Una pesadilla libresca

26/Mayo/2013
La Jornada

Néstor de Buen

La inolvidable reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), producida criminalmente por el antiguo Congreso de la Unión, bajo la pérfida orientación del PAN y con la aprobación de los restantes miembros del Congreso, incluidos algunos del PRD, me ha obligado a revisar los tres tomos de mi Derecho del trabajo ( Individual, Colectivo y Procesal) y pocas veces en mi vida he tenido un trabajo tan antipático como ese. Lo que fue, en sus buenos y remotos tiempos, una legislación protectora de los trabajadores, se ha convertido, gracias a las iniciativas del PAN apoyadas en los trabajos de la Secretaría del Trabajo, en un derecho empresarial. Curiosamente, aún no les parece suficiente, y no me extrañaría que esté en preparación una nueva versión. Claro está que uno de los factores esenciales en el proyecto anterior convertido en ley fue la absoluta iniciativa del secretario del Trabajo, hoy senador, licenciado Javier Lozano.

Curiosamente me acaban de obsequiar, generosamente, un libro contradictoriamente denominado Derecho laboral y de la seguridad social, publicado bajo la responsabilidad de Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez y Álvaro J. Altamirano, con un notable olor a la Escuela Libre de Derecho, cuyo rector, Fauzi Hamdan Amad, hace la presentación, y que constituye una obra colectiva en la que participan, entre otros muchos –y con eso está dicho todo–, Javier Lozano y Tomás H. Natividad Sánchez, cuya orientación patronal está fuera de duda.
Desde luego que agradezco en todo lo que vale el obsequio que sus autores me han hecho de un ejemplar en el que poco a poco iré leyendo los mensajes conservadores de sus autores, pero no resistí la tentación de leer en primer lugar la colaboración de Javier Lozano, intitulada La reforma laboral que México necesita, que, por cierto, me llamó la atención por lo bien escrita. Hay que reconocerle a Javier que tiene derecho a que se le considere un especialista experimentado en la disciplina laboral, aunque sin la menor duda a partir de la versión capitalista y conservadora que ahora ilumina el código de trabajo.
Obviamente, Javier Lozano sabe de sobra que si alguien está en contra de sus ideas y de esa versión empresarial, me corresponde el honor de ser una miembro entusiasta del grupo. Curiosamente nos cita a Carlos de Buen y a mí como únicos autores de la versión contraria a sus ideas, y lo hace, lo reconozco, con discreción y respeto.
El problema, que ya se está viviendo en México pero de manera notable en muchos países, particularmente en Europa y en especial en España, bajo el dominio del más que conservador Partido Popular que encabeza el señor Rajoy, donde el desempleo, los bajos salarios y condiciones de trabajo disminuidas son las características del mundo laboral en este momento, sin demasiadas esperanzas de que eso termine. Ciertamente, no me parece viable que pueda producirse una protesta violenta en contra de los códigos laborales que ahora pueblan el Universo. Lo que no significa que no pueda producirse, porque la situación de hambre y desprotección total en la clase trabajadora es la nota más característica de nuestro mundo actual.
Vale la pena recordar que los nuevos códigos laborales han echado a la basura los principales derechos de los trabajadores y, sobre todo, el principio de la estabilidad en el empleo. En la nueva ley es notable el establecimiento del contrato de trabajo a prueba, por tiempo o por obra determinada, que terminan a capricho del patrón; la disminución de los salarios vencidos en los juicios; el impulso permanente a la productividad sin compensaciones adecuadas para los trabajadores, que sólo se establecen como simples compromisos de los empresarios (artículo 153-J, fracciones VI y VIII), pero sin sustancia alguna, entre otras muchas cosas.
Actualizar mis obras de Derecho del trabajo con un material tan indecente me ha supuesto y me supone aún un trabajo absolutamente incómodo. Lo hago penosamente porque lo considero un deber para que los estudiantes que las utilizan como libros de texto no se dejen convencer por este nuevo derecho del trabajo que por ese camino tendrá que cambiar de nombre. Sugiero uno: derecho de los empresarios y de las autoridades del trabajo. Y pienso en mi querido y recordado maestro Mario de la Cueva, que seguramente habría expresado de manera violenta su inconformidad total con la escandalosa reforma.
¿Les remorderá la conciencia a los autores de esta ley? Me temo que lo dudo.

