Engordando la Constitución

Febrero/2014
Nexos

Héctor Fix-Fierro 

La Constitución de Querétaro de 1917 es una de las más longevas del mundo. La mayoría de las constituciones vigentes son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y buen número de ellas fueron expedidas después de la caída del Muro de Berlín en 1989. En América Latina todos los países de la región, salvo Costa Rica, México, Panamá y Uruguay han promulgado un nuevo texto constitucional después de 1978. La celebración del centenario de la Constitución mexicana en 2017 es un motivo para reflexionar tanto sobre su longevidad excepcional como sobre los problemas y dilemas que plantea el texto constitucional vigente.
Es verdad que México no ha expedido una nueva Constitución, pero en cierto modo contamos con un nuevo texto constitucional. El llamado Poder Constituyente Permanente ha estado muy activo: al día de hoy, el texto de la Constitución de 1917 se ha modificado 573 veces a través de 214 decretos de reforma.¹ Casi dos tercios de esas reformas son posteriores a 1982 y sólo en el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012) se publicó casi una quinta parte de todas las reformas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que tomó posesión el 1 de diciembre de 2012, también ha iniciado su mandato con varias iniciativas de reforma constitucional, de las cuales algunas ya están aprobadas y publicadas (educación, competencia económica, telecomunicaciones, energía) y otras más se hallan en proceso de aprobación por los estados (transparencia, elecciones).
Este estado de cosas suscita varias preguntas: ¿Por qué se reforma tanto la Constitución? ¿Qué consecuencias tienen tantos cambios? ¿Necesitamos una nueva Constitución o sólo reorganizar la que tenemos?
¿Por qué se reforma tanto la Constitución?
Se ha dicho que se reforma la Constitución porque se cree en ella y porque es un factor central de legitimidad para el ejercicio del poder. Hay por ello la necesidad de adaptarla a las condiciones de una sociedad que se ha modernizado de manera acelerada en los últimos cien años.² Ciertamente, ha habido muchas reformas innecesarias y hasta contraproducentes, pero los cambios de los últimos 30 años han tenido, en su mayoría, el propósito de moderar y reequilibrar el presidencialismo hegemónico que se consolidó desde los años treinta del siglo XX, así como el de introducir, a la vez, las principales instituciones del constitucionalismo contemporáneo.
Las peculiaridades de la “transición a la democracia”, que se ha logrado gracias a los acuerdos entre las principales fuerzas políticas, genera fuertes incentivos para que esos acuerdos puntuales se lleven íntegramente al texto constitucional, de manera que su reglamentación secundaria no quede en manos de uno solo de los partidos políticos o de una coalición de los mismos.³ Uno de los efectos visibles de este modo de proceder ha sido el carácter cada vez más extenso y reglamentario del texto constitucional.
Al día de hoy, el texto de la Constitución de Querétaro es 2.7 veces más extenso que el original de 1917, pues pasó de unas 22 mil palabras a 59 mil (y las reformas en camino harán crecer esta cifra nuevamente). Un buen ejemplo de este proceso de la creciente extensión es el del artículo 41. El Constituyente de Querétaro aprobó un texto de sólo 63 palabras. Hoy ese texto es 45 veces más extenso (casi tres mil palabras), pues contiene toda la reglamentación relativa al Instituto Federal Electoral, a la organización de las elecciones federales y a las prerrogativas de los partidos políticos nacionales, incluyendo el número de minutos de propaganda política en radio y televisión a que tienen derecho, dentro de los “tiempos del Estado”, durante las campañas electorales.
Cabe preguntarse si este ritmo de cambio y crecimiento del texto constitucional es excepcional o incluso patológico en un contexto comparado; quizá la respuesta deba ser no. El texto original de la Constitución brasileña de 1988 tenía una extensión aproximada de 40 mil palabras. Posteriormente, esa Constitución se ha reformado con bastante frecuencia: más de 70 decretos de reforma la llevan a alcanzar una extensión de unas 50 mil palabras. Las nuevas constituciones de Bolivia (2009), Colombia (1991), Ecuador (2008) y Venezuela (1999) —algunas ya también con reformas— son bastante extensas, con textos que oscilan entre las 35 y 45 mil palabras. Pero en el panorama mundial estos datos no son extremos. La Constitución de la India y la Constitución provisional de Sudáfrica rondaban las 100 mil palabras;⁴ la Constitución del estado de Louisiana, en Estados Unidos, llegó a tener unas 250 mil palabras antes de su reemplazo total en 1974.⁵
El incremento constante en la extensión del texto constitucional se ha traducido en verdaderas disposiciones reglamentarias. Son especialmente notorios, pero no únicos, los artículos 2 (derechos de los pueblos indígenas), 27 (dominio de la nación sobre los recursos naturales y propiedad agraria), 28 (competencia económica, banca central y telecomunicaciones), 41 (partidos políticos y procesos electorales), 79 (fiscalización de los recursos públicos), 99 (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), 107 (juicio de amparo), 115 (municipios), 116 (organización interna de las estados), 122 (régimen constitucional del Distrito Federal), 123 (derechos de los trabajadores) y 127 (remuneraciones de los servidores públicos). Muchos de estos artículos tienen el propósito de fijar programas de gobierno y políticas públicas y no solamente los lineamientos constitucionales esenciales de tales materias.
La dinámica de la reforma constitucional en México tiene consecuencias problemáticas y dignas de reflexión. La primera que se suscita es la del conocimiento de la Constitución, tanto por la población en general como por las elites gobernantes e intelectuales. Respecto de la población en general, contamos con encuestas de opinión que nos indican que cerca del 90% de los entrevistados considera que conoce “poco” o “nada” la Constitución.⁶
El desconocimiento de la Constitución obstaculiza también la identificación con ella como símbolo integrador de la comunidad. Podemos recordar aquí la idea de la “sociedad abierta de los intérpretes constitucionales”.⁷ Subyace a ella la noción de que el único documento jurídico común a todos los integrantes de una sociedad es la Constitución, lo cual los autoriza a opinar y participar en la vida constitucional. Sin embargo, muchos ciudadanos no lo perciben así. A la pregunta de si “los ciudadanos que no saben de leyes ¿deben o no deben opinar sobre los cambios a la Constitución?”, casi la mitad (42.1% en 2011) opinó que “no deben”, es decir, no sienten a la Constitución como “propia”.
Otra consecuencia es que un texto constitucional tan reglamentario obstaculiza la adopción de decisiones de política pública a través de la interpretación constitucional, tanto jurisprudencial como legislativa. Que las decisiones importantes queden plasmadas detalladamente en el texto constitucional implica reforzar la capacidad de veto de las minorías, al tiempo que se desalienta el funcionamiento normal de una democracia fundada en las decisiones de la mayoría. Aunque parezca paradójico, el mecanismo democrático del consenso y la negociación puede tener efectos antidemocráticos cuando se utiliza para restringir o bloquear decisiones mayoritarias a través del texto constitucional, pues si bien es sano que muchas decisiones colectivas sean fruto del acuerdo entre las fuerzas políticas, también lo es que éstas puedan diferenciarse en su oferta de gobierno, de modo que si el electorado les otorga una representación mayoritaria estén en condiciones de hacer realidad sus proyectos y someter sus resultados nuevamente al juicio de los ciudadanos. El debate público que se realizó en México con motivo de la “reforma petrolera” de 2008 constituye un buen ejemplo de la problemática apuntada.⁸
