La dentadura de la reforma

Mayo/2013
Letras Libres

Enrique Serna

Las reformas constitucionales no tienen poderes mágicos para cambiar la realidad, pues nadie puede garantizar su aplicación, menos aun cuando el texto de una nueva ley está lleno de vaguedades. Tal vez por eso la sociedad mexicana ha acogido la reforma a la ley de telecomunicaciones con una mezcla de indiferencia y escepticismo. La multiplicación de canales de televisión no significa necesariamente un entretenimiento más imaginativo, ni una información más veraz. Sin embargo, y a riesgo de incurrir en wishful thinking, creo que algunos preceptos de la nueva ley podrían contribuir a erradicar las peores lacras la televisión y la radio comercial, si los encargados de la legislación secundaria, todavía pendiente, dan pasos concretos para revertir su proceso degenerativo. El reto es convertir las buenas intenciones de la reforma en normas aplicables, no solo a las nuevas cadenas, sino a las que ya existen.
Según la propuesta de ley, “el congreso debe asegurar el derecho de las audiencias, que incluye entre otros el de acceder a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la difusión de información imparcial, objetiva y oportuna”. A juicio de los legisladores, el maltrato al espectador se debe a que en muchas ocasiones “las audiencias masivas de los medios no son consideradas como sujetos activos o interactivos, sino como un índice cuantitativo de comercialización. Bajo este esquema, las personas se reducen a una simple operación mercadológica, como puntos de rating”. En otras palabras, la ley define a la audiencia como un conglomerado de individuos y exige a los dueños y los operadores de los medios que dejen de tratarla como una masa embrutecida. Lo que ahora falta es precisar cómo se puede proteger al espectador de sus manipuladores, sin convertir al nuevo organismo regulador de la industria en un odioso censor del gusto mayoritario.
Ninguna institución pública puede atentar contra la libertad de expresión de las cadenas televisivas, ni es factible imponerles controles de calidad artesanal o de rigor profesional, pero los principales atentados contra la inteligencia de público son fraudes al consumidor que la Procuradoría Federal del Consumidor debería perseguir de oficio. Uno de los más nocivos es la inveterada costumbre de pergeñar refritos de telenovelas exitosas, con título distinto y mínimas variantes para actualizar los libretos. Si la imaginación de los productores se ha secado al extremo de tener que plagiarse a sí mismos eternamente, la ley debería refrescarles la imaginación, prohibiendo cambiar el título de la telenovela reciclada, pues la audiencia tiene derecho a saber que se le está ofreciendo la misma gata con un leve revolcón. Los supervisores de la Profeco, o los del nuevo instituto encargado de regular los medios, que forzosamente deben ser gente con experiencia en el medio, leerían previamente los libretos y las sinopsis de los argumentos para determinar si las televisoras tienen derecho o no a cambiar el título de un culebrón refriteado. Quizá esto obligaría a los productores a ofrecernos una mayor variedad temática, y a contratar escritores en vez de “costureras” que remiendan historias ajenas.
En materia informativa también hay normas que pueden aplicarse a rajatabla sin violar la libertad de expresión. El famoso montaje televisivo en el que Genero García Luna, entonces director de la afi, simuló detener in fraganti a la banda de secuestradores donde supuestamente militaba Florence Cassez, debería sentar un precedente para que en el futuro ningún periodista televisivo pueda prestarse a esta clase de patrañas. Los periodistas que incurran dolosamente en fraudes informativos, como lo hizo Carlos Loret de Mola, deben exponerse a una fuerte sanción económica o quedar inhabilitados de por vida para conducir noticieros. Por lo que se refiere a la programación radiofónica, la ley secundaria de la reforma también podría tener un efecto benéfico si castiga la sucia práctica de la “payola” (la machacona transmisión pagada de canciones que las disqueras quieren popularizar en la radio), un contubernio que daña gravemente el oído musical de la audiencia. El pueblo mexicano ha demostrado tener un gusto musical admirable, cuando los intereses comerciales no lo envilecen. Por desgracia, en las últimas décadas, la masificación del gusto ha dado al traste con uno de nuestros patrimonios culturales más importantes. Si la payola es multada con severidad, el público elegiría sin burdas coacciones la música de su agrado y, gracias a la difusión masiva de nuevos compositores, quizá recuperaríamos una mínima parte del gran prestigio internacional que alguna vez tuvo nuestra canción popular.
Las tres normas que propongo afectan, sin duda, los intereses de las mafias incrustadas en la producción televisiva, los noticieros y la industria del disco pero no perjudicarían a ninguna empresa con responsabilidad social. ...