Artículo 19

7/Mayo/2013
El País

Fernando Savater

Quienes contra viento y marea suponemos que las decisiones humanas son prioritariamente racionales encontramos poco apoyo para nuestro prejuicio en algunas medidas gubernamentales. Un ejemplo destacado es la prohibición y persecución internacional de ciertas drogas, cuyo resultado ha sido el aumento de su consumo, de su precio y de su adulteración, así como una multiplicación terrorífica de la delincuencia ligada a su comercio ilegal. En algunos países americanos, como Colombia y México, el crimen organizado y las rivalidades entre las bandas han llegado a amenazar la estabilidad social y política. Por cada zar de la persecución hay cien rasputinesdel tráfico, el celo de unos apoya el beneficio de los otros y todos se ganan bien la vida… salvo los miles de víctimas de este juego macabro. Pero claro, nos aseguran, los principios son lo primero y la cruzada debe continuar.
En México, la narcoviolencia se ha cobrado ya este año casi 2.700 víctimas, 237 entre el 13 y el 19 de abril (incluyendo ocho decapitaciones). Uno de los colectivos más castigados es el de los periodistas, amenazados, secuestrados y ejecutados a mansalva, sobre todo en los Estados de la federación que padecen el dudoso honor de ser campos de batalla entre narcotraficantes por su proximidad con EE UU, el principal consumidor y también patentador de la cruzada antidrogas. Quienes llevamos décadas visitando México hemos visto cómo algunas de las poblaciones más tranquilas y ordenadas —Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Acapulco, Torreón…— se convertían en territorio de alarma permanente por culpa de este bandolerismo despiadado y brutal. Y los medios de comunicación locales que no se avienen a silenciar o minimizar esos desmanes son objetivos prioritarios del odio de los delincuentes. Lo peor es que no se trata de amenazas solamente dirigidas a los reporteros, sino contra cualquiera de los trabajadores del diario, como demuestran los secuestros de cinco de los empleados de El Siglo de Torreón, así como el tiroteo de sus guardias de seguridad. Si se “contaminan” por su vinculación al periódico, nadie está seguro: es el modus operandi habitual de los gánsteres, una generalización intimidatoria que hemos conocido en los más diversos campos (incluido el periodístico) en el País Vasco y que ahora tratan de minimizar o convertir en mérito por renuncia los matones reciclados en gobernantes.
La organización Artículo 19 México, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de prensa en el país, también ha sido directamente amenazada por quienes a través del miedo y el crimen se consideran con derecho al señorío ilegal pero efectivo de la sociedad. El mensaje feroz que han recibido no destaca por su corrección ortográfica ni por su coherencia gramatical, aunque dado su contexto tampoco puede ser echado en saco roto: “mucha puta libertad verdad, a ver que tan verga eres cuando acabes tu y tus putitos bien puteados, ya nos tienes hasta la madre estamos viéndote y bien cerca osea no te sigas crellendo mucho que te partimos la madre son unos pendejos que tenemos ganas de chingaronos sabes quienes somos y que si lo podemos hacer”. Es fundamental que organizaciones como Artículo 19 continúen activas, pese a tener que soportar intentos de amedrentamiento que con frecuencia no se quedan en simples excrementos verbales como el antes transcrito. Y en su apoyo deben movilizarse todos los ciudadanos conscientes de que cuando una sociedad que aspira a ser democrática abandona a sus informadores y voces críticas renuncia a sí misma. Como dijo Bertrand Russell, “si no podemos evitar los demás crímenes, al menos evitemos el del silencio”. Porque romper la imposición del silencio es el comienzo de la lucha contra el resto de los crímenes.
Hace pocos días falleció Fernando Castelló, histórico defensor de la libertad de prensa. Valga esta nota como modesto homenaje a su memoria.

¿Dónde quedó la reforma laboral? ¿Ya recibiste tu reparto de utilidades?

18/Mayo/2013
La Jornada

Arturo Alcalde Justiniani

Hace seis meses se anunció con bombo y platillo la primera reforma calificada de estructural, una nueva Ley Federal del Trabajo que generaría, según sus promotores, más empleos –hasta un millón, llegaron a afirmar–, mejoras al salario, control de los excesos en la subcontratación, fortalecimiento de la justicia laboral y avances en materia de transparencia, democracia sindical y negociación colectiva auténtica. Las evaluaciones sobre el desempeño de esta nueva legislación demuestran que en ninguno de estos objetivos se ha avanzado. En todo caso, su efecto más evidente ha consistido en abaratar los despidos injustificados, al reducir sensiblemente el pago de los salarios caídos.

