deliberación. De ahí su idea de la virtud cívica como inclinación necesaria para enfrentar la corrupción y la tiranía del poder. Al involucrar al ciudadano, revela sus convicciones en los principios republicanos, mostrando con ello la actualidad de su pensamiento.

El momento por el que atraviesa nuestro país, cuando la pluralidad ha sido incapaz de enfrentar eficazmente la desigualdad, la injusticia y, ahora también, la inseguridad, parece aconsejable releer y debatir a Maquiavelo; claro, si estamos convencidos del potencial civilizatorio de la política con mayúsculas.

Diez aspectos sobre trata de personas

29/Noviembre/2013
El Noroeste

Lydia Cacho

Hace unos días una pe­riodista de Polonia me preguntaba si podría mencionar diez aspec­tos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de legislar sobre la trata de personas. De entre muchos puntos propongo los siguientes:

1. Debemos debatir abiertamen­te cómo el modelo neoliberal capi­talista ha implantado la normali­zación de la explotación humana como medio de enriquecimiento de terceros y perpetuación del la desigualdad social e inequidad de género. Toda política contra la es­clavitud necesita promover nuevos modelos económicos y su aproxi­mación paulatina para llegar a ellos.

2. La trata de personas no es un fenómeno criminal individual, si­no un conjunto de actos realizados de forma encadenada por decenas o centenas de personas a la vez. Ignorar los vasos comunicantes entre todos los actores directos e indirectos es un error monumental. Los vasos comunicantes no pueden aislarse para beneficiar un discurso legislativo que busca simplificar la supuesta persecución del delito. Sí, ver el mapa completo complejiza el abordaje, pero reconocerlo resulta indispensable para legislar adecua­damente. Porque las construccio­nes culturales que nos hacen creer que este es un tema espinoso e ina­movible al que no hay que entrar­le, son el hierro que fortalece esas cadenas. Todo constructo cultural puede cambiar con la estrategia adecuada y a largo plazo.

3. La trata de personas, como una renovada y sofisticada forma de es­clavitud, se ampara en un compo­nente cultural de normalización de todas las formas de discriminación: racial, de género, de edad, condi­ción socioeconómica, por estruc­turas de dominación social. Esto permite que equivocadamente se enfoque en las víctimas que surgen de contextos de pobreza extrema y se ignore a las que surgen de con­textos aparentemente privilegiados pero igualmente sometidos a un discurso cosificador, hipersexua­lizador, deshumanizante, que es el que le aporta el glamour a la in­dustria del sexo comercial, que en ocasiones oculta la trata y siempre promueve el sexismo.

4. Hay nuevas fórmulas para legislar desde la integralidad, que entienden el enfoque global de los delitos cometidos, y por tanto tota­lizan estrategias jurídicas, de desa­rrollo social, educativas, de trans­parencia del servicio púbico, que fincan mayores responsabilidades a quienes tienen mayor incidencia en prevenir el delito o en facilitar que éste no sea evidenciado investigado y perseguido.

5. Urge poner el enfoque en los re­fugios mexicanos que sí han logrado buenas prácticas, desde el rescate de víctimas hasta la reintegración total, con herramientas económicas, edu­cativas y sociales de la o el sobrevi­viente. En lugar de sólo enfocarse en algún modelo del Distrito Federal. Parecería que algunos académicos y legisladoras creen que la Capital es representativa de todo el País. O que lo que las visiones progresistas que no surgen en el centro del País no existen en México.

6. La regulación o legalización del sexo comercial individual (por­que el empresarial está más que re­gulado, de otra manera no existirían miles de burdeles en el País), pasa por la transparencia en la postura y convicciones de quienes legislan. De allí que en varios países se pida que las y los legisladores que prepa­ran una ley, expresen abiertamente su postura respecto al comercio sexual. Los argumentos a favor o en contra no pueden ser morales, deben ser éticos, pues somos un es­tado laico y las leyes deben reflejar ese hecho irrebatible.

7. Una ley contra la trata, en su abordaje frente al comercio sexual, debe estar directamente vinculada a programas educativos de empo­deramiento de mujeres en contra de la violencia de género (para eso tenemos la Ley General). Los servi­cios de salud para mujeres (y LGTB) en esa industria no deben condicio­narse bajo ningún motivo. Como este es un proceso social vivo, se necesita asegurar que los derechos de las mujeres no sean violados co­mo resultado de una ley imperfecta y de un ejercicio de la ley que es sólo penalizador, persecutorio, y no transformador de fondo.

