Los derechos humanos

14/Abril/2013
La Jornada

Néstor de Buen

Este pasado martes asistí al homenaje que se rindió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a Mireille Roccatti, a quien reconozco que no conocía y que por lo visto se ha destacado notablemente en el estudio y desarrollo de los derechos humanos.

Ciertamente es un tema que no me es ajeno. En 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari me hizo el honor de nombrarme miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces presidida por mi querido amigo Luis de la Barreda, y tuve la oportunidad de participar activamente en sus gestiones, porque lo que es evidente es que en México sufrimos permanentemente de la violación de esos derechos, cualquiera que sea su naturaleza.
Sin embargo, desde entonces me hago la misma pregunta y aún no le encuentro respuesta: ¿Hay acaso derechos que no sean humanos?
En mi concepto, no. Reconozco que también se violan los derechos de las personas jurídico colectivas que aún cuando estén integradas por personas físicas constituyen entes que no cabe calificar de humanos. Y suponiendo sin conceder que haya derechos que protegen a las propiedades o a los animales, evidentemente no cabe calificarlos de derechos humanos, aunque su violación sea motivo para las intervenciones de las comisiones respectivas. Y claro está que no cabe entender el derecho de propiedad como algo ajeno a la persona, pero que no lo convierte en un derecho humano, aunque el propietario sea una persona física.
Pensando en el tema me acordé de la definición de derecho subjetivo, los derechos humanos lo son por esencia, y para el inolvidable maestro Eduardo García Maynez son las facultades derivadas de una norma para hacer o no hacer algo. Y no tengo la menor duda de que ni las cosas ni los animales pueden tener esos derechos subjetivos, de tal manera que estén sujetos a la autorización de una norma para actuar de determinada manera.
La Constitución recientemente reformada (decreto de 25 de junio de 2012) en su artículo 73, fracción XXI, hace referencia a los delitos del orden común cuando tengan conexión con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta. Y con fecha 25 de junio del año anterior, se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que no parece el mejor de los nombres posibles.
En el artículo 1º se indica que la ley tiene por objeto implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión. Ciertamente la vida, la integridad, la libertad y la seguridad son privativas de las personas físicas, exclusivamente.
Por supuesto que estoy en favor de esas medidas, pero me parece que para evitar la redundancia en el uso de la expresión derechos humanos, porque todos los derechos lo son, habría que inventar otro nombre.
Lo peor del caso es que no se me ocurre ninguno.

"Hay mucha gente marginada en el sistema de justicia en México”