El empleo, según reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se mantiene esencialmente igual; la ocupación estable no crece, pero sí el sector informal. Queda claro que este tema fundamental no depende de una ley laboral que reduzca los derechos de los trabajadores, sino de la orientación general de la política económica.
El salario no ha sido objeto de la mejora prometida. Continuamos con un salario mínimo vergonzoso, del orden de 65 pesos diarios, de los más bajos del mundo. Atendiendo a los datos del Inegi, 37 por ciento de la población ocupada se ubica en un rango de hasta dos salarios mínimos; incluso el número de trabajadores en el nivel mayor a cinco ha ido decreciendo, hoy es tan sólo 7.4 por ciento.
La subcontratación u outsourcing avanza con ímpetu depredador, sin que la obligación fiscalizadora del Estado se haga presente; por el contrario, se consiente en la práctica a través de diversas políticas públicas, entre ellas, las vinculadas a los temas fiscal y presupuestal. La nueva ley laboral creó el artículo 15 a, que establece un conjunto de condiciones que deberán cumplirse de manera integral para permitir el régimen de subcontratación: No podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollan en un centro de trabajo, deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Todo esto ha quedado en letra muerta.
En la etapa final del proceso legislativo de noviembre del 2012, las limitaciones a la subcontratación inquietaron al sector del empresariado que abusa de esta figura, especialmente las llamadas empresas de servicios, que abiertamente subcontratan a todo su personal para evitar, entre otros, el pago de reparto de utilidades. Enviaron representantes al Congreso para solicitar un tiempo de espera que les permitiera ajustar sus sistemas de trabajo y de contratación a las nuevas exigencias. Su solicitud no fue atendida; finalmente, los empresarios optaron por simplemente ignorar la ley, confiando en la complicidad gubernamental.
El número de empresas que han optado por calificarse a sí mismas como de servicios, configurando un auténtico fraude, es gigantesco y opera en todas las ramas de actividad. Al igual que muchos otros negocios, en los próximos días dejarán de cubrir 10 por ciento de las utilidades generadas que legalmente corresponden a sus trabajadores, incluidas las sucursales o establecimientos obligados por un nuevo artículo de la ley, el 127 IV bis.

Este mes, tan sólo un puñado de trabajadores recibirá el pago de utilidades que les pertenece y las empresas se apropiarán de miles de millones de pesos gracias a diversos actos de simulación. Ello explica los estallidos de rebeldía obrera en varios centros laborales. En días pasados los trabajadores de Honda, en El Salto, Jalisco, realizaron un paro laboral obligando a esta trasnacional a negociar una compensación por este concepto; esta semana presenciamos otro conflicto en la mina de San Francisco del Oro, Chihuahua, por el mismo motivo. Se trata de un derecho laboral en proceso de extinción, muestra clara del extendido grado de indefensión obrera y la renuncia del gobierno a su responsabilidad de hacer cumplir la ley.
La nueva ley laboral estableció reglas de transparencia que obligan a las juntas de Conciliación y Arbitraje a informar sobre el registro de los sindicatos y el contenido de los contratos colectivos depositados. Esta obligación ha sido también ignorada, especialmente por los tribunales laborales en las entidades federativas; siguen guardando como secreto de Estado estos documentos para beneficiar mediante los contratos colectivos de protección patronal a las empresas y sindicatos que actúan al margen de la voluntad de los trabajadores.
La nueva legislación no consideró un viejo reclamo consistente en transformar el sistema de justicia laboral, con el fin de que fuese adscrito al Poder Judicial, y así convertirse en un árbitro confiable; sin embargo, incluyó algunos cambios, entre ellos, la creación de un sistema de formación, capacitación y actualización del personal jurídico y el Servicio Profesional de Carrera, que deberá regular las reglas de ingreso, promoción y permanencia de dicho personal, así como su desarrollo profesional. El primero está programado para que entre en vigor a partir del primer día de junio del 2013; el segundo, al iniciar enero de 2014.
Hasta ahora, las juntas de Conciliación y Arbitraje no han dado los pasos necesarios para cumplir por diversos motivos con estos planes de profesionalización. El primero deriva de la carencia de recursos presupuestales, pues las entidades que los autorizan soslayan la importancia de estos tribunales; también influyen la resistencia al cambio, los bajos salarios de su personal, la ausencia de capacitación y la excesiva restricción de horarios en el servicio. Como siempre los gobiernos dejan los temas laborales al final.
Una nueva política laboral y salarial en favor de los trabajadores sigue siendo una agenda pendiente. Más allá de leyes, si no hay voluntad política no cambiarán las cosas.