8. Es una necedad creer que se legisla para fortalecer instituciones que por un lado son sobrecontrola­doras, hiperpolicales y maltratado­ras, mientras por otro son ineficaces, opacas y discriminatorias. Las leyes que no se afianzan sobre modelos de ética y civilidad en un contexto de integración social son siempre ineficientes. Una ley no resuelve un problema a largo plazo. Se debe construir sobre estrategias y recur­sos que resuelvan los problemas de origen: léase sexismo, violencia de género, inequidad, etcétera. (Por ejemplo no pueden dejar a los refu­gios y fiscalías sin recursos y deter­minar que "alguien debe" atender integralmente a las víctimas).

9. Se debe integrar el tema mi­gratorio en toda política pública que busquen abatir la trata de personas. Los diversos fenómenos migratorios, nacionales e internacionales, y la ma­nera en que el Estado los aborda, re­presentan eslabones fundamentales en el incremento de la victimización. La interconexión entre la migración, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la delincuencia organizada y la esclavitud (que incluye la venta de adultos, niñas y niños) representa un reto para activistas, académicos/as y el Estado mismo.

10. Es un error desestimar el rol que juegan los servidores públicos, incluidos gobernantes y legislado­res en el fortalecimiento, la promo­ción y el consumo directo de servi­cios que provee la industria de sexo comercial, que lo mismo maneja personas independientes que escla­vas, dependiendo del mercado en que se enfoque. De allí que toda le­gislación en este tema deba recibir un particular escrutinio público, ya que existe evidencia documentada a lo largo de más de una década. He­mos de entender cómo esta cadena alimentaria de la economía crimi­nal, debilita a las políticas sociales, ya que su intención es profundizar el disenso y promover la cultura de normalización y sometimiento a la esclavitud. Sin transparencia no podremos lograr el fortalecimiento de los derechos humanos y de las políticas de Seguridad Humana, con las cuales, la sociedad entera interactuará para ser parte de la so­lución colectiva, creativa y efectiva contra la trata.

Una verdadera conciliación

24/Noviembre/2013
La Jornada

Néstor de Buen

La semana pasada el sindicato minero que preside y dirige Napoleón Gómez Urrutia, pese a los intentos malditos de las autoridades por impedirlo, convocó a una reunión en Vancouver a la que asistieron alrededor de 40 representantes de empresas mineras, además de los miembros del comité ejecutivo y tres abogados del sindicato: el penalista Marco del Toro y los laboralistas Carlos Eduardo y Néstor de Buen. Fue una reunión positiva desarrollada en el Hotel Westin Grand, en una sala amplia y cómoda con sillones y mesas para los concurrentes.

Surgió un tema importante. Los empresarios plantearon el tema de las inconveniencias de las acciones colectivas que afectan a la competitividad y a la productividad y los representantes sindicales invocaron la necesidad de llegar, a través de ellas, a disfrutar de mejores condiciones de trabajo. Por supuesto que también se invocó el principio de que no hay empresa sin trabajadores ni trabajadores que no dependan de las empresas, más allá de la economía informal, lamentablemente creciente en nuestro medio.
De manera casi espontánea apareció el concepto de equilibrio entre los factores de la producción y el de la justicia social que invoca el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo.
¿Cómo se debe conseguir ese equilibrio? Ese fue el tema principal.
Es evidente que en el momento actual la ley no reconoce un mecanismo adecuado para lograrlo, por lo que en las relaciones obrero-patronales predominan los intereses de cada parte que no contemplan los del otro lado. La conciliación, prevista en la ley tanto en los juicios individuales como en los colectivos, se funda simplemente en las facultades de los funcionarios para tratar de convencer, lo que, evidentemente, difícilmente se logra.
Surgió entonces la idea de que se establezca un sistema accesible a las partes mediante el cual se expresen las necesidades respectivas y las vías para lograrlas. Porque es evidente que las empresas necesitan ser productivas y competitivas y los trabajadores percibir los ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades principales y las de sus familias. En cierto modo, a ese respecto podría tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 562 de la Ley Federal del Trabajo, que al establecer las funciones del director técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos señala que debe considerarse el presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden material, tales como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, tales como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura, y las relacionadas con la educación de los hijos.
Es más que evidente que en la fijación de los salarios mínimos no se tienen en cuenta esos factores sino la temida inflación, lo que provoca que sean mínimos, pero no salarios. ¿Podría pensarse en integrar oficialmente una comisión que determine el costo de esas necesidades?
Es claro que en la comisión podrían intervenir los factores que procurarían reducir al mínimo las prestaciones, pero creo que no sería imposible establecer un mecanismo que fuera confiable y cuyas conclusiones tendrían que respetarse en la discusión de los contratos colectivos de trabajo, sin olvidar los requisitos para lograr mayor productividad y competitividad de las empresas.
En la reunión de Vancouver pareció posible hacer eso, lo que obligaría a las partes a admitir en sus discusiones esos factores. Cabría, lógicamente, que las conclusiones de la comisión pudieran ser impugnadas, pero de llegar a ser definitivas, las revisiones de los contratos colectivos de trabajo serían infinitamente más pacíficas, y los resultados más satisfactorios para los trabajadores y las empresas.
Debería intentarse. Vale la pena.

