Acerca de las reformas

21/Abril/2013
La Jornada

Arnaldo Córdova

Ningún gobierno puede existir si no es a base de reformas. Todo Estado, para consolidarse y desarrollar sus funciones requiere de reformas constantes o periódicas desde el instante mismo en que es instaurado. Las reformas son vitales para cambiar lo que no trabaja bien, para avanzar con mayor rapidez en la consecución de los objetivos de gobierno, para satisfacer eficazmente los reclamos y las demandas de la sociedad y, claro está, para fortalecer y desarrollar al Estado mismo. Ningún verdadero Estado puede permanecer inmóvil y sin cambios internos. No es, por ello, ninguna maravilla que haya un gobierno reformista. Lo notable es cuando no lo es o no se da.

Debe examinarse, desde luego, de qué tipo de reformas se trata, si son para avanzar o para retroceder, pues también reformando se retrocede cuando se busca reinstaurar el pasado. Una reforma que trate de limitar excesos en el reparto de la riqueza, por ejemplo, sería para avanzar, siempre y cuando no se caiga en aberraciones que pueden negar el sentido mismo de la reforma. Una reforma que buscara borrar los avances alcanzados y tratase de reinstalar situaciones anteriores o buscara anular otra reforma que significara un avance sería, claro está, una contrarreforma o una reforma negativa. De todo se puede dar.
Pero vamos a situarnos en el terreno de las reformas positivas, las que se efectúan para avanzar. Se trata siempre de una situación anquilosada o perversa que es necesario cambiar. Las reformas se efectúan con el objetivo de superar los efectos perniciosos que esa situación genera. Por supuesto que quien determina la justeza de las nuevas medidas es el que las toma, el propio gobierno. Muy pocas reformas a lo largo de la historia han sido tomadas con base en reclamos ciertos y expresos de algún sector de la sociedad. Son los gobernantes los que deciden en ese respecto. Por ello deben buscar los consensos necesarios.
Ahora bien, no hay otro modo de reformar que cambiando las leyes que rigen la materia de cambio. Por ello, dentro del Estado, es de verdad protagónico el papel que desempeña el Poder Legislativo. Eso es nuevo entre nosotros. Las cámaras del Congreso son auténticos campos de batalla de las posiciones de los diferentes intereses involucrados a favor o en contra o por ciertas limitaciones a la reforma planteada o, también, por una reforma que vaya más allá de los planteamientos del gobierno que propone la reforma. Es cierto que algunas reformas prosperan sin haber sido planteadas por el gobierno, sino por grupos parlamentarios o legisladores, pero el gobierno, en todo caso, es siempre parte interesada.
No es extraño, por todo ello, que, para cualquier problema, por insignificante que parezca, se plantee una reforma. Alguien ha hablado de reformitis. Legislar se ha convertido entre nosotros en sinónimo de reformar. Ya no se crea sino por excepción una ley, se la reforma, si bien siempre aparecen aquí y allá nuevas leyes. El resultado es que hemos acabado por convertir a las reformas en verdaderos dogmas cuando no en mitos. Nadie ha acabado de explicarnos lo que quieren decir las llamadas reformas estructurales, pero todo mundo en nuestro medio político habla de ellas. Los economistas, en alguna época, quisieron designar así las reformas económicas.
Ahora parece que a cualquier cosa se la llama estructural, tomando prestados significados que no son sino modas de paso en las metrópolis mundiales. Es difícil saber, por ejemplo, por qué se le llama estructural a una reforma como la laboral o también a la educativa, cuando lo que hicieron fue, en el primer caso, abolir las últimas defensas que quedaban a los trabajadores en su confrontación permanente con el capital; mientras que la otra no fue sino un correctivo a una situación de deterioro que se hacía ya insostenible.
Para dilucidar el punto tendríamos que ponernos de acuerdo en lo que queremos significar con estructura. Ni en economía ni en ciencia política encontramos que el término pueda referirse a las relaciones de derecho del trabajo ni a la organización de la educación pública. Aparte el viejo concepto marxista de estructura económica como base de la organización de la vida en sociedad o el concepto estructuralista como corte transversal en un determinado momento histórico que permite, de adentro hacia fuera, reconstruir la organización de la sociedad, no encontramos otras referencias como no sean las alusiones tecnocráticas a algo que debe ser muy importante.
Las reformas pueden ser muy importantes y por eso se las llama estructurales. Aun así seguimos sin saber por qué se las llama de esa manera. Ni siquiera recurriendo a la llamada teoría de sistemas encontramos una explicación coherente. Cuando se habla de estructurales cabe especular que se hace referencia a algo complejo, sistémico y por alguna obscura razón nunca queda claro. Pero el caso es que nunca se establece una definición rigurosa. El resultado de todo ello ha sido la conversión de un dogma en un mito, que es siempre la reforma estructural. Y esta mitificación crea problemas de falta de objetividad en el diseño de las reformas, ante todo porque siempre se espera de ellas lo que no pueden dar.
Aun si se concede que las reformas buscan liberar algo que podríamos llamar estructura de la sociedad de ataduras de todo tipo o de vicios heredados del pasado o de errores reiterados que es preciso corregir o de desviaciones que hay que enmendar, lo que sea o se pueda imaginar, siempre tendremos que ir a los contenidos concretos de cada reforma y nos encontraremos con que casi siempre lo que se reforma de inmediato sugiere la necesidad de otra reforma o, en todo caso, que la realización de la reforma misma depende de otros factores que, a su vez, suponen otras reformas o, incluso, series de reformas.
Para empezar, las verdaderas reformas dependen sólo en una muy pequeña parte de las reelaboraciones que se hacen en las leyes o, incluso, en la misma Constitución. Estas son sólo el comienzo necesario a partir del cual se empieza a realizar la reforma. Después viene un reacomodo de las diferentes fuerzas sociales involucradas en ella que tiene que generar un consenso para que la misma se realice. Se requiere, dicho en otros términos, de la acción política inteligentemente dirigida a poner de acuerdo a todos para alcanzar los objetivos trazados en la reforma. No todo es pues cuestión de cambiar leyes.
La reforma contenida en la ley es un instrumento formidable en manos de un buen gobierno. Pero ése es el problema: que haya un buen gobierno.