8/Abril/2013
El País
Juan Diego Quesada 

Olga Sánchez Cordero pasa por ser uno de los ministros más progresistas de la Corte Suprema de México, el máximo tribunal del país. La jueza, con especial dedicación a los derechos humanos, ha revisado casos como el del indígena Alberto Patishtán, un maestro de escuela encarcelado desde hace 13 años en un proceso repleto de irregularidades que desnuda el kafkiano sistema judicial mexicano. “Muchísima gente en México no tiene acceso a un abogado altamente cualificado”, reconoce la ministra en una entrevista con EL PAÍS, que alerta de las “paupérrimas” condiciones con las que se imparte justicia en buena parte de la república.
El asunto ha llenado las cárceles de marginados que no tuvieron una defensa digna por ignorancia y falta de recursos económicos. La ministra ve primordial que el poder judicial acabe con el trato injusto que reciben millones de ciudadanos. “Tenemos que preocuparnos muchísimo dentro del gobierno para que las gentes tengan la posibilidad de tener a alguien que las defienda, que esté debidamente capacitado y que se entregue a su caso. Estas personas tienen que ser abogados de oficio remunerados adecuadamente “, dice.
De lo contrario, ocurre que los buenos letrados acaban trabajando por su cuenta. “¡No van a quedarse en una defensoría pública si ganan tres pesos!”, señala enérgica ante dos de sus asesores, que hace un rato le sugirieron sin éxito que se pusiera la toga para la entrevista. Ella es como esos médicos que ven ridículos a los compañeros que van a tomar café con bata y estetoscopio.
El caso del maestro tzotzil encarcelado en Chiapas, condenado con pruebas fabricadas en su contra y por la incompetencia de su primer abogado, llegó a la Corte por la insistencia del letrado especialista en derechos humanos Leonel Rivero, que se hizo cargo de la defensa del indígena apenas el año pasado. Presentó un recurso excepcional, el de reconocimiento de inocencia, un vericueto judicial que hasta ahora nunca se había tenido en cuenta en situaciones similares. Sánchez Cordero, en el Supremo desde 1995, atrajo el tema y convenció a un colega para reabrir el proceso pero la negativa de otros tres lo sepultó.
De prosperar ese recurso se hubiera abierto un precedente histórico en la justicia mexicana. “Es un precedente fortísimo. Es un precedente de un impacto impresionante en todos los juicios terminados. Sí, pudiéramos esperar (de haberse aprobado) una avalancha de juicios ya concluidos”, considera la ministra. A lo que se refiere es que todos esos condenados en circunstancias parecidas podrían exigir el mismo trato. Los jueces tendrían que revisar, uno a uno, juicios en los que se condenó a muchos inocentes –presuntos culpables- que hoy día siguen en la cárcel. Cuesta imaginar que algo así fuese viable con los medios disponibles. ¿Eso motivó la decisión de los otros ministros que no querían abrir la caja de pandora? “No lo sé”, dice.
Al continuar con el recuento de fallos, la ministra también ve un gran problema en las sedes judiciales de las regiones, desprovistas de medios y gente cualificada. Se han dado casos en los que un testigo podía ser intimidado dentro de los edificios públicos. Es posible contratar en algunos sitios el servicio de unos matones para que atemoricen a la otra parte en pleito. “Los Estados tienen unas defensorías paupérrimas”, ahonda Sánchez Cordero. Ese sentimiento se le agravó el día que habló con un gobernador –no quiere concretar cuál- que no sabía dónde estaba la defensoría pública y que desconocía incluso si dependía del gobierno o del poder judicial. “Le pregunté”, relata, “cuántas veces veía a su procurador (fiscal). ‘Lo veo diario, a veces hasta dos veces al día’, contestó. Obviamente lo hacía porque es el pulso de lo que está ocurriendo en el Estado en materia de seguridad, en problemas de criminalidad. ¿Y cuántas veces volteaba a ver a su defensor público?”. La respuesta es ninguna.
Sánchez Cordero ha revisado casos de indígenas encarcelados injustamente como el de Jacinta Francisca Marcial, una mujer de metro y medio acusada de secuestrar sin arma alguna a seis policías, o se ha posicionado a favor de la libertad de Florence Cassez, una ciudadana francesa considerada culpable de formar parte de una banda de secuestradores. En ambos casos las pesquisas policiales y el juicio estuvieron llenos de irregularidades y atropellos a sus derechos. En el caso de la francesa la ministra –que redactó el segundo proyecto de sentencia de ese caso– corría el riesgo de que la acusaran de malinchista, el sentimiento de que algunos mexicanos privilegian lo extranjero sobre lo nacional. “Se le violaron derechos fundamentales como debido proceso, presunción de inocencia, asistencia consular…”, recuerda.
La presión de su país de origen también ayudó a que Cassez fuese liberada o al menos a que el asunto no se olvidase. Esa suerte no la tienen muchos nacionales. Las organizaciones de derechos humanos se han encargado de rescatar las historias de estas personas indefensas y han presentado sus casos ante la Corte Suprema y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La ministra resalta el papel de estas organizaciones que sacaron a la luz casos cuyo destino era agarrar polvo en cualquier estante. Acusados que no conocen sus derechos (en el caso de los indígenas ni el idioma) con pruebas dudosas o directamente inventadas. Mujeres en la cárcel por no saber decir en español “yo no maté a mi hijo”. Líderes sociales entre rejas por haber incomodado a algún cacique local, como en el caso de dos indígenas condenados por un delito menor que escondía un conflicto por el agua. “Si no tienes un abogado especializado que lleve tu caso, quedas marginado del sistema de impartición de justicia”, sentencia Sánchez Cordero.
El escaso sueldo y preparación de los abogados de oficio fomenta la desidia de algunos de ellos y sirve de abono para la corrupción. “Directamente ves que su casa y su carro no corresponden con el sueldo que ganan”, puntualizará después un prestigioso abogado mexicano. En al menos 10 Estados los letrados ganan menos de 10.000 pesos (833 dólares) y ni siquiera es necesario que tengan el título para ejercer.
Patishtán es uno más dentro de este sistema viciado pero él ya ha agotado las vías judiciales. Le restan 47 años en una prisión de San Cristóbal de las Casas. “Yo soy inocente”, dijo a EL PAÍS cuando fue a conocer su situación en prisión. La propia ministra considera imposible, tal y como está redactada la sentencia, que este hombre matase a siete policías federales él solo. Los testimonios que le sitúan en otro lugar a esa hora no fueron tomados en cuenta. El único testigo que le sitúa en la balacera lo reconoce a pesar de que supuestamente llevaba un pasamontañas.
Existe la posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto le conceda el indulto al maestro chiapaneco. ¿No deja eso en mal lugar a la Corte? ¿La gente no entendería que quien tiene que impartir justicia no la imparte y la deja en manos de un decretazo del Gobierno? “Están agotadas todas las instancias judiciales. Tenemos un marco constitucional y penal que respetar”, insiste Sánchez Cordero.
Y es cierto, pero dentro de ese marco solo están los más favorecidos, los que pueden pagarse un buen abogado, o al menos uno no tan malo, y de ello es consciente la propia Sánchez Cordero. A los demás no les queda más que estar al margen de la justicia. ¿Cuántos habrá como Patishtán sentados en el catre de una cárcel sin que nadie se acuerde de ellos porque no tuvieron un defensor en toda la extensión de la palabra? ¿Cuántos son Patishtán en México?