La dentadura de la reforma

Mayo/2013
Letras Libres

Enrique Serna

Las reformas constitucionales no tienen poderes mágicos para cambiar la realidad, pues nadie puede garantizar su aplicación, menos aun cuando el texto de una nueva ley está lleno de vaguedades. Tal vez por eso la sociedad mexicana ha acogido la reforma a la ley de telecomunicaciones con una mezcla de indiferencia y escepticismo. La multiplicación de canales de televisión no significa necesariamente un entretenimiento más imaginativo, ni una información más veraz. Sin embargo, y a riesgo de incurrir en wishful thinking, creo que algunos preceptos de la nueva ley podrían contribuir a erradicar las peores lacras la televisión y la radio comercial, si los encargados de la legislación secundaria, todavía pendiente, dan pasos concretos para revertir su proceso degenerativo. El reto es convertir las buenas intenciones de la reforma en normas aplicables, no solo a las nuevas cadenas, sino a las que ya existen.
Según la propuesta de ley, “el congreso debe asegurar el derecho de las audiencias, que incluye entre otros el de acceder a contenidos que promuevan la formación educativa, cultural y cívica, así como la difusión de información imparcial, objetiva y oportuna”. A juicio de los legisladores, el maltrato al espectador se debe a que en muchas ocasiones “las audiencias masivas de los medios no son consideradas como sujetos activos o interactivos, sino como un índice cuantitativo de comercialización. Bajo este esquema, las personas se reducen a una simple operación mercadológica, como puntos de rating”. En otras palabras, la ley define a la audiencia como un conglomerado de individuos y exige a los dueños y los operadores de los medios que dejen de tratarla como una masa embrutecida. Lo que ahora falta es precisar cómo se puede proteger al espectador de sus manipuladores, sin convertir al nuevo organismo regulador de la industria en un odioso censor del gusto mayoritario.
Ninguna institución pública puede atentar contra la libertad de expresión de las cadenas televisivas, ni es factible imponerles controles de calidad artesanal o de rigor profesional, pero los principales atentados contra la inteligencia de público son fraudes al consumidor que la Procuradoría Federal del Consumidor debería perseguir de oficio. Uno de los más nocivos es la inveterada costumbre de pergeñar refritos de telenovelas exitosas, con título distinto y mínimas variantes para actualizar los libretos. Si la imaginación de los productores se ha secado al extremo de tener que plagiarse a sí mismos eternamente, la ley debería refrescarles la imaginación, prohibiendo cambiar el título de la telenovela reciclada, pues la audiencia tiene derecho a saber que se le está ofreciendo la misma gata con un leve revolcón. Los supervisores de la Profeco, o los del nuevo instituto encargado de regular los medios, que forzosamente deben ser gente con experiencia en el medio, leerían previamente los libretos y las sinopsis de los argumentos para determinar si las televisoras tienen derecho o no a cambiar el título de un culebrón refriteado. Quizá esto obligaría a los productores a ofrecernos una mayor variedad temática, y a contratar escritores en vez de “costureras” que remiendan historias ajenas.
En materia informativa también hay normas que pueden aplicarse a rajatabla sin violar la libertad de expresión. El famoso montaje televisivo en el que Genero García Luna, entonces director de la afi, simuló detener in fraganti a la banda de secuestradores donde supuestamente militaba Florence Cassez, debería sentar un precedente para que en el futuro ningún periodista televisivo pueda prestarse a esta clase de patrañas. Los periodistas que incurran dolosamente en fraudes informativos, como lo hizo Carlos Loret de Mola, deben exponerse a una fuerte sanción económica o quedar inhabilitados de por vida para conducir noticieros. Por lo que se refiere a la programación radiofónica, la ley secundaria de la reforma también podría tener un efecto benéfico si castiga la sucia práctica de la “payola” (la machacona transmisión pagada de canciones que las disqueras quieren popularizar en la radio), un contubernio que daña gravemente el oído musical de la audiencia. El pueblo mexicano ha demostrado tener un gusto musical admirable, cuando los intereses comerciales no lo envilecen. Por desgracia, en las últimas décadas, la masificación del gusto ha dado al traste con uno de nuestros patrimonios culturales más importantes. Si la payola es multada con severidad, el público elegiría sin burdas coacciones la música de su agrado y, gracias a la difusión masiva de nuevos compositores, quizá recuperaríamos una mínima parte del gran prestigio internacional que alguna vez tuvo nuestra canción popular.
Las tres normas que propongo afectan, sin duda, los intereses de las mafias incrustadas en la producción televisiva, los noticieros y la industria del disco pero no perjudicarían a ninguna empresa con responsabilidad social. ...