Constitución y telecom

Mayo/2013
Letras Libres

Carlos Elizondo Mayer-Serra

 
Al momento de escribir estas líneas el Senado acaba de aprobar la reforma en telecomunicaciones que le había presentado la Cámara de Diputados. Se le regresa con cambios a los diputados quienes seguramente la apro- baran rápidamente. La reforma va en el sentido correcto. El presidente y el poder legislativo han legislado contra actores percibidos por décadas como muy poderosos.
Para disminuir la capacidad de presión y oposición de los actores afectados, el gobierno optó por presentar la reforma dentro del paraguas tripartito del Pacto por México y con mucha discreción y velocidad. En términos económicos no había urgencia por hacerlo así. No se estaba colapsando el sistema financiero, como lo vimos en Chipre recientemente. Preocupados los legisladores de que un proceso más largo y cuidadoso le hubiera dado a los afectados la oportunidad para diluirla, terminamos con una reforma mal calibrada.
Por sumar a tres partidos con visiones muy distintas del mundo, la reforma salió larga y complicada y, aunque el Senado limó algunos de sus peores excesos, sigue siendo un texto pesado y complejo de implementar. En la tradición mexicana de la desconfianza se incluyeron en la Constitución y en los transitorios detalles que no se encuentran en los textos constitucionales de otros países. Si alguno de estos detalles resulta inoperante, será muy difícil modificarlo. Nos podríamos quedar arrastrando nuestros errores por décadas, como lo hacemos en el sector petroquímico, donde se reservó al Estado la inversión en la llamada petroquímica básica, destruyendo la posibilidad de tener una industria integrada y eficiente. Habría sido mejor una reforma donde solo se pusieran en la Constitución los principios fundamentales y haber procesado en paralelo las reformas legales necesarias para fomentar la competencia.
La ruta elegida implica un largo trayecto para que la reforma tenga impacto en el consumidor. Se requiere ahora una ley reglamentaria que fusione las leyes de telecomunicaciones y las de radio y televisión, fundar los nuevos órganos reguladores, elegir a sus comisionados, emitir todo tipo de reglamentos y manuales de operación. Esto tomará muchos meses y en sus detalles se puede esconder el diablo y terminar con una reforma menos ambiciosa o muy difícil de operar, lo cual paradójicamente acabaría teniendo un efecto peor a haberse tardado más en su aprobación, al permitirles a las empresas dominantes seguirlo siendo.
Si bien la reforma pone todo tipo de límites temporales en los transitorios con el fin de acelerar su implementación, no hay sanción si se incumplen, y se trata de responsabilidades técnicamente complejas. Hay dos riesgos. Que se haga con prisa y mal, o que se tarden mucho más tiempo del esperado. Mientras dure la incertidumbre, habrá menos inversión, indispensable para detonar un mejor servicio y menores precios.
Hay muchos puntos equivocados. No es una buena idea determinar a una empresa como preponderante por su tamaño en el mercado (el cincuenta por ciento según un transitorio). La práctica usual es que a una empresa que ya esté operando (tema distinto es el caso de fusiones), se le impida seguir prácticas monopólicas. Esto es complicado de probar, por lo que se requieren órganos técnicos muy especializados y eficaces.
Si se pone el tamaño como criterio, se castiga al que crece, quizás porque hace bien su trabajo. Hoy para América Móvil y Telmex el incentivo será invertir poco. Ya tienen más del cincuenta por ciento del mercado (en cualquier medición) y pueden ser obligados a permitir el uso de su red a precios muy bajos o a desincorporar parte de sus activos. Para las empresas más pequeñas tampoco hay mucho incentivo a invertir: tienen la expectativa de que les permitan usar la red del grandote o comprar sus activos a precios de ganga.
La reforma incluye un cambio de fondo en la regulación de competencia en todos los sectores. No hay espacio para discutirlo, pero el principio de fijarse en el tamaño como criterio de prácticas monopólicas seguramente se hará extensivo a otros sectores, salvo el público donde se sigue tolerando a los monopolios.
La reforma crea un organismo en telecomunicaciones muy poderoso, que tiene la responsabilidad de administrar el sector, de regular, asignar frecuencias y determinar si se viola el principio de competencia. Esto último lo hacen las comisiones de competencia en la mayoría de los países de la ocde, dado que es un tema muy especializado y conviene tener una agencia que lo haga para la economía en su conjunto. Será además constitucionalmente autónomo. No habíamos creado instituciones autónomas para regular a los privados. Esto contempla retos de coordinación de políticas públicas, amén de que en el ánimo de evitar la gran cantidad de litigios en el sector que ha frenado todo intento de regulación –algo que es un cambio positivo– se dejaron pocos mecanismos de defensa contra las decisiones de estos poderosos comisionados. Aunque, por lo menos sí se abrieron espacios de defensa en algunos de los asuntos que verá la nueva comisión de competencia económica.
El Senado matizó la lógica estatista que le daba a Telecom la responsabilidad de desarrollar la red troncal que era de CFE y la banda de los 700 mhz. Está por verse cómo se aterriza en la ley reglamentaria la idea de una red pública, pero si se hace mal va a disuadir a los privados a invertir en un sector donde tendrán un competidor estatal subsidiado.
Toda decisión de un Congreso es un acto político. Pero los valores e intereses de los legisladores deben estar apoyados por las mejores prácticas internacionales para tener el mayor impacto positivo en los consumidores. Me parece que en este caso no hemos seguido las mejores prácticas en algunos de los temas nodales.
El objetivo de una reforma como esta debe ser ampliar la cobertura, mejorar la calidad, disminuir los precios e incrementar la oferta de contenidos audiovisuales. Para ello se va a requerir que la inversión en el sector aumente. ¿La ruta escogida es la mejor para alcanzar ese objetivo? Me parece que no. Espero estar equivocado. ~

