Ley Peña-Televisa, alta traición

6/Abril/2014
Noroeste

Jenaro Villamil

 La iniciativa del Eje­cutivo federal en te­lecomunicaciones y radiodifusión es un edificio chueco, construido sobre cimientos frágiles, que puede derrumbarse con un elemental ejercicio de an­ticonstitucionalidad de sus artículos.

Especialistas de diver­sos sectores -menos los más vinculados a los monopo­lios, a los concesionarios y al Gobierno- coinciden en algo fundamental: la Ley Peña-Televisa es anticons­titucional. Va en contra de la reforma aprobada en 2013.

Han detectado, por lo me­nos, 23 violaciones a la Cons­titución en el cuerpo de 312 artículos más 29 transitorios y la Ley de Sistema Público de Radiodifusión en Méxi­co, que es un retroceso a los tiempos oscuros del estali­nismo-priista para controlar los medios dependientes del erario público.

Es anticonstitucional por las siguientes razones:

1. Viola la noción de tele­comunicaciones y radiodifu­sión como "servicios públi­cos" para concebirlos como "servicios de interés públi­co". Con ese simple cambio se cae toda la noción jurídica definida en la Constitución.

2. Viola la autonomía de un nuevo órgano regulador -el Instituto Federal de Te­lecomunicaciones- que se convierte en una instancia tutelada por el Ejecutivo fe­deral y sus principales brazos ejecutores: Secretaría de Co­municaciones y Transportes, Gobernación y Hacienda.

3. Viola la libertad de ex­presión y de información es­tablecidas en el artículo sexto constitucional al incorporar medidas de censura previa, de persecución e intrusión en las redes cibernéticas.

4. Viola la noción de "agentes económicos pre­ponderantes" y los criterios antimonopólicos del artí­culo 28 constitucional. En la Ley Peña-Televisa todo lo relacionado con este punto está sesgado para proteger a la empresa de Emilio Az­cárraga Jean en su sector de mayor crecimiento: la tele­visión restringida.

5. Viola la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que echó abajo la Ley Tele­visa de 2006 al reincorporar nociones como la subasta as­cendente como criterio fun­damental para otorgar las concesiones.

6. Viola los derechos de las audiencias al reducirlos a nociones vagas, generales, sin indicar cómo se defende­rán y quiénes las defenderán claramente.

7. Viola los principios del artículo primero de la Cons­titución al marginar e ir en contra de los derechos de las comunidades indígenas.

8. Viola el principio de neutralidad de la red esta­blecido en la reforma cons­titucional de 2013 al con­vertir a los concesionarios en servicios de Internet en guardianes y extensiones policiacas del CISEN o de otras dependencias de segu­ridad nacional y seguridad pública.

9. Viola la esencia misma de la ley: no es un ordena­miento jurídico convergen­te. Al contrario, es divergen­te. Separa en dos grandes "sectores" o cárteles (tele­comunicaciones y radiodi­fusión) al no concebirlos co­mo servicios múltiples (de televisión abierta, de radio, de Internet, de audio y video restringidos, de telefonía móvil). Impide el total play y el acceso de los ciudadanos al margen del mundo digital.

10. Viola el ordenamiento constitucional para que el "apagón analógico" se dé en diciembre de 2015. En el artí­culo 16 transitorio establece una prórroga hasta diciem­bre de 2017, "casualmente" en vísperas de las elecciones presidenciales de 2018.

Estos son tan sólo algu­nos puntos.

La traición fundamental radica en el carácter clara­mente electorero de esta ley. En su mirada corta y en su evidente intención de enga­ño a los ciudadanos.

Al Gobierno federal del PRI le interesa recuperar el control del Congreso en las elecciones de 2015. Si para ese objetivo deben rehacer su acuerdo y pacto con Te­levisa, con TV Azteca y con sus anexos que garantizan el control de la opinión públi­ca, lo harán.

Por eso, esta ley busca for­talecer esa misma alianza que llevó a Peña Nieto al poder. ¿A cambio de qué? De permitirle a Grupo Televisa expandirse sin límites en el mercado de televisión restringida.

A América Móvil y al gi­gante monopolista de Car­los Slim, el Gobierno federal pretende "compensarle" en otras áreas de los múltiples intereses de Grupo Carso, como son los energéticos y la construcción. No se dan cuenta de las consecuencias estructurales de alentar la guerra Televisa-Telmex.