Hacia la renovación del texto constitucional
Llegados a este punto, ¿podemos o debemos hacer algo? La respuesta es sí. México no debe llegar a la celebración del centenario de su Constitución con el texto en las condiciones en que se encuentra ahora. Las opciones son dos.
En primer lugar, se ha debatido hace algunos años, y seguramente se volverá a discutir, la posibilidad de hacer una nueva Constitución para consumar el proceso de democratización. Por supuesto, mucho depende de qué se entienda por “nueva Constitución”. Si por tal se concibe el resultado de un proceso constituyente que reabriera temas como el modelo de Estado o de gobierno, o que tratara de resolver cuestiones para las cuales no hay consenso todavía, no hay duda de que la mayoría de los constitucionalistas mexicanos estaría en contra de tal opción y preferiría aceptar la dinámica actual de cambios puntuales como vía hacia una “nueva constitucionalidad”.⁹ Resulta significativo que ninguna de las principales fuerzas políticas del país esté proponiendo, en este momento, un proceso constituyente con vistas al centenario de 2017.
La segunda opción es renovar el texto constitucional. No se trata de una propuesta nueva ni original. Ya en 1998 Diego Valadés señalaba que “más que una nueva Constitución, cabría pensar en la utilidad de una revisión sistemática, una auténtica refundición, del texto vigente, para darle la unidad técnica y de estilo que ya perdió”.¹⁰ Tampoco faltan los ejemplos en el derecho comparado. Así, por ejemplo, Suiza promulgó en 1999 una nueva Constitución federal cuyo propósito principal fue actualizar el texto constitucional. Resulta ilustrativo de esta opción el mandato que el Parlamento impartió al gobierno federal suizo en 1987: “El Proyecto pondrá al día el Derecho constitucional vigente, escrito y no escrito, lo presentará de manera comprensible, lo ordenará sistemáticamente y unificará el lenguaje y la densidad normativa de los preceptos individualizados”.¹¹
Para el caso de México la renovación implicaría dos procesos concomitantes: primero reordenar y luego reducir el texto constitucional. “Reordenar” significa organizarlo de tal manera que los artículos y disposiciones resultantes tengan mayor coherencia y uniformidad de contenido y estilo. “Reducir” quiere decir que es preciso reenviar las partes reglamentarias del texto a la legislación secundaria, para lo cual podría crearse una nueva categoría de leyes —las “leyes orgánicas constitucionales” o “leyes de desarrollo constitucional”— que fueran aprobadas por una mayoría calificada especial en el Congreso de la Unión y que impidiera su modificación sin un nivel importante de consenso entre las fuerzas políticas.¹²
Adicionalmente, debe pensarse en la conveniencia de diferenciar los procedimientos de reforma constitucional, distinguiendo la modificación puntual de la revisión parcial, para dar mayor racionalidad y orden a los cambios en el texto de la Constitución. También sería conveniente exigir que las iniciativas de reforma o adición que requirieran desarrollo a través de la legislación secundaria fueran acompañadas de los proyectos correspondientes, para evitar que las leyes de implementación de una reforma constitucional queden en suspenso, como ha sucedido con lamentable frecuencia en tiempos recientes.
El resultado debe ser el texto renovado de la misma Constitución de 1917; para ello es indispensable que conserve el número de artículos que tiene actualmente (136) y que sus artículos emblemáticos, como el 3, el 27, el 123 y el 130 conserven su materia y ubicación actuales, pero dentro de un conjunto ordenado de manera coherente, técnica y racional. La propuesta no incluye ninguna modificación en temas sustantivos y pendientes de resolución, pues ello depende de los consensos parciales que vayan logrando las fuerzas políticas. El hecho de que dichos temas hayan disminuido de manera importante en la agenda constitucional de los últimos años gracias a las reformas ya aprobadas aumenta, en principio, la probabilidad de lograr mayor estabilidad del texto en el futuro.
Por último, el texto renovado debería ser sometido a referéndum aprobatorio por parte de la ciudadanía, como una forma de restablecer el vínculo perdido entre ésta y su Constitución.
El factor de la cultura constitucional
La cultura constitucional de las elites y de la población favorece la dinámica actual de la reforma de la Constitución. Para las elites gobernantes la Constitución es una norma que debe establecer, de manera precisa y detallada, los principios y las políticas del Estado mexicano, incluso cuando no existen condiciones suficientes para su cumplimiento.¹³ Esto es una herencia del siglo XIX: la ley instituye primero, y regula después.¹⁴ Su propósito es diseñar el país al que se aspira, aceptando que puede tomar mucho tiempo hacerlo realidad. Aunque esta concepción corre el riesgo de caer en el “fetichismo constitucional”, es decir, en la idea de que basta incorporar un proyecto en el texto constitucional para que empiece a ser realidad, no hay duda de que ha tenido importantes consecuencias en el tiempo. Podría decirse que, desde el punto de vista de la historia constitucional, la irrealidad de ayer se ha convertido, paulatinamente, en la realidad de hoy. Las “batallas constitucionales” de ayer (régimen republicano, federalismo, separación entre Iglesia y Estado, equilibrio de poderes) se han ganado sustancialmente hoy, aunque todavía haya escaramuzas en los márgenes. Ante este éxito relativo cabe esperar que continúe la tendencia hacia la elaboración de textos constitucionales detallados y extensos que prefiguren los resultados sociales que la norma debe producir, así como su reforma frecuente cuando dichos resultados no se alcancen o sean insatisfactorios.
Por lo que se refiere a la población, sus expectativas y demandas también alimentan la máquina de la reforma constitucional. Aunque formalmente el pueblo no ha tenido hasta ahora participación directa en el procedimiento de reforma constitucional, sus expectativas pueden constituir una presión difusa, pero efectiva, para que continúe el proceso de cambios al texto de la Constitución. De acuerdo con las encuestas ya citadas, buena parte de los ciudadanos piensa que la Constitución actual ya no satisface las necesidades del país, por lo que es necesario reformarla o incluso realizar un Congreso Constituyente. Así, entre 2003 y 2011 aumenta de 42.1% a 56.5% el número de quienes contestan que la Constitución actual “ya no responde a las necesidades del país”, disminuye de 40.1% a 22.5% el de quienes opinan que “hay que dejarla como está”, y aumenta de 22% a 50.1% el número de quienes proponen “cambiarla sólo en parte”. Sin embargo, a pregunta expresa, planteada en 2011, de “¿se debería o no se debería convocar a un Congreso Constituyente (para hacer una nueva Constitución)?”, 47.2% respondió que “sí”, y otro 24.6% que “sí, en parte”, es decir, una mayoría muy importante parece estar a favor de una nueva Constitución.
La cultura constitucional así delineada no constituye un impedimento infranqueable para una propuesta como la que se esboza en este ensayo, pero sí significa que será difícil convencer, a los grupos gobernantes y al pueblo de la necesidad de renovar el texto constitucional actual, así como de modificar y moderar el ritmo de los cambios constitucionales. A tres años del centenario de la Constitución de 1917 tal propuesta implica quizá la única posibilidad de mantener el legado de la tradición constitucional mexicana, de fortalecer las indudables aportaciones de la Constitución de Querétaro a la estabilidad y continuidad institucional del país, y de recuperar el orgullo y la identidad que el pueblo mexicano puede y debe encontrar en su centenaria Constitución.