Las causas de las causas

12/Mayo/2013
La Jornada

Néstor de Buen

Es más que evidente que la situación económica en que nos encontramos tiene como antecedente una seria disminución de la capacidad de compra de nuestro pueblo. Pero lo importante es seguirle la pista al problema para descubrir sus causas. Me temo que no es una cuestión difícil de desentrañar.

Se menciona que inclusive los bancos tienen problemas y eso provoca que su capacidad de otorgar créditos haya disminuido seriamente. Por otra parte se ha puesto de moda el atentado en contra de la propiedad privada, que tiene normalmente su origen en la concesión de hipotecas para que los interesados puedan adquirir bienes inmuebles. Esto normalmente no sucedía o sólo en un nivel mínimo, pero ahora parece que los acreedores, antiguos prestamistas, ya no tienen paciencia, seguramente porque les está fallando la recuperación de sus capitales, lo que se transforma en demandas ante los tribunales y con el lógico final del desalojo de los deudores. Por lo visto lo mismo pasa en España.
Los industriales, a su vez, se quejan de que han perdido mercado, lógica consecuencia de que lo que era antes una sociedad compradora y consumidora, carece de los recursos, lo que además se vincula a una inflación que encarece los productos: hoy leo en La Jornada declaraciones de Agustín Carstens a propósito de que hay una marcada moderación en el ritmo de crecimiento, exportaciones estancadas y debilidad en los indicadores del consumo, a lo que habría que agregar la noticia del aumento desmedido en el precio de los alimentos, fruta y verduras de manera especial.
Para colmo se han reducido las remesas de los mexicanos residentes (no muy legalmente, por cierto) en el extranjero.
Reconozco que mi especialidad laboral me hace atribuir algunas de las razones de esta situación a la falta de recursos de la población, infectada por un paro notable, salarios sin capacidad de compra, despidos frecuentes y, para acabarla de fastidiar, un futuro que no permite el optimismo a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, contraria a la estabilidad en el empleo, fundada en contratos temporales o a prueba y un Estado que más allá de cualquier declaración, actúa con plena conciencia en beneficio de los empresarios y montado en un corporativismo indecente, agrede a los sindicatos independientes en todas las ocasiones en que ello le es posible.
Ojala que esa agresión fuese en contra de los sindicatos corporativos de los cuales tenemos ejemplos de sobra y que, sin la menor duda, gozan de la protección estatal a través de los controles impuestos con violación de las normas internacionales (el Convenio 87 de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo) y alianzas subterráneas pero visibles con los que descaradamente se autodenominan líderes obreros.
Abunda, por otra parte, porque no hay más remedio, la economía informal, sin protección alguna para los trabajadores. Los salarios disminuyen y nuestras soluciones: salarios mínimos, sólo ponen de manifiesto el egoísmo estatal y de sus aliados los dirigentes obreros. No todos, por cierto.
En realidad la famosa reforma a la Ley Federal del Trabajo ha venido a complicar aún más las cosas, dadas las facilidades que presta para dar por terminadas las relaciones laborales, con muy escaso compromiso para los empresarios.
No parece que el problema se pueda resolver por vías pacíficas. El ejercicio del derecho de huelga debe recuperar su prestigio, sobre todo si se monta en una verdadera solidaridad de los integrantes de la clase trabajadora. Ha llegado el momento de buscar entendimientos de los sindicatos independientes con los trabajadores que hoy viven bajo la opresión de los patrones y de sus supuestos dirigentes sindicales. En el fondo se trata de reconstruir a la clase trabajadora para que tenga conciencia de sus posibilidades en caso de que decida no tolerar más salarios mínimos, contratos temporales, disminución de los salarios vencidos en un juicio y tribunales que no los apoyan.
Lo malo es que el cambio de gobierno no despierta muchas esperanzas.