Televisa y Peña Nieto tienen un enemigo en co­mún: los ciudadanos de las redes sociales. Es clara la animadversión hacia Tele­visa y al PRI en la mayoría de las audiencias jóvenes que deliberan, se informan y se entretienen en las redes sociales. Son generaciones que ya no se deformaron con Televisa. El PRI calcula que este sector les costó, por lo menos, 5 millones de votos en 2012.

No quieren repetir este fenómeno en 2015.

Por eso van contra el ciberactivismo y por cons­treñir al máximo el perio­dismo digital. Han hecho experimentos autoritarios en Veracruz, en Quintana Roo y en Chihuahua. Ahora pretenden llevarlo a escala nacional.

Ahí está la alta traición.

No se trata de democrati­zar el régimen de medios de comunicación y las teleco­municaciones ni darle acce­so a la población a las nuevas tecnologías de la comunica­ción y la información.

Por el contrario, se trata de constreñir y controlar. No les importa que esta ley aca­be en la Suprema Corte de Justicia. Al menos, les per­mitirá que en 2015 funcione para que el PRI recupere el control de la Cámara de Di­putados y del Senado.

Y todo esto con la colabo­ración de varios políticos pa­nistas y perredistas que ya se volvieron los "paraestatales" de la restauración priista.

Lo veremos en la discu­sión y en la aprobación del Congreso.

Pacto por México, el "producto milagro"

28/Marzp/2013
Noroeste

Jenaro Villamil

En la industria televisiva se llaman "productos milagros" a los infomerciales que inundan la pantalla anunciando lo mismo pastillas para bajar de peso que remedios para los hongos de uña o para mal de riñones; aparatos de tonificación muscular y tenis para corregir hasta las malas posiciones. Todo lo que se pueda adquirir en CV Directo –comercializadora vinculada a las televisoras- es un "producto milagro". Todo aquello que implique una cultura del menor esfuerzo y del máximo gasto, es un "producto milagro".

En la política mexicana ya tenemos un "producto milagro": el Pacto por México. Promete resolver el hambre, acabar con los monopolios, reformar la educación, democratizar los medios, frenar la corrupción, generar empleos, y hasta relanzar al País como potencia ferrocarrilera, entre otros muchos de sus más de 90 puntos.

El Pacto por México es una continuación de la estrategia inaugurada por Peña Nieto en el Estado por México: "te lo firmo y te lo cumplo". La diferencia es que no son compromisos firmados ante Notario Público sino ante las tres grandes fuerzas partidistas y una extensa burocracia que llegó al poder con el grupo Atlacomulco.

El Pacto por México, ideado por Luis Videgaray, negociado por Miguel Ángel Osorio Chong, pretende aterrizar lo mismo las recomendaciones de la OCDE que los futuros negocios sexenales a partir de la apertura en energéticos, telecomunicaciones, infraestructura.

De ser una guía de acuerdos y compromisos entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD, firmada el 2 de diciembre en medio de suspicacias y desencuentros, el Pacto por México se ha convertido en una camisa de fuerza para los otros dos poderes, especialmente, para el Legislativo, que se ha convertido en una oficialía de partes o en una aduana que no revisa y si lo hace, es para mantener "lo acordado en el Consejo Rector".

Para los legisladores que están al margen de los acuerdos, para las corrientes políticas que integran los partidos, pero no forman parte de las cúpulas firmantes, aunque sean militantes de los partidos del Pacto, se ha vuelto una entelequia entender la dinámica del Consejo Rector.

Para la sociedad, el Pacto por México se convierte de manera acelerada en un largo spot, la construcción imaginaria de un sistema político sin disensos, un cuento de hadas donde no aparecen ya la realidad sino las buenas intenciones.

El Pacto y su Consejo Rector ha procesado acuerdos en tres grandes reformas en menos de cuatro meses: la educativa, la del amparo y recientemente la de telecomunicaciones y radiodifusión. Faltan muchos otros.

Lo importante no es la reflexión o el debate sobre estas reformas constitucionales sino el cambio de percepción. El Pacto por México se convierte así en un vehículo mercadológico eficaz para vender como logros lo que apenas son el inicio de modificaciones. El Pacto por México sobrevende así la eficacia del "nuevo presidencialismo", tesis central del equipo de Peña Nieto y su afán de centralizar de nuevo las funciones que los 12 años del panismo dejaron atrofiadas y sin reformar.

El Pacto por México es un spot eficaz. Lo vimos en el caso de la reforma educativa. Tras las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, el Gobierno federal promovió un spot en medios electrónicos que se confundió, incluso, con otro financiado por el SNTE, antes de que destronaran a Elba Esther Gordillo de su reinado sexenal.