Necesario, revisar para mejorar la Ley contra Trata de Personas

7/Abril/2013
Milenio

Rosi Orozco

La trata de personas no es ni debe ser en ningún momento un tema político. Es un grave problema social y lamentablemente una realidad que forma parte de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Lo más grave es que es un crimen que lastima lo más valioso de cualquier sociedad, lo más valioso de nuestro país: las personas.
Dicen los que saben que lo bueno es enemigo de lo mejor. Ha sido muy bueno que en la pasada 61 Legislatura y como resultado de un trabajo en equipo de todos los partidos representados en el Congreso, haya sido creada y aprobada la Ley General Contra la Trata de Personas.
Y, sin duda alguna, ese gran paso podrá ser secundado por uno mejor y de mayor alcance si ese ordenamiento alcanzado por unanimidad es ahora sometido a revisión a partir de que, como toda pieza legislativa y toda obra humana, debe tener defectos e insuficiencias que es necesario adecuar para elevarlo a algo mejor.
Es este el caso, por ejemplo, de tres asuntos sobre los que no pudimos llegar a acuerdos en la 61 Legislatura, y son vitales para una Ley capaz de generar protección a las víctimas.
Me refiero en primer término al tiempo perentorio que hay que esperar dando toda la protección, asistencia y apoyos a las víctimas antes de ser presentadas a realizar cualquier diligencia judicial. En segundo lugar es muy importante garantizar un tratamiento adecuado al problema de la desincentivación de la demanda del servicio, y al problema de la publicidad (sobre todo en algunos medios impresos) sin ningún recato ni principio de respeto, que es generado con el evidente propósito de enganchar personas para hacerlas objeto de trata para fines de explotación sexual y laboral. Esto lo puede constatar usted amable lector de MILENIO, con sólo abrir la sección de anuncios clasificados, empleos, en bastantes medios de circulación masiva.
Y en tercer lugar es importante incorporar al texto de la legislación contra la trata, los problemas que hayan detectado las autoridades locales responsables de operar la Ley, tanto del área de la procuración y administración de justicia, como del área de derechos humanos en lo que hace a la protección y asistencia a las víctimas y la restitución en sus derechos.
Es necesario revisar y dialogar también, en qué se ha avanzado, qué se ha atorado y cuáles han sido los obstáculos para avanzar, en las disposiciones contenidas en
el ordenamiento. Por ejemplo, la inexplicable realización de un diagnóstico nacional sin el cual no hay modo de conocer el problema en sus características y dimensiones, y por ende, no se podrá atacar de manera efectiva en sus manifestaciones, y será muy difícil tomar acciones preventivas como lo ha anunciado recientemente el Ejecutivo Federal.
Por eso yo propongo con toda claridad y firmeza desde estas líneas y desde este medio tan importante, MILENIO, que la Ley general se sometida a revisión para ser mejorada, reforzada y, principalmente, para que sea un instrumento a favor de lo mejor de México: los seres humanos.
EL ÁRBOL DE LA TRATA
Mario Luis Fuentes Alcalá es un político y economista mexicano que ha ocupado diversos cargos en la administración pública en México. Es un hombre con una reputación de profesionalismo y eficiencia intachables.
Actualmente dirige el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), un organismo de la sociedad civil dedicado a la investigación en los temas de desarrollo social y la promoción del cumplimiento de los derechos humanos y sociales en México.
Desde esa importante institución se ha sumado a la lucha contra la Trata de Personas y diagnosticó en colaboración con la CNDH, las raíces de este delito para exponer la vulnerabilidad al crimen, a través de una herramienta explicativa llamada “Árbol de la Trata”.
Esta diagnosis muestra claramente los problemas de raíz que generan la trata como son: desintegración familiar, violencia, impunidad, pobreza, acoso, bullying, corrupción, adicciones, inseguridad, desempleo y bajo nivel educativo, entre otras.
Estas raíces arrojan un fruto de maldición social que se expresa en más delitos como: delincuencia organizada, secuestro, narcotráfico, feminicidios, cobro por derecho de piso, enganchadores, extorsión, prostitución, piratería, entre otros crímenes.
Quiere decir que donde sea permitida, tolerada o fomentada la Trata de Personas, invariablemente se sufrirá el crecimiento de otros delitos muy graves.
En el caso del fruto de la extorsión, por ejemplo, algunas sobrevivientes nos han relatado como los giros negros entrenan a las víctimas para detectar a funcionarios de gobiernos o personajes de la política para decirles que ellos tienen derecho a salón privado o VIP donde les toman fotos o video que luego utilizan para extorsionarlos y amarrarles las manos en el combate al delito.
Con relación al narcomenudeo, la mayoría de las sobrevivientes narran que tuvieron que drogarse, que fueron obligadas. Otras forzadas a transportar droga. Una de ellas en Cañón de Lobos, Morelos, tuvo que transportar droga vaginalmente en toallas femeninas especiales.
El fruto de los enganchadores significa que la mayoría de las víctimas que nos son rescatadas pasan de ser víctimas a victimarias. Tenemos el ejemplo de Claudia, quien fue enganchada a los 12 años. A los 16, el tratante que la esclavizó también secuestró a su bebe en Tlaxcala y por eso no podía negarse a someter a una chica de 14 años a quien ella estaba obligada a enseñar, y aceptó “entrenar” a jovencitas enseñándoles a prostituirse.
El fruto del secuestro. Donde crece la Trata crece el secuestro de jovencitas y niñas, por ejemplo las zonas como Tepetixpla, en el estado de México, donde los choferes de trailers han secuestrado a jovencitas para venderlas en municipios vecinos como Santiago Acoxac, Puebla, bajo la mirada indiferente de policías locales.
El Árbol de la Trata nos ayuda a entender por qué ciudades como Monterrey fueron seguras hasta que se permitió la presencia de la trata de personas, y se consintió la apertura de más giros negros donde han crecido de la mano otros delitos también muy graves.
TRABAJEMOS UNIDOS
Por ello es imperativo someter a revisión la Ley General Contra la Trata de Personas. Propongo iniciar un debate sobre esta legislación promulgada en 2012. Este diálogo seguramente enriquecerá el ordenamiento que, insisto, es perfectible, mejorable, escalable.
Acudamos a un debate revisor del texto vigente de la Ley con un espíritu participativo y constructor, donde quepa la participación de todas las voces y todos los sectores.
En este ejercicio será imperativa y muy importante la participación de la CNDH, institución que ha hecho un gran trabajo por estudiar, documentar y combatir por los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de este atroz crimen.
José Narro Robles, rector de la UNAM, ha sido un gran aliado en este combate, quien ha influido para motivar una mayor participación del gobierno federal en la lucha por prevenir, sancionar y erradicar este delito.
Quienes han sido forzados a sufrir como esclavas o esclavos nos pidieron en alguna ocasión en la Cámara de Diputados que por favor no politizáramos esta lucha con diferencias de partidos o ideologías. Es por ello que decidí bajar la iniciativa presentada el 20 de Abril de 2012 (hace casi un año), para subir una iniciativa presentada por 104 legisladores de todos los partidos, que quizá sin precedentes, fue votada unánimemente para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas. Mi reconocimiento permanente a la 61 Legislatura.
Somos muchos y cada día somos más los que estamos trabajando contra la trata de personas.
Hoy hay organizaciones de la sociedad civil como las que participan en la Comisión Unidos vs la Trata AC, que realizan un excelente trabajo y muchas otras organizaciones que día con día proponen y participan en el avance por lograr que México sea un país de personas en libertad.
Hay también Universidades como la Iberoamericana, en la que José Morales Orozco se comprometió públicamente a luchar contra este crimen ofreciendo diplomados sobre combate a este delito, en alianza con la Organización Infancia Común.
Es tiempo de volver a crecer y mejorar lo que ya se logró.
La lucha es de todos. Lo invito a sumarse amable lector, a ser partícipe de esta mayoría estruendosa de mexicanos que insistimos en hacer y permitir lo bueno, porque a partir de ahí surge lo mejor.
(Así afecta el Árbol de la Trata de personas: http://www.milenio.com/media/8af/31ac33ba76fc0eda384fb5e1a4dd48af.jpg)