Constitución y telecom

Mayo/2013
Letras Libres

Carlos Elizondo Mayer-Serra

 
Al momento de escribir estas líneas el Senado acaba de aprobar la reforma en telecomunicaciones que le había presentado la Cámara de Diputados. Se le regresa con cambios a los diputados quienes seguramente la apro- baran rápidamente. La reforma va en el sentido correcto. El presidente y el poder legislativo han legislado contra actores percibidos por décadas como muy poderosos.
Para disminuir la capacidad de presión y oposición de los actores afectados, el gobierno optó por presentar la reforma dentro del paraguas tripartito del Pacto por México y con mucha discreción y velocidad. En términos económicos no había urgencia por hacerlo así. No se estaba colapsando el sistema financiero, como lo vimos en Chipre recientemente. Preocupados los legisladores de que un proceso más largo y cuidadoso le hubiera dado a los afectados la oportunidad para diluirla, terminamos con una reforma mal calibrada.
Por sumar a tres partidos con visiones muy distintas del mundo, la reforma salió larga y complicada y, aunque el Senado limó algunos de sus peores excesos, sigue siendo un texto pesado y complejo de implementar. En la tradición mexicana de la desconfianza se incluyeron en la Constitución y en los transitorios detalles que no se encuentran en los textos constitucionales de otros países. Si alguno de estos detalles resulta inoperante, será muy difícil modificarlo. Nos podríamos quedar arrastrando nuestros errores por décadas, como lo hacemos en el sector petroquímico, donde se reservó al Estado la inversión en la llamada petroquímica básica, destruyendo la posibilidad de tener una industria integrada y eficiente. Habría sido mejor una reforma donde solo se pusieran en la Constitución los principios fundamentales y haber procesado en paralelo las reformas legales necesarias para fomentar la competencia.
La ruta elegida implica un largo trayecto para que la reforma tenga impacto en el consumidor. Se requiere ahora una ley reglamentaria que fusione las leyes de telecomunicaciones y las de radio y televisión, fundar los nuevos órganos reguladores, elegir a sus comisionados, emitir todo tipo de reglamentos y manuales de operación. Esto tomará muchos meses y en sus detalles se puede esconder el diablo y terminar con una reforma menos ambiciosa o muy difícil de operar, lo cual paradójicamente acabaría teniendo un efecto peor a haberse tardado más en su aprobación, al permitirles a las empresas dominantes seguirlo siendo.
Si bien la reforma pone todo tipo de límites temporales en los transitorios con el fin de acelerar su implementación, no hay sanción si se incumplen, y se trata de responsabilidades técnicamente complejas. Hay dos riesgos. Que se haga con prisa y mal, o que se tarden mucho más tiempo del esperado. Mientras dure la incertidumbre, habrá menos inversión, indispensable para detonar un mejor servicio y menores precios.
Hay muchos puntos equivocados. No es una buena idea determinar a una empresa como preponderante por su tamaño en el mercado (el cincuenta por ciento según un transitorio). La práctica usual es que a una empresa que ya esté operando (tema distinto es el caso de fusiones), se le impida seguir prácticas monopólicas. Esto es complicado de probar, por lo que se requieren órganos técnicos muy especializados y eficaces.
Si se pone el tamaño como criterio, se castiga al que crece, quizás porque hace bien su trabajo. Hoy para América Móvil y Telmex el incentivo será invertir poco. Ya tienen más del cincuenta por ciento del mercado (en cualquier medición) y pueden ser obligados a permitir el uso de su red a precios muy bajos o a desincorporar parte de sus activos. Para las empresas más pequeñas tampoco hay mucho incentivo a invertir: tienen la expectativa de que les permitan usar la red del grandote o comprar sus activos a precios de ganga.
La reforma incluye un cambio de fondo en la regulación de competencia en todos los sectores. No hay espacio para discutirlo, pero el principio de fijarse en el tamaño como criterio de prácticas monopólicas seguramente se hará extensivo a otros sectores, salvo el público donde se sigue tolerando a los monopolios.
La reforma crea un organismo en telecomunicaciones muy poderoso, que tiene la responsabilidad de administrar el sector, de regular, asignar frecuencias y determinar si se viola el principio de competencia. Esto último lo hacen las comisiones de competencia en la mayoría de los países de la ocde, dado que es un tema muy especializado y conviene tener una agencia que lo haga para la economía en su conjunto. Será además constitucionalmente autónomo. No habíamos creado instituciones autónomas para regular a los privados. Esto contempla retos de coordinación de políticas públicas, amén de que en el ánimo de evitar la gran cantidad de litigios en el sector que ha frenado todo intento de regulación –algo que es un cambio positivo– se dejaron pocos mecanismos de defensa contra las decisiones de estos poderosos comisionados. Aunque, por lo menos sí se abrieron espacios de defensa en algunos de los asuntos que verá la nueva comisión de competencia económica.
El Senado matizó la lógica estatista que le daba a Telecom la responsabilidad de desarrollar la red troncal que era de CFE y la banda de los 700 mhz. Está por verse cómo se aterriza en la ley reglamentaria la idea de una red pública, pero si se hace mal va a disuadir a los privados a invertir en un sector donde tendrán un competidor estatal subsidiado.
Toda decisión de un Congreso es un acto político. Pero los valores e intereses de los legisladores deben estar apoyados por las mejores prácticas internacionales para tener el mayor impacto positivo en los consumidores. Me parece que en este caso no hemos seguido las mejores prácticas en algunos de los temas nodales.
El objetivo de una reforma como esta debe ser ampliar la cobertura, mejorar la calidad, disminuir los precios e incrementar la oferta de contenidos audiovisuales. Para ello se va a requerir que la inversión en el sector aumente. ¿La ruta escogida es la mejor para alcanzar ese objetivo? Me parece que no. Espero estar equivocado. ~