¹ Reformas al 15 de enero de 2014. Contabilizamos como un cambio la modificación o las modificaciones (reforma o adición) a un artículo constitucional en un decreto de reforma. Es la misma contabilidad que emplea la página web de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: http://www.diputados.gob.mx. Véase un análisis cuantitativo reciente y más completo de la dinámica de la reforma constitucional en Amparo Casar, María, “El fetichismo constitucional”, nexos, México, febrero de 2013.
² Véase, por ejemplo, Valadés, Diego, La Constitución reformada, UNAM, México, 1987, p. 19; Carpizo, Jorge, “México: ¿hacia una nueva Constitución?”, en Hacia una nueva constitucionalidad, UNAM, México, 1999, p. 86.
³ Salazar Ugarte, Pedro, “Sobre la democracia constitucional en México (pistas para arqueólogos)”, en Política y derecho. Derechos y garantías. Cinco ensayos latinoamericanos, Fontamara, México, 2013, p. 99.
⁴ Casar, María Amparo e Ignacio Marván, Pluralismo y reformas constitucionales en México, 1997-2012, CIDE, México, 2012 (División de Estudios Políticos, Documento de Trabajo núm. 247), pp. 2 y ss.; sobre la extensión de la Constitución provisional de Sudáfrica (1993), Schauer, Frederick, “Constitutional Invocations”, Fordham Law Review, vol. 65, 1997, p. 1295.
⁵ Tarr, G. Alan, Comprendiendo las constituciones estatales (trad. de Daniel A. Barceló Rojas), UNAM, México 2009, pp. 13 y ss.
⁶ En México se han realizado hasta la fecha dos encuestas nacionales sobre cultura constitucional, en 2003 y 2011. Véase Concha, Cantú, Hugo A., Héctor Fix-Fierro, Julia Flores y Diego Valadés, Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores, UNAM, México, 2004. Los resultados de la segunda encuesta pueden consultarse en http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/ opinion/EncuestaConstitucion/. Las dos encuestas son similares y comparables en muchas de sus preguntas.
⁷ Häberle, Peter, El Estado constitucional, UNAM, México, 2001, passim.
⁸ Véase el resumen del debate en Cárdenas Gracia, Jaime, En defensa del petróleo, UNAM, México, 2009, pp. 123 y ss., particularmente en pp. 135 y ss.
⁹ Véanse los trabajos reunidos en Hacia una nueva constitucionalidad, México, UNAM, 1999.
¹⁰ Valadés, Diego, El control del poder, UNAM, México, 1998, p. 410.
¹¹ Koller, Heinrich y Giovanni Biaggini, “La nueva Constitución federal suiza. Una visión general de las novedades y los aspectos más destacados”, Teoría y realidad constitucional, núms. 10-11, Madrid, 2002-2003, p. 612.
¹² Fix-Zamudio, Héctor, “Hacia una nueva constitucionalidad. Necesidad de perfeccionar la reforma constitucional en el derecho mexicano. Las leyes orgánicas”, en Hacia una nueva constitucionalidad, cit., pp. 191-228. Un estudio más amplio es el de Sepúlveda, Ricardo, Las leyes orgánicas constitucionales: el inicio de una nueva constitucionalidad en México, UNAM-Porrúa, México, 2006.
¹³ La cultura constitucional de las elites gobernantes responde, claramente, al modelo que Michel Troper denomina la “Constitución como norma”. Véase Troper, Michel, “La máquina y la norma. Dos modelos de Constitución”, Doxa, vol. 22, Alicante, 1999, pp. 331-347.
¹⁴ López Ayllón, Sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los signficados sociales del derecho en México. La encrucijada entre tradición y modernidad, UNAM, México, 1997, cap. V.

El misterio de la globalización

19/Enero/2014
La Jornada

Néstor de Buen

No cabe duda de que el derecho del trabajo está pasando por un mal momento.