La CIDH, México y América Latina

3/Abril/2013
La Jornada

Luis Hernández Navarro

Raúl Díaz Peña es un terrorista venezolano. Enemigo del gobierno de Hugo Chávez, en 2003 colocó bombas contra la embajada de España y el consulado de Colombia. Preso, fue sentenciado a nueve años de cárcel. En 2010, después de cumplir una condena de cuatro años y cinco meses, fue trasladado a régimen de prisión abierta. Clandestinamente se fugó del país y pidió asilo político en Estados Unidos. En octubre de 2012 se le concedió.

Raúl Díaz se dijo perseguido político y presentó una demanda contra el gobierno de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con una rapidez inusitada, ausente en casos como el de la masacre de Acteal, el organismo le dio la razón y condenó al Estado de Venezuela por violación al derecho a la integridad regional.
El caso Díaz fue la gota que derramó el vaso. La corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cometido una larga serie de tropiezos en su relación con ese país. Por ejemplo, la comisión aplaudió el golpe militar contra el presidente democráticamente electo.
Ante el resolutivo de la Corte por el caso Raúl Díaz, el presidente Hugo Chávez dijo que organismos como la nefasta, podrida y degenerada Corte Interamericana de Derechos Humanos deben desaparecer, por no estar a la altura del mundo nuevo, al tiempo que ratificó su retirada de los organismos judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 22 de marzo, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, afirmó ante la Asamblea General de la organización que Venezuela se declara en rebeldía contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) corrupto y pusilánime.
Son muchos los gobiernos de la región, sobre todo los progresistas, que han externado fuertes críticas al sistema. El presidente de Bolivia, Evo Morales, equiparó a la CIDH con una base militar de Estados Unidos, en este caso dirigida a juzgar a otros países, y la acusó de estar al servicio de la derecha pro capitalista y pro imperialista. El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, señaló que la CIDH no menciona el bloqueo a Cuba; hay capítulos dedicados a Argentina, Ecuador y Bolivia, pero ninguno a Estados Unidos. El bloqueo criminal a Cuba ni siquiera aparece en sus informes anuales.
Ese malestar se expresó abiertamente en la última Asamblea General Extraordinaria de la OEA, el pasado 22 de marzo. Después de muchas quejas, la reunión convalidó, sin consenso y con graves ausencias, el proceso de reforma al sistema interamericano de derechos humanos, al adoptar una controvertida resolución que dejó abierto el debate sobre su fortalecimiento.
Entre otras muchas críticas, diversos países cuestionan que la polémica Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sea financiada, en buena parte de su funcionamiento, por organismos y fundaciones privados, con una agenda claramente intervencionista contra los gobiernos progresistas de la región. Se sabe que el que paga manda, y consideran inadmisible la injerencia de actores privados sobre poderes soberanos.
Diferente es la perspectiva del organismo desde México. Como explica Magdalena Gómez (El sinuoso camino de la justicia en México), nuestro país aceptó la competencia de la CIDH en 1981 para conocer de quejas y denuncias de derechos humanos. En 1988, el Senado reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de las sentencias relevantes de ese organismo fueron dictadas a partir de 2001. Muchos casos tardan 10 años en promedio en solucionarse.
Dos mexicanos dirigen la CIDH. José de Jesús Orozco Henríquez es su presidente y Emilio Álvarez Icaza su secretario general. El gobierno mexicano busca la relección de Orozco para el periodo 2014-2017.
Entre 1995 y 2005 se presentaron ante la CIDH 556 peticiones contra México. Sólo 48 se abrieron a trámite. El organismo emitió 91 medidas cautelares, de las cuales 31 han sido dictadas de manera directa.
Resoluciones de la corte como las de los ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera Rodolfo Montiel, la del campo algodonero, la de desaparición forzada de Rosendo Radilla y la de la violación de mujeres indígenas en Guerrero por elementos del Ejército han tenido un impacto relevante en la administración de la justicia en México. El organismo condenó la utilización del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos y precipitó varias reformas legales dentro del país.
Las ONG de derechos humanos mexicanas han realizado un trabajo admirable en la lucha por la justicia y contra la arbitrariedad y la impunidad. Aunque algunas han resbalado en temas como el de la Iniciativa Mérida y el financiamiento de la NED, su labor en pro de la defensa de los derechos humanos en México ha sido muy relevante.
Buen número de estas ONG tienen en alta estima a la CIDH. De hecho acompañan a las víctimas en sus demandas en el organismo en diversos casos que no fueron solucionados dentro del país. En México, muchas víctimas ven al organismo como un sistema de justicia alterna y piensan en presentar sus casos.
La mayoría de las ONG de derechos humanos han sido insensibles a los reclamos de otros países latinoamericanos contra la parcialidad y sesgo de la CIDH. Más aún, se han sumado al reclamo de fortalecer el organismo que se promovió en respuesta a las críticas y las demandas de restructuración.
El discurso de los derechos humanos no es neutro ni está por arriba del mundo de la política. En su nombre se legitimó la lucha contra Augusto Pinochet en Chile y la movilización de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Y, simultáneamente, bajo su bandera, Estados Unidos invadió Irak y justifica su intervencionismo imperial.
Este desencuentro sobre la CIDH y la corte entre el movimiento por lo derechos humanos en México y los procesos de transformación en varios países del continente es, por decir lo menos, lamentable. Cuando menos, requiere de un buen debate.