Las causas de las causas

12/Mayo/2013
La Jornada

Néstor de Buen

Es más que evidente que la situación económica en que nos encontramos tiene como antecedente una seria disminución de la capacidad de compra de nuestro pueblo. Pero lo importante es seguirle la pista al problema para descubrir sus causas. Me temo que no es una cuestión difícil de desentrañar.

Se menciona que inclusive los bancos tienen problemas y eso provoca que su capacidad de otorgar créditos haya disminuido seriamente. Por otra parte se ha puesto de moda el atentado en contra de la propiedad privada, que tiene normalmente su origen en la concesión de hipotecas para que los interesados puedan adquirir bienes inmuebles. Esto normalmente no sucedía o sólo en un nivel mínimo, pero ahora parece que los acreedores, antiguos prestamistas, ya no tienen paciencia, seguramente porque les está fallando la recuperación de sus capitales, lo que se transforma en demandas ante los tribunales y con el lógico final del desalojo de los deudores. Por lo visto lo mismo pasa en España.
Los industriales, a su vez, se quejan de que han perdido mercado, lógica consecuencia de que lo que era antes una sociedad compradora y consumidora, carece de los recursos, lo que además se vincula a una inflación que encarece los productos: hoy leo en La Jornada declaraciones de Agustín Carstens a propósito de que hay una marcada moderación en el ritmo de crecimiento, exportaciones estancadas y debilidad en los indicadores del consumo, a lo que habría que agregar la noticia del aumento desmedido en el precio de los alimentos, fruta y verduras de manera especial.
Para colmo se han reducido las remesas de los mexicanos residentes (no muy legalmente, por cierto) en el extranjero.
Reconozco que mi especialidad laboral me hace atribuir algunas de las razones de esta situación a la falta de recursos de la población, infectada por un paro notable, salarios sin capacidad de compra, despidos frecuentes y, para acabarla de fastidiar, un futuro que no permite el optimismo a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, contraria a la estabilidad en el empleo, fundada en contratos temporales o a prueba y un Estado que más allá de cualquier declaración, actúa con plena conciencia en beneficio de los empresarios y montado en un corporativismo indecente, agrede a los sindicatos independientes en todas las ocasiones en que ello le es posible.
Ojala que esa agresión fuese en contra de los sindicatos corporativos de los cuales tenemos ejemplos de sobra y que, sin la menor duda, gozan de la protección estatal a través de los controles impuestos con violación de las normas internacionales (el Convenio 87 de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo) y alianzas subterráneas pero visibles con los que descaradamente se autodenominan líderes obreros.
Abunda, por otra parte, porque no hay más remedio, la economía informal, sin protección alguna para los trabajadores. Los salarios disminuyen y nuestras soluciones: salarios mínimos, sólo ponen de manifiesto el egoísmo estatal y de sus aliados los dirigentes obreros. No todos, por cierto.
En realidad la famosa reforma a la Ley Federal del Trabajo ha venido a complicar aún más las cosas, dadas las facilidades que presta para dar por terminadas las relaciones laborales, con muy escaso compromiso para los empresarios.
No parece que el problema se pueda resolver por vías pacíficas. El ejercicio del derecho de huelga debe recuperar su prestigio, sobre todo si se monta en una verdadera solidaridad de los integrantes de la clase trabajadora. Ha llegado el momento de buscar entendimientos de los sindicatos independientes con los trabajadores que hoy viven bajo la opresión de los patrones y de sus supuestos dirigentes sindicales. En el fondo se trata de reconstruir a la clase trabajadora para que tenga conciencia de sus posibilidades en caso de que decida no tolerar más salarios mínimos, contratos temporales, disminución de los salarios vencidos en un juicio y tribunales que no los apoyan.
Lo malo es que el cambio de gobierno no despierta muchas esperanzas.