Sí a la reforma a la Ley del IMSS

20/Abril/2013
La Jornada

Arturo Alcalde Justiniani

En días pasados fue presentada una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados que propone homologar el salario base de cotización entre la Ley del Seguro Social y la del impuesto sobre la renta.

Decimos sí a la reforma porque limita la práctica patronal de registrar a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario menor al que realmente cubren, para reducir el costo de mano de obra. Sí, porque las nóminas reportadas al fisco son menores en 8 por ciento en promedio respecto de las informadas al IMSS; ello, sin tomar en cuenta factores de simulación cuando los patrones mienten a ambas instituciones, cuestión que es práctica común. Sí, porque hace más simple el sistema de cotización y evita controversias en materia de interpretación y aplicación de las normas. Sí, porque apoya a los trabajadores en reglones esenciales de protección social, como la habitación y el retiro. Fortalecer las pensiones es fundamental, considerando que con el sistema de cuentas individuales, ésas serán mínimas. Es conveniente la reforma porque recupera en parte la reducción de las cuotas obrero-patronales provocada por la reforma a la Ley del IMSS de 1995. Gracias a esa disminución, el instituto vio sensiblemente reducidos sus ingresos en el renglón de enfermedades y maternidad.
Pero más allá de las razones señaladas, es importante la reforma porque el IMSS se encuentra en una situación económica muy delicada y requiere de más recursos para cumplir con su labor. No debemos olvidar que esta institución protege a casi la mitad de los trabajadores mexicanos.
El sector privado, incluidos la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), ha reaccionado airadamente en contra de esta iniciativa, que reforma el artículo 32 y deroga el 27 de la Ley del IMSS. Señalan los empresarios que se trata tan sólo de un paliativo, considerando los gigantescos problemas del IMSS. La han calificado de Mejoral para un moribundo, planteando que se requiere de una reforma integral para ampliar la cobertura y eficiencia de la institución (La Jornada, 13 de abril de 2013, pág. 22). Advierten que de aprobarse, habrá menos empleos.
Es injustificada la resistencia empresarial y exageradas sus advertencias. En primer lugar, porque la reforma sólo toca a un reducido sector de las empresas –se calcula en alrededor de 10 por ciento–; en segundo, porque en la pequeña y mediana empresas no se otorgan las prestaciones adicionales al salario vinculadas al nuevo concepto de integración salarial, como es el caso de bonos y reparto de utilidades. En tercer lugar, porque los empresarios deben valorar los beneficios que les otorga esta institución, ya que gracias a su existencia se evitan una serie de responsabilidades de las que son obligados originarios, como el servicio médico o las incapacidades para sus trabajadores.
Es cierto que los factores que condicionan al IMSS son complejos y que de no ser atendidos en una perspectiva integral será difícil encontrar soluciones de fondo. Se ha identificado que buena parte de ellos tienen carácter estructural: pérdida de empleo formal, salarios bajos, incremento en la esperanza de vida, sensible modificación del patrón de enfermedades y muerte (antes nos moríamos de enfermedades infecciosas, hoy de males crónico-degenerativos, cuyo costo de tratamiento en un escenario de vida prolongado es muy alto); reducción presupuestal del Estado, elusión y evasión de los obligados. Además, se plantea con razón, que sus reservas técnicas afectadas en el pasado para construir la actual infraestructura hospitalaria, nunca fueron compensadas.
A la lista anterior habría que agregar los grandes negocios que durante generaciones han realizado algunos funcionarios y representantes empresariales y sindicales que han ocupado cargos en el Consejo Técnico que lo gobierna. Esta forma de representación deberá ser también objeto de cambio.
Además de los factores señalados, conviene destacar dos de especial importancia. El primero tiene origen en el régimen de jubilaciones y pensiones contenido en el contrato colectivo de los trabajadores que prestan servicios a la institución y que estuvo vigente hasta 2007. Se trata de un crédito laboral que requiere muchos recursos que contrastan con el agotamiento de los fondos para este renglón. A ello habría que agregar la marcada diferencia con los trabajadores que ingresaron después de 2007 –alrededor de 40 mil– que no cuentan con protección contractual alguna, marcando un distanciamiento generacional que seguramente provocará conflictos en el futuro. Cualquier solución deberá sustentarse en el diálogo y la propuesta y en un esfuerzo común.
Pero quizá el problema mayor para el instituto, atendiendo a sus informes, es la ausencia de financiamiento del seguro médico de jubilados, cuyo costo se comprometió cubrir el gobierno, de acuerdo con la reforma de 1995. Este cubre las pensiones derivadas de la transición al nuevo sistema pensionario, pero omite pagar el costo de los servicios médicos de ese sector, por lo que el IMSS se ve obligado a asumirlo, tomando recursos de otros ramos, lo que ahonda el desequilibrio financiero.
Este fenómeno ha sido advertido desde hace muchos años por especialistas e instituciones de prestigio, como el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social, AC (Caess).
La reforma sería, en efecto, un avance limitado pero necesario y en la dirección correcta. Su aprobación en el actual periodo de sesiones del Congreso sería una buena noticia.

Los derechos humanos

14/Abril/2013
La Jornada

Néstor de Buen

Este pasado martes asistí al homenaje que se rindió en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a Mireille Roccatti, a quien reconozco que no conocía y que por lo visto se ha destacado notablemente en el estudio y desarrollo de los derechos humanos.