Pacto por México, el "producto milagro"

28/Marzp/2013
Noroeste

Jenaro Villamil

En la industria televisiva se llaman "productos milagros" a los infomerciales que inundan la pantalla anunciando lo mismo pastillas para bajar de peso que remedios para los hongos de uña o para mal de riñones; aparatos de tonificación muscular y tenis para corregir hasta las malas posiciones. Todo lo que se pueda adquirir en CV Directo –comercializadora vinculada a las televisoras- es un "producto milagro". Todo aquello que implique una cultura del menor esfuerzo y del máximo gasto, es un "producto milagro".

En la política mexicana ya tenemos un "producto milagro": el Pacto por México. Promete resolver el hambre, acabar con los monopolios, reformar la educación, democratizar los medios, frenar la corrupción, generar empleos, y hasta relanzar al País como potencia ferrocarrilera, entre otros muchos de sus más de 90 puntos.

El Pacto por México es una continuación de la estrategia inaugurada por Peña Nieto en el Estado por México: "te lo firmo y te lo cumplo". La diferencia es que no son compromisos firmados ante Notario Público sino ante las tres grandes fuerzas partidistas y una extensa burocracia que llegó al poder con el grupo Atlacomulco.

El Pacto por México, ideado por Luis Videgaray, negociado por Miguel Ángel Osorio Chong, pretende aterrizar lo mismo las recomendaciones de la OCDE que los futuros negocios sexenales a partir de la apertura en energéticos, telecomunicaciones, infraestructura.

De ser una guía de acuerdos y compromisos entre las dirigencias del PRI, PAN y PRD, firmada el 2 de diciembre en medio de suspicacias y desencuentros, el Pacto por México se ha convertido en una camisa de fuerza para los otros dos poderes, especialmente, para el Legislativo, que se ha convertido en una oficialía de partes o en una aduana que no revisa y si lo hace, es para mantener "lo acordado en el Consejo Rector".

Para los legisladores que están al margen de los acuerdos, para las corrientes políticas que integran los partidos, pero no forman parte de las cúpulas firmantes, aunque sean militantes de los partidos del Pacto, se ha vuelto una entelequia entender la dinámica del Consejo Rector.

Para la sociedad, el Pacto por México se convierte de manera acelerada en un largo spot, la construcción imaginaria de un sistema político sin disensos, un cuento de hadas donde no aparecen ya la realidad sino las buenas intenciones.

El Pacto y su Consejo Rector ha procesado acuerdos en tres grandes reformas en menos de cuatro meses: la educativa, la del amparo y recientemente la de telecomunicaciones y radiodifusión. Faltan muchos otros.

Lo importante no es la reflexión o el debate sobre estas reformas constitucionales sino el cambio de percepción. El Pacto por México se convierte así en un vehículo mercadológico eficaz para vender como logros lo que apenas son el inicio de modificaciones. El Pacto por México sobrevende así la eficacia del "nuevo presidencialismo", tesis central del equipo de Peña Nieto y su afán de centralizar de nuevo las funciones que los 12 años del panismo dejaron atrofiadas y sin reformar.

El Pacto por México es un spot eficaz. Lo vimos en el caso de la reforma educativa. Tras las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, el Gobierno federal promovió un spot en medios electrónicos que se confundió, incluso, con otro financiado por el SNTE, antes de que destronaran a Elba Esther Gordillo de su reinado sexenal.

"Con este esfuerzo apoyamos su desarrollo profesional, su estabilidad laboral y su capacitación", decía la frase del spot dirigido a los maestros y la sociedad en general.

Al mismo tiempo, se publicaron desplegados en 29 periódicos locales y cuatro nacionales para explicar las bondades de la reforma constitucional.

Cuando apenas comenzaba a procesarse el "milagro", la PGR detuvo a Elba Esther Gordillo en el aeropuerto de Toluca. La maestra tuvo la osadía de criticar al Presidente y al Pacto por México.

La habilidad de los defensores del Pacto ha generado una percepción de avance, aunque la realidad siga igual o más complicada: ni el SNTE se ha modernizado tras la detención de su señora feudal ni el régimen de medios se ha democratizado con las reformas. El infomercial del Pacto aún necesita pasar por la prueba del ácido: el reacomodo real de las reformas y de los grupos de poder económico y político que pretenden salir beneficiados.

En cualquiera de los casos, los más vulnerables son los partidos de oposición. Ya existe un impacto interno en el PAN, acelerado por la derrota del 2012, y en el PRD, alentado por la exclusión de las otras corrientes y grupos que no comparten la línea negociadora y seguidista de Los Chuchos. El PRI ya decidió asumir la cultura de lo que "usted mande señor presidente" y todos los afectados con el ascenso del grupo Atlacomulco esperan su premio por la "institucionalidad".