 

 

Las trampas del consenso

Octubre/2013
Nexos

José Ramón Cossío Díaz

El 3 de septiembre el Pleno de la Suprema Corte resolvió, por mayoría de 10 votos, la Contradicción de Tesis 293/2011. El tema de la misma era determinar la relación de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a efecto de lograr la protección más amplia a las personas. Sin duda se trataba de una cuestión de particular relevancia, pues mediante este criterio debía darse una interpretación nueva a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, reformado en junio de 2011. Mi posición fue en contra de la propuesta final presentada por el ministro Zaldívar en busca de un consenso pues, a mi juicio, lo que se resolvió resultaba contrario a lo establecido en el propio artículo 1. Conviene aclarar que en el proyecto sometido a la aprobación del Pleno de la Suprema Corte se recogieron buena parte de los argumentos que expresé en contra del proyecto originario que discutimos en marzo de 2012. Por ello, en todo momento manifesté mi conformidad con la nueva posición. Sin embargo y con motivo de los cambios que a lo largo de las discusiones se fueron introduciendo a la nueva propuesta, voté en contra del criterio que finalmente se adoptó. Las que expongo a continuación son las razones fundamentales de mi disenso.

El motivo alegado en todo momento para introducirle cambios sustanciales al proyecto fue la búsqueda de una solución operativa en materia de derechos humanos. La invocación reiterada a encontrar una solución al problema que la Corte tenía que resolver, como si lo importante del caso fuera el establecimiento de un criterio, cualquiera que éste fuera. La razón para no compartir este curso de acción es que a mi juicio hay decisiones, en este caso  constitucionales, que no pueden tener al consenso como única razón de ser. En una diversidad de temas es plausible tratar de construir consensos en la Suprema Corte, pero considero que hay decisiones en las que la convicción personal no puede ceder. El tema de los derechos humanos tiene estas características. El que ello sea así no resulta de una creencia personal, sino del modo como el órgano reformador de la Constitución decidió cambiar en junio de 2011 la esencia de la Constitución, poniendo una carga extraordinariamente importante en la protección a los derechos humanos a partir del principio pro persona. Lo que se transformó fue la antropología constitucional misma, determinando de un modo completamente distinto la posición de las personas frente a las autoridades estatales. Suponer que este reconocimiento puede ser instrumentalizado en aras de lograr consensos entre los ministros, es tanto como generar un espacio de libre disposición judicial frente a lo establecido por un órgano democrático cuya legitimidad no está en duda.

Mi segundo punto de disenso a lo que finalmente aprobó la mayoría de mis colegas tiene que ver con la introducción del criterio de jerarquía para relacionar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Si el párrafo segundo del artículo 1 dispone que a las personas se les dará en todo momento la protección más amplia en términos de lo que dispongan los derechos humanos de fuente constitucional o convencional, no puede establecerse la prevalencia de las normas constitucionales en los casos en que establezcan restricciones, sin admitir que con ello se incorpora expresamente un criterio de jerarquía constitucional.

El artículo 133 establece que un tratado internacional se incorpora al orden jurídico mexicano cuando su contenido y su proceso de aprobación son acordes con la Constitución. Hasta este momento la Constitución es jerárquicamente superior al tratado, sencillamente por prever sus requisitos de validez. Sin embargo, a partir de ahí el artículo 1 da lugar a una operación normativa completamente diferenciada, que nada tiene que ver ya con cuestiones de jerarquía. Como acabo de señalarlo en el párrafo anterior, la reforma de junio de 2011 implicó que deben hacerse operaciones normativas a partir del principio pro persona tanto con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte como con aquellos reconocidos en la Constitución, sin establecer ninguna jerarquía entre ellos.