La reforma última a la Ley Federal del Trabajo ha cambiado las valoraciones que los especialistas nos hacíamos tratando de confirmar la condición tutelar de las normas de esa norma en favor de los trabajadores, que ya no existe.
La temporalidad de los contratos de trabajo, los contratos a prueba o para capacitación que pueden terminar por decisión de los patrones, previa autorización de una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento que por formar parte del sindicato y habida cuenta de la complicidad con los patrones de los sindicatos corporativos, será muy fácil de obtener.
Además, el outsourcing y la limitación a un año de los salarios caídos en caso de despido injustificado, entre otras cosas, han acabado con esa idea tutelar que ahora protege a los empresarios, sin olvidar que se mantiene el control de los sindicatos por el Estado mediante los registros y de las tomas de nota de sus directivas y que siguen en vigor las juntas de conciliación y arbitraje, cuya composición tripartita ha resultado tan negativa.
Es evidente que la reforma fue obra de gobierno panista de Felipe Calderón a través de la Secretaría del Trabajo y con el apoyo de la Coparmex, pero me he preguntado si habrá habido algún apoyo en reglas externas de suficiente fuerza para obligar a construir un derecho laboral de esas características.
Me parece que he encontrado la respuesta en una palabra, ahora de moda, en el mundo laboral: globalización. Ello supone que México no se ha sustraído de esa tendencia que consiste, en lo esencial, en invertir el orden de las cosas y anteponer, a los intereses de los trabajadores, el de las empresas.
Con motivo de la preparación de mi trabajo para el libro colectivo que publicará La Patota –obra de nueve laboralistas iberoamericanos que hemos publicado seis o siete libros antes de ahora, con el apoyo de Editorial Porrúa, con el tema central del destino inmediato del derecho del trabajo–, me encontré con el tema de la globalización, cuyos orígenes pueden encontrarse en algún discurso nada menos que de Margaret Thatcher, quien en algún momento afirmó que el Estado de Bienestar es un Estado niñera, sofocador de las libertades y restrictivo de la capacidad de escoger de los individuos y por lo tanto de las libertades individuales y del desarrollo económico y social.
Desde otra perspectiva, el mundo intenta, y lo está consiguiendo, que se produzca en países de muy escaso nivel laboral para que allí se instalen empresas de gran capacidad económica. Por ejemplo, en México, que fabriquen esos productos y posteriormente los exporten a otros mercados con precios mucho mayores, tal vez a empresas constituidas por ellas mismas en países desarrollados, obteniendo con ello un beneficio mayor. Eso juega con costos de importación adecuados, si no es que con el apoyo ocasional –o permanente– de contrabandos consentidos que abaratan aún más el producto.
Los países productores tienen la gracia de provocar empleo, pero en niveles intrascendentes, sin que les toque parte del beneficio final. México y las empresas en la frontera con Estados Unidos sirven a esos fines.
Pero, ¿como surgen esas empresas locales de mano de obra barata? Aparentemente, la fórmula ha sido recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sin compromisos formales (por ejemplo, tratados internacionales) que pondrían en evidencia las maniobras y a los países del Tercer Mundo responsables de los arreglos.
Debo suponer que el cuerpo diplomático es el instrumento adecuado que no tiene que recurrir a la celebración de tratados, que en el caso de México tendrían que apoyarse en la fracción X del artículo 89 constitucional. Basta, por supuesto, con el compromiso verbal.
Es más que probable que este sistema violente lo que acordamos con Canadá y Estados Unidos al celebrar el Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo de Cooperación Laboral, pero no tengo la impresión de que les hayamos hecho mucho caso.
De esa manera, el derecho del trabajo se supedita a las conveniencias económicas del imperialismo, desapareciendo las ideas sociales.
Por supuesto que hay culpables. Todos sabemos quiénes son.

Amas de casa vs economistas

10/Enero/2014
Noroeste

Lydia Cacho

Hace muchos años duran­te una crisis económica en los años 80, mi ma­dre dijo, regresando del mercado, que los estúpidos econo­mistas que opinaban en los periódi­cos sobre el alza de precios y cómo ésta no era tan significativa como algunos decían, debían convertirse en amos de casa para un hogar pro­medio durante seis meses. Sí, asegu­raba mi progenitora (psicóloga de profesión y ama de casa, cocinera) a ver cuánto les duraba la sonrisa a esos especialistas cuando tuvieran que comprar alimentos para familias de seis u ocho miembros.

Y nada de superfluos, puros in­dispensables para una buena nutri­ción: frutas, verduras, leguminosas, carne o pescado al menos tres veces a la semana, pan, tortilla, huevos, leche. Además, claro, los más bara­tos artículos de limpieza del hogar. Luego los útiles escolares mínimos y los uniformes, la luz, el gas, el agua.

Claro, pienso regresando de ha­blar con las mujeres en la verdule­ría, esos economistas que estudia­ron en el ITAM en su vida se han metido a regatear a un mercado o a la central de abastos, démosle el beneficio de la duda a algunos que por hobby cocinan el fin de sema­na y se van al mercado de Jamaica o a la Deli a comprar corazón de atún fresco a casi 200 pesos el kilo, o mejillones, langostinos o callo de hacha que no bajan de 300 pesos. Desde su cotidiano, los números no reflejan la vida real de los otros.

Cuando comenzó la discusión de la reforma hacendaria, leí y es­cuché con azoro a varios economis­tas (incluso en este mismo diario), asegurando que la clase media no sufriría tanto, en realidad, según los expertos sufrirían más quienes ganan más. Les recomiendo que sal­gan a las calles de México y hagan un ejercicio de investigación de campo.

Quienes vivimos en Quintana Roo debemos pagar más por todos los alimentos frescos, estamos lejos de prácticamente todos los produc­tores de hortalizas, frutas y ver­duras. La cebolla llega desde Chi­huahua o Guanajuato, el chayote de Jalisco o Veracruz; los chiles de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, la papa de Coahuila, el pepino de Sinaloa y Zacatecas y así sucesi­vamente. En septiembre de 2013 la Sagarpa admitió que el aumento, en promedio del 25 por ciento en frutas y verduras, se debía a los huracanes inundaciones e imposibilidad para transportarlos al mismo costo a to­do el País. Sólo para darles una pro­badita, la cebolla pasó de 9 pesos a 11, a 13 a fin de año y ahora a 15 pesos. Los lácteos subieron un 5 por cien­to según las fuentes oficiales, pero según los transportistas a quienes les han subido la gasolina y el diésel hasta llegar a ser más caro que en Estados Unidos, los proveedores y compradores deben pagar más por mover el producto; y tienen razón.

Quien no vive en zona fronte­riza no comprende el duro golpe que significa, para las economías familiares, el aumento del IVA que subrepticiamente pasó del 11 al 16 por ciento: el efecto dominó pasa por el frijol, el arroz, el huevo, los útiles escolares, el transporte, los salarios y el cuidado de la salud.

Claro, no faltará el analista que me diga ¡pero si aumentó el salario mínimo!. Sí, le responderé que au­mentó 2.52 pesos ¡tremendo subidón! en la Zona B a la que pertenecen la mitad de los estados, entre los que está Quintana Roo el salario mínimo quedó en $63.77 y el la zona A, donde está Jalisco, Baja California y el Dis­trito Federal entre otros, quedó en $67.2 pesos diarios. Un detallito para quienes opinan desde el escritorio: quienes ganan más de dos salarios mínimos no verán incremento en sus sueldos pero sí pagarán más por bie­nes y servicios. Especialmente ahora, cuando las y los empresarios comen­zaron a hacer recortes y dejarán de pagar los bonos y sobresueldos (que fueron ganados por los sindicatos).