En los próximos días se vivirá otra prueba de fuego: la aprobación de la reforma constitucional en telecomunicaciones en el Senado de la República. Las formas y el fondo de lo discutido y aprobado en la Cámara de Diputados dejó un mal sabor de boca para quienes están convencidos que una buena reforma se puede transformar en una gran trampa política.

Para la sociedad, en general, el Pacto aún dice poco. Es un "producto milagro" que no ha reducido ni los índices de violencia, ni la corrupción de las policías, ni la inflación en el último cuatrimestre, ni la falta de empleos. La diferencia es que no devuelven el dinero ni el voto.

Más allá de Cassez

Marzo/2013
Nexos

Saúl López Noriega

La decisión de la Suprema Corte de liberar de la cárcel de manera inmediata a Florence Cassez desató fuertes y encontradas reacciones en la opinión pública. Como pocos, este caso reunió ingredientes difíciles de digerir social e institucionalmente. El secuestro como uno de los delitos más sensibles para la sociedad, un episodio emblemático de algunos de los errores más graves de la política en contra del crimen organizado del gobierno de Calderón, repercusiones políticas que rebasaron las fronteras para ubicarse en la agenda diplomática entre Francia y México, medios de comunicación señalados como corresponsables de algunas de las actuaciones policiacas sometidas a escrutinio, una fallida labor pedagógica sobre la relevancia del debido proceso, así como una danza de egos al interior de la Corte que dificultó sumar una mayoría que resolviese este asunto.

Tal vez, por todas estas vicisitudes, varios de los que califican de atinada esta sentencia la han celebrado como un punto de inflexión en el fortalecimiento del debido proceso en el Estado mexicano. Es cierto, se trata de una decisión importante que puede ser decisiva para acabar con la perniciosa práctica gubernamental de exhibir mediáticamente a personas, anulando su derecho a la presunción de inocencia. Pero también es cierto que la decisión Cassez no es un caso excepcional. La Suprema Corte, y en particular los ministros de la Primera Sala, desde hace varios años han resuelto asuntos donde han redefinido las reglas respecto de cómo la autoridad debe juzgar a una persona. Casos como “Acteal”, “Jacinta”, “Alberta y Teresa”, “Hugo Sánchez” y “Cassez”, con sus significativas diferencias técnicas, están unidos por un hilo común: el otorgamiento del amparo para una liberación inmediata de la cárcel por violaciones al debido proceso.

Vale aclarar, no obstante, que el valor del debido proceso no reside en proteger los caprichos de abogados embelesados por las formas jurídicas. Esta perspectiva es errónea y da municiones a la abrumadora mayoría de la población que considera desafortunada la sentencia Cassez por dejar en libertad a una delincuente y ningunear a las víctimas tan sólo por unos requisitos leguleyos. En un contexto democrático, más bien, el debido proceso es relevante por su efecto disuasivo frente a la autoridad. Su objetivo es fijar los incentivos adecuados para que los agentes del Estado en el ejercicio de ese enorme poder que es la fuerza pública no resbalen en la tentación de abusar de ésta al relacionarse con los miembros de su sociedad. Y, en su caso, elevarles el costo de tal manera que la prueba, aprehensión o cateo ejecutado sin respetar tales resortes disuasivos, envueltos en formalidades jurídicas, no sea válido. De eso se trata el debido proceso: fijar los términos en que el Estado debe interactuar con nosotros, sus habitantes, para efectos de evitar la arbitrariedad, cuando existe una enorme asimetría de poder entre sí —al grado de estar en riesgo nuestra integridad física, libertad, propiedad e intimidad.

Un ejemplo: un grupo de policías ingresa a un domicilio en busca de cocaína con una orden de cateo autorizada; no encuentran ninguna droga pero sí un cadáver. ¿Es válido utilizar como prueba ese cuerpo? En Estados Unidos en su momento consideraron que no, pues de lo contrario se creaba el incentivo de que la autoridad “sembrara pruebas” para inculpar a personas inocentes de ciertos delitos. Además de que con este criterio se buscaba evitar una política contra el crimen resultado del azar o de corazonadas, para impulsar más bien una propia de la investigación e inteligencia. Años más tarde se moderó esta regla permitiendo algunas excepciones: el hallazgo podía servir de prueba siempre que fuese obtenido de buena fe por la policía.*

No siempre, por supuesto, es sencillo trazar un equilibrio adecuado. Sin embargo, la solución no es eliminar el debido proceso, sino discutir su diseño a partir de dos puntos clave: ¿Cuáles son las conductas que queremos evitar por parte de las autoridades cuando se relaciona con nosotros?, y ¿qué tipo de resortes institucionales se deben establecer para disuadirlas? Este es el rasero para evaluar los otros precedentes de la Suprema Corte sobre este tema.

Un criterio rector, en este sentido, que fijó la Corte hace algunos años es el de la prueba ilícita. El cual establece que cualquier prueba obtenida de manera irregular —por contravenir el texto constitucional o legal— no puede ser considerada válida para juzgar a una persona. Y no sólo eso: todas aquellas pruebas fruto de esa prueba no válida, aun si éstas sí cumplen con sus correspondientes requisitos, también deben ser consideradas inválidas. Así, si la autoridad busca sentenciar, por ejemplo, a una persona por el delito de violación con la única prueba de un examen genético amañado, tendrá el costo de perder el juicio. A menos que logre reunir otras pruebas que sí cumplan con las exigencias jurídicas y sean suficientemente sólidas para alcanzar su objetivo.