La posición adoptada por el Constituyente mexicano se viene construyendo en el mundo desde hace más de 50 años a partir del principio de dignidad de la persona. Las razones históricas son harto conocidas y no tiene sentido repetirlas aquí. Lo que sí interesa señalar es que esta idea y sus desarrollos se han ido incorporando a las constituciones y tratados internacionales, con lo cual han dejado de ser meras construcciones de la filosofía política o del iusnaturalismo, para constituirse sin más en derecho positivo. Con este carácter la Constitución y los tratados internacionales obligan a realizar operaciones normativas con los derechos humanos determinados por el legislador democrático. Este cambio radical en el modo de entendimiento de nuestro orden jurídico tiene que aceptarse a plenitud, salvo que se quiera mantener un positivismo ideológico donde sólo se acepta la existencia de la Constitución siempre que no contenga elementos que resulten contrarios a las convicciones personales.

Con la reforma de 2011 el Constituyente, como órgano democráticamente legítimo, generó una solución novedosa que puede no gustar a muchas personas. No obstante, al asumir el cargo de ministro de la Suprema Corte protesté guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que  de ella emanen. Es por ello que independientemente de la posición que se tenga con respecto a la idea “derechos humanos”, en la Constitución se les ha otorgado un estatus específico que debe ser cabalmente garantizado. Lo dispuesto en ella nos conduce a maximizar la interpretación conjunta de los derechos humanos de fuente constitucional y convencional en aras de otorgarle la mayor protección posible a las personas. Desde el momento en que se dice que ello será así “salvo” cuando exista una restricción constitucional expresa, se está desconociendo lo dispuesto en el propio texto constitucional en razón del desplazamiento que se hace de los derechos de fuente convencional frente a lo dispuesto, no como derecho, sino como restricción, por la Constitución nacional.

Cuando la Constitución dispone  en el primer párrafo del artículo 1  que el ejercicio de los derechos humanos “no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece”, ello también debe entenderse bajo la clave interpretativa del principio pro persona. Por lo mismo, debe referirse única y exclusivamente a las condiciones establecidas en varios párrafos del artículo 29 de la propia Constitución. Éstas son expresiones técnicas y específicas que deben utilizarse sólo  en estos casos, sin extenderse a cualquier restricción que pudiera entenderse contiene la Constitución. Las últimas reformas a los artículos 1 y 29 tienen la misma génesis, por lo que no deben ser interpretadas con orientaciones diversas.

Lo que la posición mayoritaria terminó generando fue una regla universal de interpretación por virtud de la cual el derecho convencional cede frente al derecho constitucional desplazando la posibilidad de resolver los problemas caso por caso aplicando efectivamente el principio pro persona. No es verdad, como sostuvo la mayoría, que la interpretación generada por ella permita la ponderación caso por caso de todos los derechos humanos. Para que ello fuere así, debía darse la plena igualdad entre los derechos humanos de fuente constitucional y de fuente convencional. Pero como se introdujo una diferenciación entre uno y otro tipo de derechos al darle preeminencia jerárquica a las restricciones constitucionales, tal igualdad se rompió. Lo más que puede hacerse en este tipo de operación es determinar si en la situación concreta que se enfrente existe tal restricción para, a partir de ahí, desplazar al derecho humano establecido en un tratado.

Es cierto que siempre que los derechos colisionen —por decirlo de esta forma— debe generarse una interpretación como forma de resolución de estos conflictos. Ésta ha sido una de las funciones históricas del constitucionalismo. Sin embargo, lo que se generó con la adopción de este criterio es una regla hermenéutica de carácter general para decidir siempre en favor de la norma constitucional frente a la convencional. Consecuentemente, al haberse creado una regla de jerarquía, se eliminó la posibilidad de aplicar el principio pro persona para resolver los conflictos entre derechos.

La resolución adoptada por la mayoría de ministros significa una regresión grave respecto a lo que habíamos votado en otros asuntos en los que, precisamente, existían soluciones diversas entre las normas convencionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Ello es así porque en al menos dos casos la Suprema Corte había considerado a los derechos de una u otra fuente en condiciones de perfecta igualdad y se había extraído, de entre todos ellos, los que mejor protegieran a la persona: uno de ellos, relativo al lugar de compurgación de las penas cerca del domicilio familiar; el otro, relacionado con los límites y modalidades del trabajo forzado. El efecto de la resolución mayoritaria es contrario al principio de progresividad establecido en el párrafo tercero de la propia Constitución.

Lo verdaderamente grave del criterio adoptado por la Corte, y de ahí mi disenso, es que impedirá llevar a cabo un libre juego de apreciación o balance entre los derechos humanos de fuente constitucional y los de fuente convencional y, con ello, afectará el entendimiento cabal del principio pro persona. La razón final del peso otorgado a las normas constitucionales es su jerarquía, asunto éste que no fue introducido por el Constituyente en la reforma de junio de 2011. El consenso logrado para llegar a esta conclusión, para mí inaceptable, me llevó a mantenerme fuera de él.