A cambio muchas empresas seguirán la tendencia de subcon­tratar las pagadoras, con contratos diferidos y a corto plazo que impi­den a las y los trabajadores defen­der sus derechos laborales. Claro cuando se está sobreviviendo uno pone prioridades, hoy un gasoli­nero, un reportero, una cajera de supermercado y una trabajadora social luchan por sobrevivir. Como no soy economista pero sí ama de casa (además de periodista) allí les va un baño de pueblo a los econo­mistas de escritorio:

SALARIO (2014) ZONA A ZONAB

Chofer de carga $100.35 $95.20

Empleada/cajera $85.5 $80.23

Trabajadora social $110.91 $105.5

Reportero/a $201.58 $190.77

Ya sabemos por experiencia que no todo sube en la misma propor­ción; la gasolina incrementa el costo de transporte, en los estados en que las y los empleados viajan por ca­rretera para ir a su trabajo, ya sea en combis o en autobús (especialmente en zonas turísticas y de maquilado­ras) el trasporte subió entre un 25 y un 30 por ciento. Un kilo de manzana estaba en 25 pesos en octubre, hoy costó 39 en una verdulería del mer­cado. El tomate verde aumentó en la realidad de 8.50 a 12 pesos, el limón de 6.32 subió a 19 pesos; las lentejas remontaron lo doble y sígale hasta llenar la despensa.

La realidad en las calles de Mé­xico es que las y los trabajadores deberán buscar un segundo o tercer trabajo para mantener a sus fami­lias, para ir a laborar, para pagar sus créditos del Infonavit. Ahora más que nunca los prestamistas disfrazados de bancos populares se enriquecerán a costa de las y los mexicanos; los supermercados con­vencerán a la gente a pagar a plazos con tarjetas crediticias propias cu­yos intereses son insultantes; las pymes comenzarán a cerrar.

La gente quedará más endeudada, pagará más impuestos, trabajará más. A cambio tendrá menos calidad de vida, menos seguridad laboral, menos tiempo para criar a sus hijos e hijas. Pero claro, los expertos nos dirán que las reformas eran necesarias, de allí que las y los diputados ganen millones en sueldos y prestaciones (cubrieron sus necesidades a costa de las de mi­llones). Mientras el campo sigue pa­ralizado, sin producir lo necesario y las grandes empresas como Televisa deducen cantidades ingentes de di­nero, enfrentaremos la cuesta de 2014 que apenas comienza en enero.

Aquí el enlace si quiere ver los salarios de 2014 para su entidad: http://www.conasami.gob.mx/nvos_sal_2014.html

Ojo: estás en la lista

13/Diciembre/2013
Noroeste

Lydia Cacho

Una pareja está terminando su relación por vía telefónica. El evento es de por sí doloroso. El empresario le reclama el abandono emocional, ella le dice que hace rato que él dejó de hacerle el amor, pero la cela y la persigue como un terrorista. Del otro lado del teléfono el Cisen graba su llamada gracias los sofisticados sistemas de monitoreo de llamadas telefónicas celulares y de líneas fijas, en que debido a ciertas palabras detectadas por las computadoras, las llamadas son grabadas y guardadas en el sistema con los nombres completos de ambas personas, su dirección y sus número telefónicos. Han quedado en una lista.

Un académico envía por correo electrónico un ensayo para una revista. En él su autor, doctor en ciencias políticas, lleva a cabo una análisis de por qué no se combate el tráfico de armas hacia México. Su ensayo llega a las computadoras del Cisen y a las de la Embajada estadounidense en México. Dependiendo del nivel de crítica, conocimiento e información delicada del documento, éste quedará archivado con todos los datos personales del autor como alguien a quien vigilar. Ha quedado en una lista.

Un domingo mando mi columna a los periódicos en que publico el lunes, pero antes de que reciba respuesta de los editores, el Gobernador a quien evidencia mi texto ya recibió la columna. Su sistema de espionaje detecta textos de ciertos periodistas que mencionen su nombre. Archiva la IP, intervienen el correo electrónico de ciertos periódicos y sus hackers envían huéspedes que dentro de la computadora de la o el periodista, intentarán bajar los archivos que puedan revelar las fuentes. Escanearán ilegalmente el celular para saber con quienes han hablado en la última semana. El informe que le entrega al Gobernador es detallado.

El acto es ilegal, pero eso a la Segob no le interesa. Miles de periodistas en el País hemos aprendido a comunicarnos con las fuentes de tal manera que podamos protegerlas. Algunos gobernadores con sus redes de cibepriistas, comparten información sobre periodistas con sus colegas. Hace unas semanas este sitio Sinembargo.Mx detectó un intento de desactivación perpetrado por un experto desde Quintana Roo. Todos estamos en una lista.

Una oncóloga está trabajando en los expedientes de sus pacientes, entre ellos están algunos personajes públicos, de pronto su computadora comienza a alentarse, parece fallar, intenta resetearla, le pide que ponga sus claves de seguridad, lo hace y en cinco minutos todos los expedientes médicos están en manos de una empresa de espionaje con absolutamente toda la información personal y familiar de cientos de pacientes que ahora están en una lista.

Miles de estudiantes, para hacer sus tareas, buscan en Google la manera en que funciona el narcomenudeo, en 24 horas sus nombres están en una lista negra que sigue a cada paso todas las búsquedas que hacen sus computadoras, tabletas y celulares.

Él está de viaje y la llama por Skype, están enamorados. Comparten sus emociones y comienzan a hablar del deseo, deciden participar en un momento íntimo que no lo es. Esa video llamada se convirtió en un video guardado en un servidor de espionaje y si alguien eventualmente tienen acceso a ese servidor el momento íntimo de una pareja quedará exhibido en Youtube.

Nuestros teléfonos, tanto celulares como fijos, así como toda comunicación por Internet, desde cartas de amor, hasta investigaciones, datos de terceros, fotografías personales, todo, está en manos del Estado, de corporaciones y, en muchos casos, de las autoridades estadounidenses. Hemos perdido nuestra privacidad de manera absoluta. Sí existen programas especializados para distraer a los espías, pero sólo un 5 por ciento de la población mundial utiliza estos programas. En el caso de periodistas, escritores y escritoras marcadas como "peligrosas", los sistemas implementados por al CIA en México encuentran siempre la manera de llegar.

El escritor Ian McEwan dijo hace unos días "El estado, por su naturaleza, siempre prefiere seguridad que libertad. Últimamente la tecnología ofrece algo que el Estado no puede resistir: la vigilancia masiva que dejaría sorprendido a Orwell".

Más de 500 autoras y autores de 81 países, reconocidos mundialmente, escribieron una carta para exigir se detenga la vigilancia masiva, revelada por Snowden y reconocida por el Gobierno estadounidense. Margaret Atwood, Don DeLillo, Orhan Pamuk, Julian Barnes, Martin Amis, JM Coetzee entre otros. Han exigido que las Naciones Unidas creen una ley de derechos digitales que asegure la protección de los derechos civiles en la era de Internet.

Ya Apple, Google y Facebook han pedido que se respete la privacidad de sus usuarios; pero en esta carta, autores y autoras incluidos premios Nobel, han acusado a los gobiernos de diversos países de abusar sistemáticamente de sus poderes para llevar a cabo una vigilancia masiva de civiles que resulta antidemocrática. Lo cierto, dicen las escritoras, es que nuestros teléfonos celulares se han convertido en localizadores personales. No podemos hacer absolutamente nada, comprar, buscar información, escribir o comunicarnos, sin ser monitoreados.