En el tema de las pruebas testimoniales, aprovechadas por las autoridades durante décadas para realizar abusos, la Corte ha señalado que los testimonios no son suficientes para sentenciar a alguien a menos que vengan fortalecidos mediante otras pruebas, y con la condición de que el testigo haya conocido los hechos de manera directa. Es decir, imaginemos que alguien asegura que cometimos el delito de homicidio. Si tal testimonio no se acompaña de otras pruebas, la autoridad no podrá condenarnos. Diluyéndose, de esta manera, el incentivo para que la autoridad busque testigos coaccionados. Pero si, además, resulta que dicha persona sabe que somos responsables de ese delito porque otro individuo se lo contó, entonces el testimonio como prueba es enteramente inocuo. Esto sin olvidar que los testimonios deben rendirse de manera libre y espontánea; de tal forma que se deben evitar prácticas comunes como utilizar álbumes fotográficos para identificar a un acusado cuyo diseño coloque debajo de algunas imágenes la leyenda de “secuestrador” u “homicida”. Ni tampoco se deben mostrar fotografías a aquellos testigos que no hayan manifestado que podían reconocer a los acusados o sin que hubiesen ofrecido la razón por la cual estarían en posibilidad de identificarlos.

Otro filón que ha explotado la Corte es el de los derechos indígenas que, justo por su condición de vulnerabilidad sociocultural, en su caso el debido proceso debe ser reforzado. ¿Es posible, por ejemplo, considerar que un indígena hallado culpable de un delito ha tenido una defensa adecuada, cuando a lo largo del juicio nunca tuvo un asesor o intérprete que le explicara las diversas aristas legales en las que estaba involucrado? En respuesta a esta y otras situaciones, que son harto comunes en los tribunales de nuestro país, los ministros han establecido que en todos los juicios en que un indígena sea parte se tome en cuenta su cultura. Y, por tanto, deba ser asistido por defensores que tengan conocimiento de su lengua. Por otro lado, hay precedentes de la Corte que señalan que los jueces tienen la obligación, al juzgar a un indígena, de allegarse de opiniones respecto si la conducta delictiva que realizó éste tiene otra connotación en sus usos y costumbres que pueda eventualmente exonerarlo o atenuar su pena —tal es el caso de la ingesta de huevos de tortuga que puede ser un delito pero que en ciertas comunidades indígenas es parte de festividades de larga tradición.

Muy recientemente, y de enorme utilidad para ir entendiendo los derechos de las víctimas en el desarrollo de un juicio, la Corte ha apuntado que éstas tienen oportunidad de impugnar cualquier decisión relacionada con la comprobación de la existencia del delito y la responsabilidad penal de la persona acusada, además de contar con el derecho a aportar pruebas durante el juicio. Esto permite que la víctima no se reduzca a un mero espectador y pueda participar durante el proceso si considera que el ministerio público o el juez no están realizando su trabajo de manera adecuada. Lo más relevante es que de esta manera la víctima puede influir, en la medida de sus posibilidades, en que las autoridades se ciñan justamente al debido proceso para satisfacer sus intereses.

La Corte, a su vez, ha empezado a trazar los puntos finos respecto a los supuestos en que la autoridad sí puede registrar nuestro domicilio, a robustecer la protección de nuestras comunicaciones privadas frente a nuevas tecnologías como el correo electrónico, así como a evaluar el serio problema de detenciones de personas que no son entregadas sin demora a la autoridad competente. Son señales positivas, cimientos para una reconstrucción del debido proceso. Y, por ello, hay que tener cuidado de los coletazos que busquen derrumbar estos avances. No hay que olvidar que tres años después de que la Corte considerara inconstitucional el arraigo —ese limbo jurídico que justifica que la autoridad nos prive de la libertad sin ningún indicio, prueba o acusación formal— las tres principales fuerzas políticas aprobaron una reforma en 2008 para ubicar esta figura justo en nuestra Constitución. Lo cual significó constitucionalizar uno de los incentivos más perversos para aguijonear abusos de la autoridad y, de esta manera, quebrar un eslabón medular del debido proceso.

* Para un mapeo de la evolución de esta regla y sus excepciones en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ver: Mijangos y Gonzalez, Javier, “La doctrina del exclusionary rule en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, PJF, México, No. 31, 2011. Consulta aquí: http://bit.ly/XwNDXv

¿Algo que aprender?

Marzo/2013
Nexos

Miguel Carbonell

El caso de Florence Cassez estaba destinado desde el principio a causar un enorme impacto en la opinión pública. Por la forma en que fue hecha la detención y transmitido un montaje mediático de grandes proporciones, por la repercusión mediática de la llamada de Cassez al programa de Denise Maerker para exhibir en vivo y en prime time al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, por el encontronazo diplomático entre México y Francia propiciado por dos presidentes testarudos y orgullosos, por el continuo tránsito de visitantes nacionales y extranjeros que pasaron por el penal de Tepepan para ver a Florence, por la debilidad de los elementos probatorios, por la defensa que juristas y las ONG hicieron del debido proceso legal, por la presencia de las víctimas a lo largo de sus procesos, por el trabajo paciente y esforzado del abogado Agustín Acosta, encargado de la defensa de Cassez, por el ruido que aportó Isabel Miranda de Wallace y por cientos de razones más.

No se trata de un caso común y corriente, sino de una prueba de resistencia para el sistema jurídico mexicano en su conjunto. Una prueba de la cual cabe extraer algunas lecciones, que en el futuro quizá sirvan para ahorrarnos bochornos parecidos.

Lo peor que puede pasar luego de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte es que todo se quede igual y que una vez más nos quedemos con una memoria corta que produce que un escándalo tape de inmediato al anterior, y así hasta el infinito.

