Magna y manirrota

Febrero/2014
Nexos

Isaac Katz 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece varios derechos que tenemos los mexicanos como son la libertad de manifestación de ideas, la de asociación, la del voto libre y secreto y la de creencia religiosa, mismos que son un elemento esencial en un régimen democrático y liberal y que no requieren mayor intervención por parte del gobierno más que para protegerlos y garantizarlos. Existen, sin embargo, otro tipo de derechos, estos de carácter positivo, que sí representan una carga directa sobre las finanzas públicas y que están plasmados en los artículos 3 y 4 constitucionales.
A lo largo de los años a nuestra Constitución se le han ido agregando varios de estos derechos, en muchas ocasiones por ocurrencia de algún legislador o partido político representado en el Congreso y que en las más de las ocasiones es aprobado sin mayor trámite por considerarse como un “buen” objetivo o ser “políticamente correcto”, sin siquiera tomar en consideración su impacto sobre las finanzas públicas, el gasto que representaría validar tal o cual derecho y de dónde provendrían los recursos para financiarlo.
El artículo 3 establece el derecho de todos los individuos a recibir educación, así como la obligación del gobierno de proveer este servicio desde la educación preescolar hasta la de educación media superior y pudiendo impartir, además, educación superior. Adicionalmente, el propio artículo establece que toda la educación que el gobierno imparta será gratuita. Para 2013, del presupuesto federal programable en el ramo educativo fue de 592.5 miles de millones de pesos, representando 18% del gasto total. Independientemente de la mala calidad de la educación que se provee, como lo muestran los exámenes directamente aplicados a los maestros, así como los resultados de las pruebas estandarizadas ENLACE y PISA, es claro que el presupuesto gubernamental asignado a la educación es insuficiente, sobre todo al considerar que, comparado con los demás países de la OCDE, estamos por debajo de la media tanto en el porcentaje del gasto total asignado a este rubro como en el gasto por alumno, además de que hay que destinar más recursos a la inversión educativa, tanto en la capacitación de los profesores como en escuelas y su equipamiento, aun considerando el incremento de 7% en términos reales en el presupuesto de 2014.
Pero vámonos al artículo 4 constitucional, el cual es una “belleza” y simultáneamente un grave peligro. En este artículo están incluidos varios derechos que de ser efectivamente demandados por la población, estando el gobierno obligado a validarlos, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llevaría a la quiebra al gobierno y al país. Veamos cuáles son estos derechos y la fecha en que fueron incluidos en la Constitución.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará (13 de octubre de 2011).
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (3 de febrero de 1983).
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (8 de febrero de 2012).
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal en forma suficiente, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho… (8 de febrero de 2012).
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar tal objetivo (7 de febrero de 1983).
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia… (30 de abril de 2009).
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo…. (12 de octubre de 2011).
Y a éstos hay que agregar, de reciente creación, el derecho a una pensión mínima garantizada para aquellos individuos que no cuenten con una pensión formal (IMSS o ISSSTE) y, en el artículo 123, el derecho a un seguro de desempleo, mismos que estarían vigentes a partir de 2014, financiados ambos de la recaudación general.
Y así, para 2014, el presupuesto asignado a protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, salud, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales y protección social representa el 40% del gasto programable total del sector público.
El presidente Enrique Peña Nieto ha adelantado la propuesta de transitar hacia un sistema de seguridad social universal que incluiría acceso a los servicios públicos de salud, seguro de desempleo y pensión mínima garantizada que se estima, plenamente instrumentada, tendría un costo de alrededor de seis puntos porcentuales del PIB y simplemente no hay cómo financiarlos con la estructura tributaria actual y menos aún si la economía no crece de manera sostenida a tasas anuales de alrededor de 6% y se crean aceleradamente empleos formales.
No se nos puede olvidar que construir y financiar un Estado de bienestar es sumamente costoso y que siempre alguien paga y que el principal costo es una menor eficiencia en la asignación de recursos y un menor crecimiento económico. El ejemplo europeo es, al respecto, un buen indicador.