Palabras prohibidas

Abril/2013
Letras Libres

José Ramón Cossío Díaz

En una de sus contribuciones a la columna “Contracara” del periódico poblano Intolerancia, Enrique Núñez Quiroz lanzó una fuerte crítica contra Armando Prida y Alejandro Manjarrez –el primero es dueño del diario Síntesis y el segundo periodista de ese mismo medio– en la que utilizó calificativos como “puñal” y “maricones”. Ofendido por esa columna, Prida promovió un juicio ordinario civil en contra de Núñez. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde la Primera Sala resolvió que las palabras “maricones” y “puñal” habían sido ofensivas y que la Constitución no reconocía el derecho al insulto. A partir de ahí, la mayoría de los ministros en esa Primera Sala dio un salto gigante: decidió que esas dos palabras eran expresiones homófobas y que, por tanto, constituían una categoría de los discursos de odio.
El criterio de la Primera Sala es importante y toca cuestiones fundamentales para un Estado liberal, en lo concerniente a los límites a la libertad de expresión. El punto de partida en esta materia es la presunción de que toda expresión se encuentra constitucionalmente protegida y de que solo ciertos extremos deben limitarse: la apología de la guerra o la pornografía infantil son buenos ejemplos de esto último. Sin embargo, la decisión de la Primera Sala no atendió debidamente el caso: introdujo una grave distorsión al entendimiento de una libertad fundamental, estableció un estándar vago y ambiguo que impone restricciones a la libertad de expresión y resulta contraproducente para la finalidad buscada. No protegió a quien pretendía y soslayó uno de los derechos fundamentales del orden liberal.
Ofender no es discriminar. El periodista insultado por la columna reclamó el respeto a su honor, no una discriminación por pertenecer a cierto grupo social. La decisión de la Sala terminó mezclando el estándar del insulto (las expresiones ofensivas) con el de la discriminación (el menosprecio hacia una categoría sexual).
El propósito de la nota de Núñez era señalar la sumisión que algunos periodistas han mostrado, según él, hacia el dueño de Síntesis. Estas afirmaciones no iban encaminadas a incitar ningún tipo de violencia en contra de la comunidad homosexual, sino a descalificar a los trabajadores del periódico. Estamos en este caso frente a dos medios de comunicación escrita en posición simétrica y con total capacidad de dar respuesta a las ofensas recibidas. En este contexto, las ofensas (des)califican más a quien las emite que a quien las recibe y resolver este tipo de diferendos en tribunales impide que sea la opinión pública la que debata y delibere a ese respecto.
Nadie duda que palabras como “maricón” y “puñal” tengan un efecto negativo. Sin embargo, es deseable combatir al pensamiento estereotípico mediante la confrontación de ideas y no proscribiendo determinadas palabras del diccionario. Por más atractivo que suene emitir un criterio sobre el discurso de odio y la homofobia, en este caso particular no estaban dadas las condiciones para decir que se utilizaron “expresiones homófobas”. Ambos medios decidieron comportarse de manera vulgar, pero en su guerra periodística no es posible advertir la incitación al odio por parte de nadie.
Al prohibir estas expresiones se quiso proteger en abstracto a la comunidad homosexual, aun cuando ni el empleo que hizo Núñez Quiroz de dichas palabras ni las razones del ofendido tuvieran vínculo alguno con la mencionada comunidad. Ello evidencia que, contrariamente a lo sostenido en la decisión, se terminaron prohibiendo las palabras mismas y no el uso que se hizo de ellas.
El compromiso de una sociedad democrática con la libertad de expresión no significa que todo deba dejarse a la autorregulación. En ocasiones es necesario nivelar el terreno para evitar que la libertad de unos vulnere la libertad de otros, máxime si alguno pretende, a través de esas expresiones, excluir de manera violenta a ciertos grupos sociales. Para un tribunal la supresión de ideas debiera ser el último recurso en aras de conseguir esta finalidad. La proscripción de palabras sin relación a su uso ni al contexto en el que se pronunciaron, debiera resultar prácticamente imposible.
Si bien no es ya aceptable sostener la tesis extrema del liberalismo clásico –que confiere una primacía absoluta a la libertad de expresión–, ello no implica que debamos renunciar a la presunción de que toda expresión se encuentre constitucionalmente protegida. La función de los tribunales, en particular el constitucional, no es erigirse en policías de las palabras, encargados de prohibir todas aquellas que pudieran lastimarnos, sino identificar los casos concretos en donde su uso debe proscribirse por generar odio, exclusión o violencia contra ciertas personas o colectivos. En todo lo que no queda en esos apretados límites, los tribunales deben dejar hablar con libertad a los ciudadanos. ~