Palabras prohibidas

Abril/2013
Letras Libres

José Ramón Cossío Díaz

En una de sus contribuciones a la columna “Contracara” del periódico poblano Intolerancia, Enrique Núñez Quiroz lanzó una fuerte crítica contra Armando Prida y Alejandro Manjarrez –el primero es dueño del diario Síntesis y el segundo periodista de ese mismo medio– en la que utilizó calificativos como “puñal” y “maricones”. Ofendido por esa columna, Prida promovió un juicio ordinario civil en contra de Núñez. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde la Primera Sala resolvió que las palabras “maricones” y “puñal” habían sido ofensivas y que la Constitución no reconocía el derecho al insulto. A partir de ahí, la mayoría de los ministros en esa Primera Sala dio un salto gigante: decidió que esas dos palabras eran expresiones homófobas y que, por tanto, constituían una categoría de los discursos de odio.
El criterio de la Primera Sala es importante y toca cuestiones fundamentales para un Estado liberal, en lo concerniente a los límites a la libertad de expresión. El punto de partida en esta materia es la presunción de que toda expresión se encuentra constitucionalmente protegida y de que solo ciertos extremos deben limitarse: la apología de la guerra o la pornografía infantil son buenos ejemplos de esto último. Sin embargo, la decisión de la Primera Sala no atendió debidamente el caso: introdujo una grave distorsión al entendimiento de una libertad fundamental, estableció un estándar vago y ambiguo que impone restricciones a la libertad de expresión y resulta contraproducente para la finalidad buscada. No protegió a quien pretendía y soslayó uno de los derechos fundamentales del orden liberal.
Ofender no es discriminar. El periodista insultado por la columna reclamó el respeto a su honor, no una discriminación por pertenecer a cierto grupo social. La decisión de la Sala terminó mezclando el estándar del insulto (las expresiones ofensivas) con el de la discriminación (el menosprecio hacia una categoría sexual).
El propósito de la nota de Núñez era señalar la sumisión que algunos periodistas han mostrado, según él, hacia el dueño de Síntesis. Estas afirmaciones no iban encaminadas a incitar ningún tipo de violencia en contra de la comunidad homosexual, sino a descalificar a los trabajadores del periódico. Estamos en este caso frente a dos medios de comunicación escrita en posición simétrica y con total capacidad de dar respuesta a las ofensas recibidas. En este contexto, las ofensas (des)califican más a quien las emite que a quien las recibe y resolver este tipo de diferendos en tribunales impide que sea la opinión pública la que debata y delibere a ese respecto.
Nadie duda que palabras como “maricón” y “puñal” tengan un efecto negativo. Sin embargo, es deseable combatir al pensamiento estereotípico mediante la confrontación de ideas y no proscribiendo determinadas palabras del diccionario. Por más atractivo que suene emitir un criterio sobre el discurso de odio y la homofobia, en este caso particular no estaban dadas las condiciones para decir que se utilizaron “expresiones homófobas”. Ambos medios decidieron comportarse de manera vulgar, pero en su guerra periodística no es posible advertir la incitación al odio por parte de nadie.
Al prohibir estas expresiones se quiso proteger en abstracto a la comunidad homosexual, aun cuando ni el empleo que hizo Núñez Quiroz de dichas palabras ni las razones del ofendido tuvieran vínculo alguno con la mencionada comunidad. Ello evidencia que, contrariamente a lo sostenido en la decisión, se terminaron prohibiendo las palabras mismas y no el uso que se hizo de ellas.
El compromiso de una sociedad democrática con la libertad de expresión no significa que todo deba dejarse a la autorregulación. En ocasiones es necesario nivelar el terreno para evitar que la libertad de unos vulnere la libertad de otros, máxime si alguno pretende, a través de esas expresiones, excluir de manera violenta a ciertos grupos sociales. Para un tribunal la supresión de ideas debiera ser el último recurso en aras de conseguir esta finalidad. La proscripción de palabras sin relación a su uso ni al contexto en el que se pronunciaron, debiera resultar prácticamente imposible.
Si bien no es ya aceptable sostener la tesis extrema del liberalismo clásico –que confiere una primacía absoluta a la libertad de expresión–, ello no implica que debamos renunciar a la presunción de que toda expresión se encuentre constitucionalmente protegida. La función de los tribunales, en particular el constitucional, no es erigirse en policías de las palabras, encargados de prohibir todas aquellas que pudieran lastimarnos, sino identificar los casos concretos en donde su uso debe proscribirse por generar odio, exclusión o violencia contra ciertas personas o colectivos. En todo lo que no queda en esos apretados límites, los tribunales deben dejar hablar con libertad a los ciudadanos. ~