Ciertamente es un tema que no me es ajeno. En 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari me hizo el honor de nombrarme miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entonces presidida por mi querido amigo Luis de la Barreda, y tuve la oportunidad de participar activamente en sus gestiones, porque lo que es evidente es que en México sufrimos permanentemente de la violación de esos derechos, cualquiera que sea su naturaleza.
Sin embargo, desde entonces me hago la misma pregunta y aún no le encuentro respuesta: ¿Hay acaso derechos que no sean humanos?
En mi concepto, no. Reconozco que también se violan los derechos de las personas jurídico colectivas que aún cuando estén integradas por personas físicas constituyen entes que no cabe calificar de humanos. Y suponiendo sin conceder que haya derechos que protegen a las propiedades o a los animales, evidentemente no cabe calificarlos de derechos humanos, aunque su violación sea motivo para las intervenciones de las comisiones respectivas. Y claro está que no cabe entender el derecho de propiedad como algo ajeno a la persona, pero que no lo convierte en un derecho humano, aunque el propietario sea una persona física.
Pensando en el tema me acordé de la definición de derecho subjetivo, los derechos humanos lo son por esencia, y para el inolvidable maestro Eduardo García Maynez son las facultades derivadas de una norma para hacer o no hacer algo. Y no tengo la menor duda de que ni las cosas ni los animales pueden tener esos derechos subjetivos, de tal manera que estén sujetos a la autorización de una norma para actuar de determinada manera.
La Constitución recientemente reformada (decreto de 25 de junio de 2012) en su artículo 73, fracción XXI, hace referencia a los delitos del orden común cuando tengan conexión con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta. Y con fecha 25 de junio del año anterior, se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que no parece el mejor de los nombres posibles.
En el artículo 1º se indica que la ley tiene por objeto implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión. Ciertamente la vida, la integridad, la libertad y la seguridad son privativas de las personas físicas, exclusivamente.
Por supuesto que estoy en favor de esas medidas, pero me parece que para evitar la redundancia en el uso de la expresión derechos humanos, porque todos los derechos lo son, habría que inventar otro nombre.
Lo peor del caso es que no se me ocurre ninguno.

"Hay mucha gente marginada en el sistema de justicia en México”