_{Este artículo se basa en el voto particular que emitió el autor en el amparo directo en revisión 2808/2012. El autor agradece a Raúl Mejía Garza y Luz Helena Orozco su apoyo en la redacción de este documento.}

Vender las costas

30/Abril/2013
La Jornada

Pedro Miguel

El robo de Texas por Estados Unidos empezó con una colonización de ese territorio que luego, tras un alzamiento, fue declarado independiente por los propios colonos, como paso previo a su conversión en estado 28. La historia se repitió en California y el filibustero William Walker trató de replicarla, años después, en Baja California y Sonora, territorios en los que llegó a proclamar una República de Baja California. Otro intento secesionista apoyado por Estados Unidos tuvo lugar en los actuales estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde los opositores a Santa Anna intentaron fundaron una República del Río Grande. Por lo demás, a lo largo del siglo XIX y principios del XX el territorio nacional sufrió varias invasiones por vía marítima.

Con esos antecedentes no es de extrañar que el constituyente de 1917 plasmara la prohibición expresa de que extranjeros adquirieran tierras en propiedad en una franja de 100 kilómetros contada a partir de las fronteras terrestres, o de 50, a partir de las playas. Podría pensarse que la prohibición ya no tiene sentido, sobre todo si se considera que al menos desde 1988 Washington tiene en Los Pinos a aliados sumisos, lo que hace obsoleto un desembarco o un nuevo robo de territorio: los gobernantes del ciclo neoliberal viven ansiosos por entregar a las trasnacionales tierras, atribuciones y propiedades nacionales bajo la forma de concesiones mineras, industriales, maquiladoras y energéticas; si el régimen de Peña lograra su propósito de poner la industria petrolera en manos del capital privado, veríamos el retorno del control de enormes extensiones del país a manos de empresas concesionadas, foráneas o nacionales, tal y como ocurría hasta antes del 18 de marzo de 1938.
En la actualidad, sin embargo, hay una razón distinta a la de antaño, pero no menos sólida, para mantener esa prohibición que la mayoría de los partidos del régimen pretende anular mediante la reforma recientemente aprobada: la necesidad de preservar los entornos humanos, sociales y económicos de las regiones costeras.
No todo el mar mexicano es Vallarta o Cancún ni todas las costas están moduladas por la industria turística de gran escala. Los 169 municipios que colindan con la zona federal marítimo terrestre (zofemat, definida en el Art. 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, y que se considera propiedad inalienable de la nación) suman 21 por ciento del territorio nacional y en ellos se asienta 16 por ciento de la población (datos de 2005). Salvo en los grandes polos turísticos o portuarios, esa población padece una integración económica precaria y una gran porción de ella se encuentra, como en el resto del país, en condición de pobreza, independientemente de que ostente, o no, alguna forma de posesión de tierras.
Hasta ahora, la prohibición en el artículo 27 ha funcionado como dique para frenar, en alguna medida, la especulación mobiliaria internacional en las costas mexicanas. Los ricos nacionales que quieren casa en la playa ya la tienen y los ciudadanos extranjeros (como los estadunidenses que han comprado media Baja California) han debido recurrir a argucias legales –o ilegales– de diverso tipo. Pero la pretendida supresión del veto puede detonar una espiral de voracidad sobre zonas costeras, particularmente las económica, social y demográficamente deprimidas, mayormente situadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Ahora imaginen que el Senado ratifica la reforma constitucional mencionada y que, al día siguiente, los grandes consorcios turístico-inmobiliarios de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón, por ejemplo, desembarcan (literalmente) en las costas de México, provistos de capital y buenas conexiones político-administrativas, y se enfrentan a millones de pescadores, rentadores de palapas, fonderos o cooperativistas de granjas acuícolas, y les ofrecen unos cuantos miles de dólares a cambio de sus tierras: la capacidad de resistencia de los segundos sería, previsiblemente, muy pequeña. Tendríamos, entonces, una redición de la tragedia social que provocó el régimen de Salinas cuando, mediante otra modificación al 27, hizo posible la venta de tierras ejidales. Millones de vendedores, imposibilitados para transformar en capital el dinero que recibieron, se quedaron sin vivienda y sin medio de subsistencia y se fueron a engrosar las corrientes migratorias, los estamentos de la informalidad urbana o las filas de la delincuencia.
De otros asuntos: aguas con las provocaciones, especialmente en las movilizaciones previstas para mañana, 1º de mayo. Al régimen le urge encontrar pretextos para reprimir y criminalizar las luchas sociales.