Lo que nos deja el caso Florence Cassez para pensar es, entre otras muchas cosas, lo siguiente:

1) Los juicios se ganan o se pierden ante los tribunales. Parece obvio, pero el affaire Cassez nos recordó que no sirve de nada que el gobierno ofrezca espectaculares detenciones, redadas y montajes de todo tipo si luego no hay pruebas que jurídicamente puedan sostener una acusación. Lo hemos visto en otros casos relevantes a lo largo de los últimos años: hay que ganar ante la justicia, no ante los medios.

2) La realidad es mucho más compleja de lo que parece. Ya Héctor de Mauleón en un magnífico texto (que supuso una poderosa llamada de atención sobre el caso Cassez) explicaba que la verdad estaba secuestrada y que era muy difícil saber lo que realmente había pasado. Yo tuve contacto directo con muchos de los protagonistas de este caso —de los dos lados, incluyendo a la propia detenida— y tengo la misma impresión. Los datos se desvanecen, las certidumbres son vaporosas, las pruebas son endebles, las mentiras abundan, igual que la capacidad de escenificación de unos y otros. Todos actuaron un poco: unos más y otros menos, pero todos jugaron un papel como de ciencia ficción. Eso es algo que no se pudo percibir con claridad por la opinión pública, pero algún día habrá que explicar con detalle. No faltarán las voces informadas que lo hagan.

3) La Suprema Corte no decide sobre la culpabilidad o la inocencia de las personas. La Corte ejerce tareas de control constitucional: verifica si los derechos humanos de una persona han sido o no respetados por las autoridades. Eso es lo que puede hacer según la Constitución y las leyes. No le correspondía a la Corte volver a desahogar un procedimiento, sino verificar que el que se llevó a cabo hubiera estado ajustado a derecho. El que dio como resultado la sentencia de 60 años de prisión contra Cassez no lo estuvo. Fueron tantos y tan clamorosos los errores cometidos, que los ministros no tenían otra opción más que aplicar un fuerte correctivo. Eso fue lo que pensó la mayoría de los miembros de la Primera Sala de la Corte y creo que estuvieron en lo correcto. Quedará para la discusión si lo mejor era decretar la libertad inmediata o anular ciertas pruebas y reponer el procedimiento sin ellas. Ese debate es del todo pertinente y deberá hacerse con detalle por los expertos en el procedimiento penal.

4) Otro elemento de discusión interesante se da a partir del dilema planteado por algunos, según el cual o bien se protegen los derechos de las víctimas o bien se protege el debido proceso legal. En realidad se trata de un falso dilema, tal como lo demostró con claridad el proyecto del ministro Arturo Zaldívar de marzo de 2012. Si no hay debido proceso legal, es imposible acercarnos a la verdad de los hechos y por tanto es imposible dejar a salvo los derechos de las víctimas. En el caso que nos ocupa cabe recordar que la forma en que fue recreada la supuesta liberación de las víctimas a través de un “montaje televisivo” impide conocer distintos elementos que nos habrían permitido acercarnos a la verdad. La escena del supuesto crimen fue contaminada por los “actores” del montaje. No se preservaron las huellas dactilares que pudo haber habido en las puertas o en los utensilios encontrados en la cabaña. Tampoco hay constancia en el expediente de Cassez de que en las dos armas encontradas en la cabaña hubieran huellas dactilares de los supuestos secuestradores. El lugar del delito no fue inmediatamente asegurado, sino que en él entraron docenas de periodistas y gente ajena a las tareas policiacas. El dilema entonces es falso, ya que las víctimas no pueden ser “protegidas” si no hay debido proceso legal; solamente cuando se respetan las reglas del juego podemos tener un grado aceptable de certeza sobre la responsabilidad de una persona. A ninguna víctima le sirve que se meta a un inocente a la cárcel.

Más allá de la coyuntura y de la natural polarización que el caso Cassez ha generado, quizá una de sus consecuencias más benéficas haya sido el propio debate al que dio lugar. Antes y después del veredicto de la Corte pudimos ver a miles de mexicanos que expresaron con vehemencia sus puntos de vista en temas tan poco fáciles como el debido proceso legal, la credibilidad de los testigos, la notificación consular o la forma de actuar de nuestros policías. Ese debate es una muestra saludable de lo mucho que nos preocupa el tema de la justicia y de las venturosas posibilidades de que al abordar casos tan delicados se vaya más allá del tradicional círculo de los especialistas. Si la inseguridad y la mala administración de justicia nos pueden afectar a todos, parece completamente lógico que todos estemos en la posición de opinar sobre tales asuntos.

Y vaya que en el caso Cassez abundaron las opiniones, para todos los gustos y en los más diversos sentidos. Hubo desde rumores terribles hasta acusaciones sin fundamento, desde tomas de postura más políticas que jurídicas hasta argumentos atendibles sobre cuestiones de técnica constitucional. Visto en su conjunto, se puede decir que todo eso fue sano, ya que a diferencia de lo que sucede en otros países, en México no solemos interesarnos en lo que pasa con el funcionamiento de la justicia.

Que tantos y tantos mexicanos hayan volteado a ver lo que se discutía en la Corte y se hayan formado un criterio sobre la situación de Cassez no puede dejar de ser valorado como un avance. Lo deseable sería que en el futuro más personas revisaran los documentos disponibles y no se dejaran guiar simplemente por lo que llevan viendo durante años en las pantallas televisivas.

Ojalá hayamos aprendido las muchas lecciones que nos ofrece el caso de Florence Cassez. O mejor dicho: ojalá que nunca se repita un esperpento jurídico como el que vimos.