8/Abril/2013
El País
Juan Diego Quesada 

Olga Sánchez Cordero pasa por ser uno de los ministros más progresistas de la Corte Suprema de México, el máximo tribunal del país. La jueza, con especial dedicación a los derechos humanos, ha revisado casos como el del indígena Alberto Patishtán, un maestro de escuela encarcelado desde hace 13 años en un proceso repleto de irregularidades que desnuda el kafkiano sistema judicial mexicano. “Muchísima gente en México no tiene acceso a un abogado altamente cualificado”, reconoce la ministra en una entrevista con EL PAÍS, que alerta de las “paupérrimas” condiciones con las que se imparte justicia en buena parte de la república.
El asunto ha llenado las cárceles de marginados que no tuvieron una defensa digna por ignorancia y falta de recursos económicos. La ministra ve primordial que el poder judicial acabe con el trato injusto que reciben millones de ciudadanos. “Tenemos que preocuparnos muchísimo dentro del gobierno para que las gentes tengan la posibilidad de tener a alguien que las defienda, que esté debidamente capacitado y que se entregue a su caso. Estas personas tienen que ser abogados de oficio remunerados adecuadamente “, dice.
De lo contrario, ocurre que los buenos letrados acaban trabajando por su cuenta. “¡No van a quedarse en una defensoría pública si ganan tres pesos!”, señala enérgica ante dos de sus asesores, que hace un rato le sugirieron sin éxito que se pusiera la toga para la entrevista. Ella es como esos médicos que ven ridículos a los compañeros que van a tomar café con bata y estetoscopio.
El caso del maestro tzotzil encarcelado en Chiapas, condenado con pruebas fabricadas en su contra y por la incompetencia de su primer abogado, llegó a la Corte por la insistencia del letrado especialista en derechos humanos Leonel Rivero, que se hizo cargo de la defensa del indígena apenas el año pasado. Presentó un recurso excepcional, el de reconocimiento de inocencia, un vericueto judicial que hasta ahora nunca se había tenido en cuenta en situaciones similares. Sánchez Cordero, en el Supremo desde 1995, atrajo el tema y convenció a un colega para reabrir el proceso pero la negativa de otros tres lo sepultó.
De prosperar ese recurso se hubiera abierto un precedente histórico en la justicia mexicana. “Es un precedente fortísimo. Es un precedente de un impacto impresionante en todos los juicios terminados. Sí, pudiéramos esperar (de haberse aprobado) una avalancha de juicios ya concluidos”, considera la ministra. A lo que se refiere es que todos esos condenados en circunstancias parecidas podrían exigir el mismo trato. Los jueces tendrían que revisar, uno a uno, juicios en los que se condenó a muchos inocentes –presuntos culpables- que hoy día siguen en la cárcel. Cuesta imaginar que algo así fuese viable con los medios disponibles. ¿Eso motivó la decisión de los otros ministros que no querían abrir la caja de pandora? “No lo sé”, dice.
Al continuar con el recuento de fallos, la ministra también ve un gran problema en las sedes judiciales de las regiones, desprovistas de medios y gente cualificada. Se han dado casos en los que un testigo podía ser intimidado dentro de los edificios públicos. Es posible contratar en algunos sitios el servicio de unos matones para que atemoricen a la otra parte en pleito. “Los Estados tienen unas defensorías paupérrimas”, ahonda Sánchez Cordero. Ese sentimiento se le agravó el día que habló con un gobernador –no quiere concretar cuál- que no sabía dónde estaba la defensoría pública y que desconocía incluso si dependía del gobierno o del poder judicial. “Le pregunté”, relata, “cuántas veces veía a su procurador (fiscal). ‘Lo veo diario, a veces hasta dos veces al día’, contestó. Obviamente lo hacía porque es el pulso de lo que está ocurriendo en el Estado en materia de seguridad, en problemas de criminalidad. ¿Y cuántas veces volteaba a ver a su defensor público?”. La respuesta es ninguna.