Una de las autoras que ayudó a armar esta campaña dijo a The Guardian que no ha habido debates, no hemos votado, la sociedad no ha opinado sobre cómo nuestra información privada es utilizada y para qué propósito. En su documento las y los grandes escritores han dicho "Una persona bajo vigilancia ha perdido su libertad; una sociedad bajo vigilancia no es democrática. Nuestros derechos democráticos deben mantener su validez en los espacios reales y virtuales".

El problema es monumental, como ha dicho Snowden, no sólo son los gobiernos, sino las corporaciones quienes hacen mal uso de la información privada de millones de personas. Unos para controlar lo que decimos y pensamos, otros para manipular el comercio y la inducción mercantil. Cada vez más políticas lo usan para censurar por diversas vías.

Si hace unos años nos hubieran dicho que se había creado un sistema de espionaje para grabar nuestros teléfonos caseros, para bajar nuestras cuentas bancarias y estados de cuentas de tarjetas de créditos y que serían almacenados por empresas al servicio de los gobiernos, la revolución mundial no se habría tardado nada ¿Por qué ahora tan poca gente reacciona? Tal vez es porque muchos no entienden que es como cuando un ladrón entra en casa, abre todos los cajones, se lleva la ropa interior, las fotografías familiares, las chequeras y las cartas de amor. Así de sencillo, eso están haciendo con nuestras vidas. Además intervenir nuestros correos y evitar que la información salga a la luz, es como si el gobierno pusiera un policía afuera de cada casa y cada vez que queremos decir la verdad o disentir, nos soltaran una bofetada para acallar nuestras palabras.

El político y el científico

7/Diciembre/2013
Confabulario

Jorge Islas

Debemos de agradecer a Maquiavelo… que escribió lo que los hombres hacen, no lo que deberían de hacer.

Francis Bacon

Max Weber tenía razón: es casi imposible hacer compatibles las virtudes y acciones del político y del científico, del hombre que lleva una vida activa con el que lleva una vida contemplativa, entre otros factores por lo que cada uno está o no dispuesto a hacer de acuerdo con sus capacidades, intereses, vocaciones y principios de comportamiento ético. Claro está que toda regla tiene excepciones, como fue el caso de Cicerón, Marco Aurelio y Bacon, estadistas y también hombres de ciencia, con una vida inclinada al esfuerzo de la investigación y la reflexión intelectual. Pero la excepción mayor en justicia, creo que se le debe de reconocer a Nicolás Maquiavelo, quien desempeñó una intensa actividad política por 15 años ininterrumpidos y posteriormente una vida dedicada a la contemplación rigurosa de los asuntos públicos. En este caso, y a diferencia de los grandes pensadores de la época grecolatina, es a Maquiavelo por El Príncipe a quien debemos la primera aportación por haber establecido leyes para observar y entender las acciones y consecuencias de la política como una realidad y no necesariamente como un ideal. También lo debemos reconocer como el creador de una ciencia y un método de investigación para comprender la naturaleza del hombre frente al poder. Maquiavelo es sin duda el padre de la ciencia política moderna y el pionero que sentó las bases del método inductivo como el medio que crea conocimientos a partir de la evidencia empírica, por la experiencia probada y comparada de las cosas.

Lamentablemente Maquiavelo ha sido mal interpretado y señalado como un maestro del mal y la perversidad humana, por haber osado iniciar una forma de observar, describir y prever el comportamiento del hombre en sus ambiciones y pasiones frente al poder. En algunos casos tenemos críticas ingenuas, cargadas de ignorancia y simpleza. Son señalamientos que se caen por sí mismos. En algunos otros, hay críticas que buscaron lastimar el prestigio y el nombre de Maquiavelo, más que controvertir las premisas y conclusiones de su famoso libro. El que fuera segundo canciller en Florencia advirtió sobre las reacciones que habrían de generarse por sus libros y su nuevo método (Discursos, prólogo), producto de las envidias naturales del hombre. Y creo que fueron precisamente estas últimas las causas que han detonado una propaganda inercial contra una de las mentes más inteligentes que haya dado el Renacimiento para la posteridad de las ciencias sociales.

El Príncipe es producto de la experiencia de 15 años de trabajo directo en la política práctica; son 15 años que demuestran que Maquiavelo no la pasó jugando ni durmiendo (carta de Maquiavelo a Francesco Vettori del 10 de diciembre de 1513); sin embargo, la estructura, el método, la prosa inteligente y razonada son producto de su formación humanista, educación que recibió de los clásicos grecolatinos, incluido el espíritu de las virtudes públicas, el paganismo cívico de la antigua polis griega y la antigua civitas romana. Es gracias a los relatos e ideas de Herodoto, Platón, Aristóteles, Tácito, Tito Livio, Suetonio, entre otros autores mayores, a los que Maquiavelo entiende el sentido y el valor del poder para servir y mejorar el estado de las cosas en una sociedad. Entendió que determinadas leyes, instituciones y acciones combinadas con ciertos principios hacen la diferencia entre tener Estados fuertes y autosuficientes o Estados divididos y muy vulnerables frente al exterior. Entendió que los valores religiosos, sin duda importantes para la civilización, no eran los mejores para incidir en la conformación de una sociedad política libre, que se debía guiar por un arreglo institucional racional y equilibrado, antes que por costumbres y actos de fe.

En este contexto es en el que debemos entender a un Maquiavelo realista e idealista que crea reglas para dotar de autonomía a la política, de la ética, la moral y la religión. Reglas que tienen el propósito fundamental de arropar a un príncipe nuevo lleno de virtud, para que se convierta en el redentor de Italia, para unificarla y defenderla de cualquier invasión militar e intervención política sobre los asuntos estrictamente seculares. Es así como se explica la crudeza y rudeza con la que Maquiavelo invita al nuevo Príncipe a no ser bueno, a estar preparado para hacer el mal si fuese necesario, más cuando esté de por medio una causa superior que redunde en la defensa y seguridad de su Estado. Este es uno de los temas que mayor polémica, incomprensión e imprecisión ha generado. No es Maquiavelo un apologista del crimen; es un realista en los asuntos del Estado, que advertía cómo evitar la ruina de un gobernante, si éste por algún momento tenía un lapsus de inocencia.