"Con este esfuerzo apoyamos su desarrollo profesional, su estabilidad laboral y su capacitación", decía la frase del spot dirigido a los maestros y la sociedad en general.

Al mismo tiempo, se publicaron desplegados en 29 periódicos locales y cuatro nacionales para explicar las bondades de la reforma constitucional.

Cuando apenas comenzaba a procesarse el "milagro", la PGR detuvo a Elba Esther Gordillo en el aeropuerto de Toluca. La maestra tuvo la osadía de criticar al Presidente y al Pacto por México.

La habilidad de los defensores del Pacto ha generado una percepción de avance, aunque la realidad siga igual o más complicada: ni el SNTE se ha modernizado tras la detención de su señora feudal ni el régimen de medios se ha democratizado con las reformas. El infomercial del Pacto aún necesita pasar por la prueba del ácido: el reacomodo real de las reformas y de los grupos de poder económico y político que pretenden salir beneficiados.

En cualquiera de los casos, los más vulnerables son los partidos de oposición. Ya existe un impacto interno en el PAN, acelerado por la derrota del 2012, y en el PRD, alentado por la exclusión de las otras corrientes y grupos que no comparten la línea negociadora y seguidista de Los Chuchos. El PRI ya decidió asumir la cultura de lo que "usted mande señor presidente" y todos los afectados con el ascenso del grupo Atlacomulco esperan su premio por la "institucionalidad".

En los próximos días se vivirá otra prueba de fuego: la aprobación de la reforma constitucional en telecomunicaciones en el Senado de la República. Las formas y el fondo de lo discutido y aprobado en la Cámara de Diputados dejó un mal sabor de boca para quienes están convencidos que una buena reforma se puede transformar en una gran trampa política.

Para la sociedad, en general, el Pacto aún dice poco. Es un "producto milagro" que no ha reducido ni los índices de violencia, ni la corrupción de las policías, ni la inflación en el último cuatrimestre, ni la falta de empleos. La diferencia es que no devuelven el dinero ni el voto.

"Televisión para jodidos"

24/Marzo/2013
Noroeste

Jenaro Villamil

"México es un País de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil".

Fueron las palabras de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, pronunciadas hace exactamente dos décadas, el 10 de febrero de 1993. Su discurso fue improvisado. Se celebraba el éxito de la telenovela Los Ricos También Lloran que catapultó a la fama internacional a Verónica Castro. El Tigre andaba feliz y se puso sincero.

"Los ricos, como yo, no somos clientes porque los ricos como yo no compran ni madres", abundó el dueño del imperio Televisa. Los asistentes rieron. Azcárraga Milmo ya era considerado por la revista Forbes como el hombre más rico de América Latina. Aún Carlos Slim no se convertía en magnate global ni buscaba rivalizar con Televisa en el mercado audiovisual. Mucho menos El Tigre quería ingresar al mercado de las telecomunicaciones.

"Nuestro mercado en este País es muy claro: la clase media popular. La clase exquisita, muy respetable, puede leer libros o Proceso para ver qué dicen de Televisa... Estos pueden hacer muchas cosas que los diviertan, pero la clase modesta, que es una clase fabulosa y digna, no tiene otra manera de vivir o de tener acceso a la distracción más que la televisión", agregó Azcárraga.

Con una claridad típica de su estilo, El Tigre quitaba los velos de la retórica y confesaba lo que todo mundo sabía en este País y nadie se atrevía a decirlo: la televisión comercial es para enajenar ("divertir") a los jodidos. No pretende más que incorporar a los pobres a la sociedad de consumo. Y tampoco pretende sacarlos de esa condición. Mucho menos instruirlos.

Para Azcárraga Milmo, como para su padre Emilio Azcárraga Vidaurreta, y para su hijo Azcárraga Jean la televisión simplemente es un gran negocio: venderle espectáculo a los pobres y, a cambio, garantizarle al sistema la sumisión de los "jodidos" y el control político vía la información teledirigida.

"Somos soldados del PRI y del Presidente", dijo en otra de sus frases célebres el inigualable Tigre, famoso por sus desplantes, por su ímpetu de patriarca y sus lujos.

Han pasado 20 años de esa declaración. El Tigre falleció en 1997. Su hijo Emilio Azcárraga Jean prometió una apertura. El Gobierno de Salinas de Gortari vendió Imevisión para crear una "competencia", TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Y lejos de mejorar los contenidos televisivos, éstos han empeorado.