Sánchez Cordero ha revisado casos de indígenas encarcelados injustamente como el de Jacinta Francisca Marcial, una mujer de metro y medio acusada de secuestrar sin arma alguna a seis policías, o se ha posicionado a favor de la libertad de Florence Cassez, una ciudadana francesa considerada culpable de formar parte de una banda de secuestradores. En ambos casos las pesquisas policiales y el juicio estuvieron llenos de irregularidades y atropellos a sus derechos. En el caso de la francesa la ministra –que redactó el segundo proyecto de sentencia de ese caso– corría el riesgo de que la acusaran de malinchista, el sentimiento de que algunos mexicanos privilegian lo extranjero sobre lo nacional. “Se le violaron derechos fundamentales como debido proceso, presunción de inocencia, asistencia consular…”, recuerda.
La presión de su país de origen también ayudó a que Cassez fuese liberada o al menos a que el asunto no se olvidase. Esa suerte no la tienen muchos nacionales. Las organizaciones de derechos humanos se han encargado de rescatar las historias de estas personas indefensas y han presentado sus casos ante la Corte Suprema y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La ministra resalta el papel de estas organizaciones que sacaron a la luz casos cuyo destino era agarrar polvo en cualquier estante. Acusados que no conocen sus derechos (en el caso de los indígenas ni el idioma) con pruebas dudosas o directamente inventadas. Mujeres en la cárcel por no saber decir en español “yo no maté a mi hijo”. Líderes sociales entre rejas por haber incomodado a algún cacique local, como en el caso de dos indígenas condenados por un delito menor que escondía un conflicto por el agua. “Si no tienes un abogado especializado que lleve tu caso, quedas marginado del sistema de impartición de justicia”, sentencia Sánchez Cordero.
El escaso sueldo y preparación de los abogados de oficio fomenta la desidia de algunos de ellos y sirve de abono para la corrupción. “Directamente ves que su casa y su carro no corresponden con el sueldo que ganan”, puntualizará después un prestigioso abogado mexicano. En al menos 10 Estados los letrados ganan menos de 10.000 pesos (833 dólares) y ni siquiera es necesario que tengan el título para ejercer.
Patishtán es uno más dentro de este sistema viciado pero él ya ha agotado las vías judiciales. Le restan 47 años en una prisión de San Cristóbal de las Casas. “Yo soy inocente”, dijo a EL PAÍS cuando fue a conocer su situación en prisión. La propia ministra considera imposible, tal y como está redactada la sentencia, que este hombre matase a siete policías federales él solo. Los testimonios que le sitúan en otro lugar a esa hora no fueron tomados en cuenta. El único testigo que le sitúa en la balacera lo reconoce a pesar de que supuestamente llevaba un pasamontañas.
Existe la posibilidad de que el presidente Enrique Peña Nieto le conceda el indulto al maestro chiapaneco. ¿No deja eso en mal lugar a la Corte? ¿La gente no entendería que quien tiene que impartir justicia no la imparte y la deja en manos de un decretazo del Gobierno? “Están agotadas todas las instancias judiciales. Tenemos un marco constitucional y penal que respetar”, insiste Sánchez Cordero.
Y es cierto, pero dentro de ese marco solo están los más favorecidos, los que pueden pagarse un buen abogado, o al menos uno no tan malo, y de ello es consciente la propia Sánchez Cordero. A los demás no les queda más que estar al margen de la justicia. ¿Cuántos habrá como Patishtán sentados en el catre de una cárcel sin que nadie se acuerde de ellos porque no tuvieron un defensor en toda la extensión de la palabra? ¿Cuántos son Patishtán en México?