Para Maquiavelo, humanista, político y científico de la política, el Estado como palabra y como fin tenía un significado mayor por su capacidad para transformar positivamente la realidad de los países en desgracia. Por ello, despreciaba el poder por el poder, al que identificaba como poder sin gloria, al poder egoísta que ejercían personas mediocres que se rodeaban de gente mediocre y que gobernaban por medio de la fuerza ilegítima o la fortuna, sin que supieran impulsar el desarrollo y la estabilidad en sus comunidades. Igualmente censuraba a los gobernantes frívolos, pusilánimes e irresolutos. En cambio, admiraba a los líderes que en el pasado y en su presente promovieron con sagacidad y determinación grandes reformas o bien emprendieron acciones notables en favor de sus pueblos y gobiernos. Reconocía como virtud política el valor de iniciar acciones que ofrecieran soluciones, no justificaciones para vencer resistencias y obstáculos que limitaran el fortalecimiento del Estado.

Leer El Príncipe a 500 años de que fue escrito nos recuerda que muchas de sus reglas (capítulos XV al XXV) siguen vigentes y en algunos casos son altamente recomendables, para que los actuales y futuros gobernantes tengan presente la importancia de pensar en la edificación de la buena política, la que trasciende y es observada, la que posibilita la conformación de sociedades plurales que viven con seguridad, igualdad y desarrollo, la que hace útil la acción política para consolidar un Estado que quiere y que busca ser libre, soberano y democrático.

No hay elogio para tanto nombre

7/Diciembre/2013
Confabulario

Leonardo Curzio

No hay elogio que iguale a un nombre tan sobresaliente como el de Maquiavelo. La vitalidad de su opúsculo El Príncipe es su salvoconducto para transitar medio milenio asombrando generaciones y generando encendidas polémicas. Al ilustre florentino debemos el tratado sobre el arte de gobernar más influyente en el pensamiento político de occidente.

Hace 500 años Francesco Vettori recibía una carta en la que describía las jornadas de Nicolás y, como de contrabando, se escurre la primicia que estaba llamada a marcar el antes y el después en la literatura política.  La obra de Maquiavelo fue una revolución con ondas expansivas seculares. No es que antes de 1513 no se supusiera que el ejercicio del poder político podía llevar a desplegar artes de seducción y engaño inconfesables en la intimidad. Para los lectores de Suetonio o Tácito no había motivo entonces de sonrojo, pero tampoco de sorpresa para cortesanos desprejuiciados el leer las páginas de El Príncipe. Y, sin embargo, desde los primeros años el escándalo rodeó la obra. Maquiavelo fue estigmatizado como el promotor de una doctrina infernal que llevaba al arte de gobierno a la antesala del averno. Pero, nadie sabe para quién trabaja. Es probable que sus críticos, tanto como sus méritos, ayudaran a cimentar el carácter legendario del personaje y su Príncipe.

Paradojas del destino. Para acrecentar su fama han colaborado (sin saberlo o sin quererlo) sus detractores. Hay una profusión de libelos “antimaquiavelo” que podrían integrar una biblioteca completa. La tradición crítica de la obra no es, por supuesto, lineal ni obedece tampoco a un único impulso. En el estudio introductorio de la obra de  Settala sobre la “razón de Estado” se identifican hacia finales del siglo XVI a 38 autores en Italia que habían discutido a Maquiavelo. Muchos han caído en el olvido pero contribuyeron con su soflama a engrandecer la obra. En España Baltasar Gracián lanzaba afiliados dardos sobre la obra del florentino. No fue el único; son legión los autores que lo diseccionaron y satanizaron desde la perspectiva católica.

La línea argumental de los tratadistas católicos se centraba en la  (para ellos) indisoluble vinculación entre la moral del Príncipe (y por lo tanto su salvación) y los fines del Estado, cuya permanencia exige prescindir de la esfera íntima del gobernante. El príncipe rige sus actos por la razón de Estado, es decir una especie de ecología moral propia de la política. Es curioso, por cierto, que el término “razón de Estado”, que rezuma maquiavelismo por todas partes (según el dicho de Meinecke), no fuera acuñado por el florentino sino por uno de sus críticos: Botero. Pero eso no es tema de este escrito.

En el campo protestante la obra del florentino tampoco fue recibida con fanfarrias. En 1576, Innocent Gentillet publicó su implacable Antimaquiavelo. La obra de Gentillet se convirtió en una suerte de best-seller. A principios del siglo XVII ya iba en la quinta edición y en 1608 fue traducida al inglés. A todo vapor contra Maquiavelo sus detractores contribuían con su estridencia a reforzar  su mitológica figura.

Además del trabajo de los estudiosos, filólogos e historiadores, la fascinación que ejerce el pequeño volumen entre los diletantes es hipnótica. La influencia que la obra ha tenido en el gran público es portentosa, tanto que además de estudiosos, admiradores y detractores, Don Nicolás tiene también una legión de deformadores. Al Príncipe lo usan como carcaj de donde sacan flechas para dar un toque arcano y zorruno a obrillas de estrategias de negocios o máximas para líderes desprejuiciados. Pero dejemos en paz a los deformadores y volvamos a quienes le ha enfrentado con más gallardía y han acrecentado su fama.

La gloria de El Príncipe no es sólo tributaria de los mandobles jesuitas o protestantes; debe también una buena parte a una crítica engendrada en el pensamiento ilustrado.  Voltaire impulsó a Federico II de Prusia a escribir su personal refutación de El Príncipe. Para el prusiano lo más polémico ya no gravitaba sobre la moralidad cristiana del rey. El argumento más capcioso del florentino es —según Federico/Voltaire— el dilema de ser amado o temido. Un príncipe cruel se expone más fácilmente a ser traicionado (argumentaba Federico) que un monarca amado por sus súbditos, pues la bondad nunca deja de ser amable para los pueblos. La obsesión de Federico por gobernar con rigor amoroso es la loable disposición anímica de un monarca joven, lleno de esperanza y optimismo. El ser más temido que amado hechiza al déspota ilustrado, tanto que intenta exorcizarlo en una ópera con tema mexicano que también debemos a su ingenio. El personaje Moctezuma de su famosa ópera proclama: “non vorrei del regno il freno, se con man troppo severa lo dovessi governar”. Ya en la madurez Federico reconocería la ingenuidad de Moctezuma y la razón que asistía al florentino. Amargo desengaño.

En tiempos más recientes autores del calibre de Isaiah Berlin o Paul Veyne han discutido la originalidad del hombre de la enigmática sonrisa. Maurizio Viroli ha ofrecido interpretaciones agudas para explicar su obra.  Antes lo hicieron Strauss o Maritain desde otras perspectivas. Los gobiernos constitucionales y el imperio de ley, es verdad, le han quitado en los últimos siglos las partes más polémicas al ejercicio del poder, pero no hay duda de que El Príncipe sigue siendo una lectura inspiradora y muy formativa.