Ni siquiera las telenovelas han mejorado. Las audiencias extrañan aquellos melodramas de Verónica Castro. Y prefieren ahora las telenovelas colombianas, brasileñas o las de Argos, con un mínimo de coherencia y mejor calidad en su producción.

Si Azcárraga Milmo confesó que su televisión es para "jodidos", Salinas Pliego ha dado suficientes muestras para llevar este axioma a su máxima expresión. TV Azteca usa y abusa la ignorancia prevaleciente en los televidentes. Ha hecho de la estridencia y el mal gusto un gran mercado. Es la vitrina para enganchar a los "más jodidos" en sus tiendas Elektra, en su banco Azteca, en sus malas réplicas de los productos de Televisa.

Primera lección: la competencia en televisión abierta no es garantía de mejorar contenidos.

Por el contrario, sí prevalece el modelo de una televisión hipercomercializada, orientada sólo al entretenimiento de baja calidad, bajo costo y alta ganancia, el espejismo del rating es sólo una justificación para la vulgaridad.

Una y otra vez, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean justifican la pésima calidad de la televisión mexicana, argumentando que eso es lo que "la gente quiere ver".

"Si no están de acuerdo, cambien de canal", han afirmado. Con esto confirman el menosprecio a los más elementales derechos de las audiencias, es decir, a contenidos dignos, diversos, de entretenimiento, información y publicidad que no hagan trampas con tal de mantener a los televidentes, a los actores y a los productores a expensas de los mercaderes del espectro.

Segunda lección: la dictadura del rating no puede ser el único criterio para medir el éxito o el futuro de una industria. Mucho menos en la era de los cambios digitales y la convergencia.

Han pasado 20 años de aquel discurso de Azcárraga Milmo y los legisladores vuelven a analizar una reforma muy ambiciosa en radiodifusión y telecomunicaciones. El 80 por ciento de la iniciativa presentada por el Pacto por México se dedica a regular un mercado de telecomunicaciones, dominado por Telmex-Telcel, y el 20 por ciento, a regular el mercado de televisión y radio, dominado por Televisa y TV Azteca.

De los criterios para mejorar los contenidos hay muy poco o casi nada. Se eliminó la obligación de que el Estado "garantizará el derecho a las audiencias" (en el artículo 6 constitucional). Se incluyó la prohibición a la publicidad integrada, pero ningún criterio para matizar la excesiva comercialización en la pantalla.

Es evidente que en la actualidad no se respeta la norma de que sólo el 20 por ciento de los contenidos deben ser publicitarios. La realidad es inversa: sólo el 20 por ciento de los contenidos no es venta, propaganda o publicidad inducida. La pantalla está plagada de infomerciales, de "productos milagro", de chabacanerías para bajar de peso, de astrología mala, de gritones que lo mismo pontifican de una crema de afeitar que de un partido de futbol.

Han pasado dos décadas y se cree que con dos o tres cadenas nacionales de televisión este medio entrará a la modernidad, según los criterios de la OCDE y las demandas de muchos especialistas.

Bienvenida esa competencia, pero si van a replicar el mismo modelo de Televisa sólo tendremos una reproducción al infinito de una televisión que ve clientes y no audiencias, que maltrata a sus actores y encumbra a los dóciles. Imaginemos los noticieros de seis cadenas repitiéndonos al unísono lo que el Gobierno federal quiere que se transmita. Imaginemos programas deportivos en los que cada cadena defienda a sus equipos de fútbol. Imaginemos a cada cadena vendiéndonos en todos sus programas sus ofertas de Internet, telefonía y video.

Una reforma que sólo privilegie la competencia convertirá a los contenidos convergentes (los de televisión, telefonía e Internet) en un gran supermercado. Se podrán eliminar monopolios económicos, pero no monopolios de opinión pública, y menos proponer un modelo distinto al de la "televisión para jodidos".

En este punto la reforma constitucional que se discute en el Congreso de la Unión no quiere entrarle. Nada que afecte el modelo único de televisión comercial. Nada que ofrezca un modelo de medios públicos (que no gubernamentales). Ni siquiera existe una definición de medios públicos en la iniciativa. Mucho menos la posibilidad de abrir el espectro a propuestas comunitarias, indígenas o universitarias.

¿Es esa la democratización de los medios?

Me temo mucho que no. Si acaso, es la proliferación de muchos bajo el mismo modelo que no incorpora el punto de vista y las necesidades de las audiencias.