Necesario, revisar para mejorar la Ley contra Trata de Personas

7/Abril/2013
Milenio

Rosi Orozco

La trata de personas no es ni debe ser en ningún momento un tema político. Es un grave problema social y lamentablemente una realidad que forma parte de la vida cotidiana de nuestra sociedad. Lo más grave es que es un crimen que lastima lo más valioso de cualquier sociedad, lo más valioso de nuestro país: las personas.
Dicen los que saben que lo bueno es enemigo de lo mejor. Ha sido muy bueno que en la pasada 61 Legislatura y como resultado de un trabajo en equipo de todos los partidos representados en el Congreso, haya sido creada y aprobada la Ley General Contra la Trata de Personas.
Y, sin duda alguna, ese gran paso podrá ser secundado por uno mejor y de mayor alcance si ese ordenamiento alcanzado por unanimidad es ahora sometido a revisión a partir de que, como toda pieza legislativa y toda obra humana, debe tener defectos e insuficiencias que es necesario adecuar para elevarlo a algo mejor.
Es este el caso, por ejemplo, de tres asuntos sobre los que no pudimos llegar a acuerdos en la 61 Legislatura, y son vitales para una Ley capaz de generar protección a las víctimas.
Me refiero en primer término al tiempo perentorio que hay que esperar dando toda la protección, asistencia y apoyos a las víctimas antes de ser presentadas a realizar cualquier diligencia judicial. En segundo lugar es muy importante garantizar un tratamiento adecuado al problema de la desincentivación de la demanda del servicio, y al problema de la publicidad (sobre todo en algunos medios impresos) sin ningún recato ni principio de respeto, que es generado con el evidente propósito de enganchar personas para hacerlas objeto de trata para fines de explotación sexual y laboral. Esto lo puede constatar usted amable lector de MILENIO, con sólo abrir la sección de anuncios clasificados, empleos, en bastantes medios de circulación masiva.
Y en tercer lugar es importante incorporar al texto de la legislación contra la trata, los problemas que hayan detectado las autoridades locales responsables de operar la Ley, tanto del área de la procuración y administración de justicia, como del área de derechos humanos en lo que hace a la protección y asistencia a las víctimas y la restitución en sus derechos.
Es necesario revisar y dialogar también, en qué se ha avanzado, qué se ha atorado y cuáles han sido los obstáculos para avanzar, en las disposiciones contenidas en
el ordenamiento. Por ejemplo, la inexplicable realización de un diagnóstico nacional sin el cual no hay modo de conocer el problema en sus características y dimensiones, y por ende, no se podrá atacar de manera efectiva en sus manifestaciones, y será muy difícil tomar acciones preventivas como lo ha anunciado recientemente el Ejecutivo Federal.
Por eso yo propongo con toda claridad y firmeza desde estas líneas y desde este medio tan importante, MILENIO, que la Ley general se sometida a revisión para ser mejorada, reforzada y, principalmente, para que sea un instrumento a favor de lo mejor de México: los seres humanos.
EL ÁRBOL DE LA TRATA
Mario Luis Fuentes Alcalá es un político y economista mexicano que ha ocupado diversos cargos en la administración pública en México. Es un hombre con una reputación de profesionalismo y eficiencia intachables.
Actualmente dirige el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), un organismo de la sociedad civil dedicado a la investigación en los temas de desarrollo social y la promoción del cumplimiento de los derechos humanos y sociales en México.
Desde esa importante institución se ha sumado a la lucha contra la Trata de Personas y diagnosticó en colaboración con la CNDH, las raíces de este delito para exponer la vulnerabilidad al crimen, a través de una herramienta explicativa llamada “Árbol de la Trata”.
Esta diagnosis muestra claramente los problemas de raíz que generan la trata como son: desintegración familiar, violencia, impunidad, pobreza, acoso, bullying, corrupción, adicciones, inseguridad, desempleo y bajo nivel educativo, entre otras.
Estas raíces arrojan un fruto de maldición social que se expresa en más delitos como: delincuencia organizada, secuestro, narcotráfico, feminicidios, cobro por derecho de piso, enganchadores, extorsión, prostitución, piratería, entre otros crímenes.