Pocos hombres pueden aspirar a un epitafio (que da título a este artículo) tan esbelto y gratificador como el que sorprende a quien visita la tumba de Maquiavelo en la iglesia de la Santa Cruz. Pero pocos lo tienen tan merecido. La vigencia de El Príncipe estriba en su capacidad de deslumbrar sin que el olvido o el desuso la conviertan en carne de biblioteca antigua.

Lecciones de política con mayúsculas

7/Diciembre/2013
Confabulario

Jacqueline Peschard

Hoy que la política está tan desprestigiada, resulta pertinente releer El Príncipe a fin de rescatar el potencial constructivo y reparador que Nicolás Maquiavelo encuentra en la política.

Aún en los países que se han incorporado recientemente a la vida democrática como el nuestro, que durante años se esforzaron por contar con instituciones y actores políticos capaces de sustentarla, es evidente no sólo el desencanto sino el rechazo a la política y sus exponentes. Ello obedece, en buena medida, a que se confiaba en que, al surgir de procesos electorales libres y competidos, los gobiernos habrían de enfrentar eficazmente los grandes rezagos sociales y económicos.

La paradoja es que durante el proceso de transición a la democracia apostamos a la política, la fortaleza de sus instituciones y sus protagonistas, la capacidad de la negociación y el establecimiento de acuerdos para construir las reglas del juego necesarias para democratizar al país. Sin embargo, hoy, en la postransición, enfrentamos una crisis de la gobernanza democrática que es de naturaleza política y que revela la falta de liderazgo capaz de renovar la confianza en los alcances y la fortaleza de la política. De ahí que valga la pena recuperar a Maquiavelo quien, a decir de Hannah Arendt, buscó “restaurar la vieja dignidad de la política” (La condición humana,Paidós, Barcelona, 2005, p. 47).

Tal parece que el contexto actual se asemeja al de hace 500 años, cuando el autor florentino reflexionó sobre qué tipo de gobierno y de conductor del gobierno eran necesarios para acometer la tarea de la unificación de Italia y de su liberación del yugo extranjero. El ambiente estaba marcado por la corrupción que se expresaba en la práctica extendida del patronazgo y el favoritismo como fórmulas para obtener la lealtad de los gobernados. Dicho de otra manera, cuando la política ha caído en descrédito, hay que colocar en el centro del debate público cómo revalorar a la política.

Maquiavelo es una figura de la modernidad que se expresa en su concepción de la autonomía de la política respecto de la moral y la religión. Su idea de Estado marca un rompimiento con aquella de la Antigüedad y la Edad Media que lo concebían como atado a la totalidad orgánica de la existencia humana (Arnaldo Córdova, Sociedad y Estado en el mundo moderno, Grijalbo, México, 1976, p. 101). En sus escritos, la política se erige como una dimensión específica de la realidad social y por ello separable del resto de las actividades humanas. Su especificidad deriva de que la política tiene como referente propio la relación del hombre con el Estado.

Para el autor de El Príncipe, el actuar político tiene su ámbito, sus reglas y mecánicas propias que lo distinguen, particularmente de la religión, sus valores y propósitos. El Estado se erige en una entidad autónoma y, como dice Arendt: “el Estado es el término a favor de la secularidad, en contra de la Iglesia y el cristianismo” (“Una bitácora para leer a Maquiavelo”, en Metapolítica 23, mayo-junio, 2002, p. 23).

No es casual que a Maquiavelo se le identifique como el inventor de la ciencia política, entendida como una disciplina orientada al conocimiento de un ámbito de la realidad que busca comprender los hechos y el actuar políticos tal como efectivamente ocurren.

Pero, quizás lo más importante, es que Maquiavelo no se limita analizar los fenómenos, a partir como él mismo dijera en la dedicatoria de El Príncipe a Lorenzo de Médicis, del “conocimiento de la conducta de los mayores estadistas que han existido […] y de una lectura continua de los historiadores antiguos”, sino que busca siempre las mejores soluciones teóricas y prácticas para enfrentarlos. El estudio tiene el propósito no sólo de abonar al conocimiento de la realidad, sino de identificar la forma de operar sobre ella para transformarla. Maquiavelo teoriza con una metodología rigurosa, pero con el objeto de derivar de ahí las soluciones más adecuadas: conlleva la idea de compromiso con la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Pensar para actuar en política tiene en Maquiavelo un elemento de redención, pues su propósito es reformar el orden político (véase Maurizio Viroli, “500 años de El Príncipe. La herencia de Maquiavelo”, entrevista por Daniel Gascón, Letras Libres, octubre 2013). Y, aunque parezca contradictorio, el propio Meinecke, teórico de la razón de Estado, afirma: “la auténtica e íntima idea rectora de Maquiavelo es la regeneración de un pueblo hundido, su elevación a las virtudes y energías políticas, valiéndose para ello de la virtù de un soberano tiránico y de todos los medios dictados por la necessità” (“Momentos maquiavelianos”, en Metapolítica, ibid., p. 49).

La autonomización de la política se ha interpretado como la justificación para que los gobernantes adopten decisiones inmorales o crueles, motivadas por su afán de lograr que dure el Estado, fin último que deben perseguir. Diversos autores han señalado que se trata de un malentendido, ya que si bien Maquiavelo afirma que en ocasiones los “príncipes” se ven obligados a actuar inmoralmente, ello se debe a que por naturaleza los hombres están más inclinados al mal y que éste sólo puede ser contrarrestado por una autoridad capaz de “no darle ocasión a manifestarse” (Rafael Braun habla del pesimismo ontológico de Maquiavelo; véase “Reflexión política y pasión humana en el realismo de Maquiavelo”, en Biblioteca virtual de CLACSO, 2000, p. 83).

Su propósito de orientar con éxito la actuación en el campo político revela su afán por pensar de manera pragmática. Pero, cuando se le identifica con la expresión popular de “el fin justifica los medios”, lo que el autor plantea es la necesidad de tener en cuenta la realidad política y las fuerzas y recursos disponibles para actuar eficazmente o, si se quiere, lo que se justifica es en función de su eficacia, de lo que resulta adecuado para lograr el propósito que se persigue: los medios serán juzgados honorables sólo si son necesarios.

Al preguntarse cómo se conquista y se mantiene el poder, Maquiavelo responde que es con el consenso del pueblo, con la participación de los ciudadanos en la deliberación. De ahí su idea de la virtud cívica como inclinación necesaria para enfrentar la corrupción y la tiranía del poder. Al involucrar al ciudadano, revela sus convicciones en los principios republicanos, mostrando con ello la actualidad de su pensamiento.

El momento por el que atraviesa nuestro país, cuando la pluralidad ha sido incapaz de enfrentar eficazmente la desigualdad, la injusticia y, ahora también, la inseguridad, parece aconsejable releer y debatir a Maquiavelo; claro, si estamos convencidos del potencial civilizatorio de la política con mayúsculas.