_{Este artículo se basa en el voto particular que emitió el autor en el amparo directo en revisión 2808/2012. El autor agradece a Raúl Mejía Garza y Luz Helena Orozco su apoyo en la redacción de este documento.}

Vender las costas

30/Abril/2013
La Jornada

Pedro Miguel

El robo de Texas por Estados Unidos empezó con una colonización de ese territorio que luego, tras un alzamiento, fue declarado independiente por los propios colonos, como paso previo a su conversión en estado 28. La historia se repitió en California y el filibustero William Walker trató de replicarla, años después, en Baja California y Sonora, territorios en los que llegó a proclamar una República de Baja California. Otro intento secesionista apoyado por Estados Unidos tuvo lugar en los actuales estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde los opositores a Santa Anna intentaron fundaron una República del Río Grande. Por lo demás, a lo largo del siglo XIX y principios del XX el territorio nacional sufrió varias invasiones por vía marítima.

Con esos antecedentes no es de extrañar que el constituyente de 1917 plasmara la prohibición expresa de que extranjeros adquirieran tierras en propiedad en una franja de 100 kilómetros contada a partir de las fronteras terrestres, o de 50, a partir de las playas. Podría pensarse que la prohibición ya no tiene sentido, sobre todo si se considera que al menos desde 1988 Washington tiene en Los Pinos a aliados sumisos, lo que hace obsoleto un desembarco o un nuevo robo de territorio: los gobernantes del ciclo neoliberal viven ansiosos por entregar a las trasnacionales tierras, atribuciones y propiedades nacionales bajo la forma de concesiones mineras, industriales, maquiladoras y energéticas; si el régimen de Peña lograra su propósito de poner la industria petrolera en manos del capital privado, veríamos el retorno del control de enormes extensiones del país a manos de empresas concesionadas, foráneas o nacionales, tal y como ocurría hasta antes del 18 de marzo de 1938.
En la actualidad, sin embargo, hay una razón distinta a la de antaño, pero no menos sólida, para mantener esa prohibición que la mayoría de los partidos del régimen pretende anular mediante la reforma recientemente aprobada: la necesidad de preservar los entornos humanos, sociales y económicos de las regiones costeras.
No todo el mar mexicano es Vallarta o Cancún ni todas las costas están moduladas por la industria turística de gran escala. Los 169 municipios que colindan con la zona federal marítimo terrestre (zofemat, definida en el Art. 119 de la Ley General de Bienes Nacionales, y que se considera propiedad inalienable de la nación) suman 21 por ciento del territorio nacional y en ellos se asienta 16 por ciento de la población (datos de 2005). Salvo en los grandes polos turísticos o portuarios, esa población padece una integración económica precaria y una gran porción de ella se encuentra, como en el resto del país, en condición de pobreza, independientemente de que ostente, o no, alguna forma de posesión de tierras.
Hasta ahora, la prohibición en el artículo 27 ha funcionado como dique para frenar, en alguna medida, la especulación mobiliaria internacional en las costas mexicanas. Los ricos nacionales que quieren casa en la playa ya la tienen y los ciudadanos extranjeros (como los estadunidenses que han comprado media Baja California) han debido recurrir a argucias legales –o ilegales– de diverso tipo. Pero la pretendida supresión del veto puede detonar una espiral de voracidad sobre zonas costeras, particularmente las económica, social y demográficamente deprimidas, mayormente situadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
Ahora imaginen que el Senado ratifica la reforma constitucional mencionada y que, al día siguiente, los grandes consorcios turístico-inmobiliarios de Estados Unidos, Europa Occidental o Japón, por ejemplo, desembarcan (literalmente) en las costas de México, provistos de capital y buenas conexiones político-administrativas, y se enfrentan a millones de pescadores, rentadores de palapas, fonderos o cooperativistas de granjas acuícolas, y les ofrecen unos cuantos miles de dólares a cambio de sus tierras: la capacidad de resistencia de los segundos sería, previsiblemente, muy pequeña. Tendríamos, entonces, una redición de la tragedia social que provocó el régimen de Salinas cuando, mediante otra modificación al 27, hizo posible la venta de tierras ejidales. Millones de vendedores, imposibilitados para transformar en capital el dinero que recibieron, se quedaron sin vivienda y sin medio de subsistencia y se fueron a engrosar las corrientes migratorias, los estamentos de la informalidad urbana o las filas de la delincuencia.
De otros asuntos: aguas con las provocaciones, especialmente en las movilizaciones previstas para mañana, 1º de mayo. Al régimen le urge encontrar pretextos para reprimir y criminalizar las luchas sociales.