Acerca de las reformas

21/Abril/2013
La Jornada

Arnaldo Córdova

Ningún gobierno puede existir si no es a base de reformas. Todo Estado, para consolidarse y desarrollar sus funciones requiere de reformas constantes o periódicas desde el instante mismo en que es instaurado. Las reformas son vitales para cambiar lo que no trabaja bien, para avanzar con mayor rapidez en la consecución de los objetivos de gobierno, para satisfacer eficazmente los reclamos y las demandas de la sociedad y, claro está, para fortalecer y desarrollar al Estado mismo. Ningún verdadero Estado puede permanecer inmóvil y sin cambios internos. No es, por ello, ninguna maravilla que haya un gobierno reformista. Lo notable es cuando no lo es o no se da.

Debe examinarse, desde luego, de qué tipo de reformas se trata, si son para avanzar o para retroceder, pues también reformando se retrocede cuando se busca reinstaurar el pasado. Una reforma que trate de limitar excesos en el reparto de la riqueza, por ejemplo, sería para avanzar, siempre y cuando no se caiga en aberraciones que pueden negar el sentido mismo de la reforma. Una reforma que buscara borrar los avances alcanzados y tratase de reinstalar situaciones anteriores o buscara anular otra reforma que significara un avance sería, claro está, una contrarreforma o una reforma negativa. De todo se puede dar.
Pero vamos a situarnos en el terreno de las reformas positivas, las que se efectúan para avanzar. Se trata siempre de una situación anquilosada o perversa que es necesario cambiar. Las reformas se efectúan con el objetivo de superar los efectos perniciosos que esa situación genera. Por supuesto que quien determina la justeza de las nuevas medidas es el que las toma, el propio gobierno. Muy pocas reformas a lo largo de la historia han sido tomadas con base en reclamos ciertos y expresos de algún sector de la sociedad. Son los gobernantes los que deciden en ese respecto. Por ello deben buscar los consensos necesarios.
Ahora bien, no hay otro modo de reformar que cambiando las leyes que rigen la materia de cambio. Por ello, dentro del Estado, es de verdad protagónico el papel que desempeña el Poder Legislativo. Eso es nuevo entre nosotros. Las cámaras del Congreso son auténticos campos de batalla de las posiciones de los diferentes intereses involucrados a favor o en contra o por ciertas limitaciones a la reforma planteada o, también, por una reforma que vaya más allá de los planteamientos del gobierno que propone la reforma. Es cierto que algunas reformas prosperan sin haber sido planteadas por el gobierno, sino por grupos parlamentarios o legisladores, pero el gobierno, en todo caso, es siempre parte interesada.
No es extraño, por todo ello, que, para cualquier problema, por insignificante que parezca, se plantee una reforma. Alguien ha hablado de reformitis. Legislar se ha convertido entre nosotros en sinónimo de reformar. Ya no se crea sino por excepción una ley, se la reforma, si bien siempre aparecen aquí y allá nuevas leyes. El resultado es que hemos acabado por convertir a las reformas en verdaderos dogmas cuando no en mitos. Nadie ha acabado de explicarnos lo que quieren decir las llamadas reformas estructurales, pero todo mundo en nuestro medio político habla de ellas. Los economistas, en alguna época, quisieron designar así las reformas económicas.
Ahora parece que a cualquier cosa se la llama estructural, tomando prestados significados que no son sino modas de paso en las metrópolis mundiales. Es difícil saber, por ejemplo, por qué se le llama estructural a una reforma como la laboral o también a la educativa, cuando lo que hicieron fue, en el primer caso, abolir las últimas defensas que quedaban a los trabajadores en su confrontación permanente con el capital; mientras que la otra no fue sino un correctivo a una situación de deterioro que se hacía ya insostenible.
Para dilucidar el punto tendríamos que ponernos de acuerdo en lo que queremos significar con estructura. Ni en economía ni en ciencia política encontramos que el término pueda referirse a las relaciones de derecho del trabajo ni a la organización de la educación pública. Aparte el viejo concepto marxista de estructura económica como base de la organización de la vida en sociedad o el concepto estructuralista como corte transversal en un determinado momento histórico que permite, de adentro hacia fuera, reconstruir la organización de la sociedad, no encontramos otras referencias como no sean las alusiones tecnocráticas a algo que debe ser muy importante.
Las reformas pueden ser muy importantes y por eso se las llama estructurales. Aun así seguimos sin saber por qué se las llama de esa manera. Ni siquiera recurriendo a la llamada teoría de sistemas encontramos una explicación coherente. Cuando se habla de estructurales cabe especular que se hace referencia a algo complejo, sistémico y por alguna obscura razón nunca queda claro. Pero el caso es que nunca se establece una definición rigurosa. El resultado de todo ello ha sido la conversión de un dogma en un mito, que es siempre la reforma estructural. Y esta mitificación crea problemas de falta de objetividad en el diseño de las reformas, ante todo porque siempre se espera de ellas lo que no pueden dar.
Aun si se concede que las reformas buscan liberar algo que podríamos llamar estructura de la sociedad de ataduras de todo tipo o de vicios heredados del pasado o de errores reiterados que es preciso corregir o de desviaciones que hay que enmendar, lo que sea o se pueda imaginar, siempre tendremos que ir a los contenidos concretos de cada reforma y nos encontraremos con que casi siempre lo que se reforma de inmediato sugiere la necesidad de otra reforma o, en todo caso, que la realización de la reforma misma depende de otros factores que, a su vez, suponen otras reformas o, incluso, series de reformas.
Para empezar, las verdaderas reformas dependen sólo en una muy pequeña parte de las reelaboraciones que se hacen en las leyes o, incluso, en la misma Constitución. Estas son sólo el comienzo necesario a partir del cual se empieza a realizar la reforma. Después viene un reacomodo de las diferentes fuerzas sociales involucradas en ella que tiene que generar un consenso para que la misma se realice. Se requiere, dicho en otros términos, de la acción política inteligentemente dirigida a poner de acuerdo a todos para alcanzar los objetivos trazados en la reforma. No todo es pues cuestión de cambiar leyes.
La reforma contenida en la ley es un instrumento formidable en manos de un buen gobierno. Pero ése es el problema: que haya un buen gobierno.

Sí a la reforma a la Ley del IMSS

20/Abril/2013
La Jornada

Arturo Alcalde Justiniani

En días pasados fue presentada una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados que propone homologar el salario base de cotización entre la Ley del Seguro Social y la del impuesto sobre la renta.

Decimos sí a la reforma porque limita la práctica patronal de registrar a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario menor al que realmente cubren, para reducir el costo de mano de obra. Sí, porque las nóminas reportadas al fisco son menores en 8 por ciento en promedio respecto de las informadas al IMSS; ello, sin tomar en cuenta factores de simulación cuando los patrones mienten a ambas instituciones, cuestión que es práctica común. Sí, porque hace más simple el sistema de cotización y evita controversias en materia de interpretación y aplicación de las normas. Sí, porque apoya a los trabajadores en reglones esenciales de protección social, como la habitación y el retiro. Fortalecer las pensiones es fundamental, considerando que con el sistema de cuentas individuales, ésas serán mínimas. Es conveniente la reforma porque recupera en parte la reducción de las cuotas obrero-patronales provocada por la reforma a la Ley del IMSS de 1995. Gracias a esa disminución, el instituto vio sensiblemente reducidos sus ingresos en el renglón de enfermedades y maternidad.
Pero más allá de las razones señaladas, es importante la reforma porque el IMSS se encuentra en una situación económica muy delicada y requiere de más recursos para cumplir con su labor. No debemos olvidar que esta institución protege a casi la mitad de los trabajadores mexicanos.
El sector privado, incluidos la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), ha reaccionado airadamente en contra de esta iniciativa, que reforma el artículo 32 y deroga el 27 de la Ley del IMSS. Señalan los empresarios que se trata tan sólo de un paliativo, considerando los gigantescos problemas del IMSS. La han calificado de Mejoral para un moribundo, planteando que se requiere de una reforma integral para ampliar la cobertura y eficiencia de la institución (La Jornada, 13 de abril de 2013, pág. 22). Advierten que de aprobarse, habrá menos empleos.
Es injustificada la resistencia empresarial y exageradas sus advertencias. En primer lugar, porque la reforma sólo toca a un reducido sector de las empresas –se calcula en alrededor de 10 por ciento–; en segundo, porque en la pequeña y mediana empresas no se otorgan las prestaciones adicionales al salario vinculadas al nuevo concepto de integración salarial, como es el caso de bonos y reparto de utilidades. En tercer lugar, porque los empresarios deben valorar los beneficios que les otorga esta institución, ya que gracias a su existencia se evitan una serie de responsabilidades de las que son obligados originarios, como el servicio médico o las incapacidades para sus trabajadores.
Es cierto que los factores que condicionan al IMSS son complejos y que de no ser atendidos en una perspectiva integral será difícil encontrar soluciones de fondo. Se ha identificado que buena parte de ellos tienen carácter estructural: pérdida de empleo formal, salarios bajos, incremento en la esperanza de vida, sensible modificación del patrón de enfermedades y muerte (antes nos moríamos de enfermedades infecciosas, hoy de males crónico-degenerativos, cuyo costo de tratamiento en un escenario de vida prolongado es muy alto); reducción presupuestal del Estado, elusión y evasión de los obligados. Además, se plantea con razón, que sus reservas técnicas afectadas en el pasado para construir la actual infraestructura hospitalaria, nunca fueron compensadas.
A la lista anterior habría que agregar los grandes negocios que durante generaciones han realizado algunos funcionarios y representantes empresariales y sindicales que han ocupado cargos en el Consejo Técnico que lo gobierna. Esta forma de representación deberá ser también objeto de cambio.
Además de los factores señalados, conviene destacar dos de especial importancia. El primero tiene origen en el régimen de jubilaciones y pensiones contenido en el contrato colectivo de los trabajadores que prestan servicios a la institución y que estuvo vigente hasta 2007. Se trata de un crédito laboral que requiere muchos recursos que contrastan con el agotamiento de los fondos para este renglón. A ello habría que agregar la marcada diferencia con los trabajadores que ingresaron después de 2007 –alrededor de 40 mil– que no cuentan con protección contractual alguna, marcando un distanciamiento generacional que seguramente provocará conflictos en el futuro. Cualquier solución deberá sustentarse en el diálogo y la propuesta y en un esfuerzo común.
Pero quizá el problema mayor para el instituto, atendiendo a sus informes, es la ausencia de financiamiento del seguro médico de jubilados, cuyo costo se comprometió cubrir el gobierno, de acuerdo con la reforma de 1995. Este cubre las pensiones derivadas de la transición al nuevo sistema pensionario, pero omite pagar el costo de los servicios médicos de ese sector, por lo que el IMSS se ve obligado a asumirlo, tomando recursos de otros ramos, lo que ahonda el desequilibrio financiero.
Este fenómeno ha sido advertido desde hace muchos años por especialistas e instituciones de prestigio, como el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, AC (Caess).
La reforma sería, en efecto, un avance limitado pero necesario y en la dirección correcta. Su aprobación en el actual periodo de sesiones del Congreso sería una buena noticia.