Quiere decir que donde sea permitida, tolerada o fomentada la Trata de Personas, invariablemente se sufrirá el crecimiento de otros delitos muy graves.
En el caso del fruto de la extorsión, por ejemplo, algunas sobrevivientes nos han relatado como los giros negros entrenan a las víctimas para detectar a funcionarios de gobiernos o personajes de la política para decirles que ellos tienen derecho a salón privado o VIP donde les toman fotos o video que luego utilizan para extorsionarlos y amarrarles las manos en el combate al delito.
Con relación al narcomenudeo, la mayoría de las sobrevivientes narran que tuvieron que drogarse, que fueron obligadas. Otras forzadas a transportar droga. Una de ellas en Cañón de Lobos, Morelos, tuvo que transportar droga vaginalmente en toallas femeninas especiales.
El fruto de los enganchadores significa que la mayoría de las víctimas que nos son rescatadas pasan de ser víctimas a victimarias. Tenemos el ejemplo de Claudia, quien fue enganchada a los 12 años. A los 16, el tratante que la esclavizó también secuestró a su bebe en Tlaxcala y por eso no podía negarse a someter a una chica de 14 años a quien ella estaba obligada a enseñar, y aceptó “entrenar” a jovencitas enseñándoles a prostituirse.
El fruto del secuestro. Donde crece la Trata crece el secuestro de jovencitas y niñas, por ejemplo las zonas como Tepetixpla, en el estado de México, donde los choferes de trailers han secuestrado a jovencitas para venderlas en municipios vecinos como Santiago Acoxac, Puebla, bajo la mirada indiferente de policías locales.
El Árbol de la Trata nos ayuda a entender por qué ciudades como Monterrey fueron seguras hasta que se permitió la presencia de la trata de personas, y se consintió la apertura de más giros negros donde han crecido de la mano otros delitos también muy graves.
TRABAJEMOS UNIDOS
Por ello es imperativo someter a revisión la Ley General Contra la Trata de Personas. Propongo iniciar un debate sobre esta legislación promulgada en 2012. Este diálogo seguramente enriquecerá el ordenamiento que, insisto, es perfectible, mejorable, escalable.
Acudamos a un debate revisor del texto vigente de la Ley con un espíritu participativo y constructor, donde quepa la participación de todas las voces y todos los sectores.
En este ejercicio será imperativa y muy importante la participación de la CNDH, institución que ha hecho un gran trabajo por estudiar, documentar y combatir por los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de este atroz crimen.
José Narro Robles, rector de la UNAM, ha sido un gran aliado en este combate, quien ha influido para motivar una mayor participación del gobierno federal en la lucha por prevenir, sancionar y erradicar este delito.
Quienes han sido forzados a sufrir como esclavas o esclavos nos pidieron en alguna ocasión en la Cámara de Diputados que por favor no politizáramos esta lucha con diferencias de partidos o ideologías. Es por ello que decidí bajar la iniciativa presentada el 20 de Abril de 2012 (hace casi un año), para subir una iniciativa presentada por 104 legisladores de todos los partidos, que quizá sin precedentes, fue votada unánimemente para prevenir, sancionar y erradicar la Trata de Personas. Mi reconocimiento permanente a la 61 Legislatura.
Somos muchos y cada día somos más los que estamos trabajando contra la trata de personas.
Hoy hay organizaciones de la sociedad civil como las que participan en la Comisión Unidos vs la Trata AC, que realizan un excelente trabajo y muchas otras organizaciones que día con día proponen y participan en el avance por lograr que México sea un país de personas en libertad.
Hay también Universidades como la Iberoamericana, en la que José Morales Orozco se comprometió públicamente a luchar contra este crimen ofreciendo diplomados sobre combate a este delito, en alianza con la Organización Infancia Común.
Es tiempo de volver a crecer y mejorar lo que ya se logró.
La lucha es de todos. Lo invito a sumarse amable lector, a ser partícipe de esta mayoría estruendosa de mexicanos que insistimos en hacer y permitir lo bueno, porque a partir de ahí surge lo mejor.
(Así afecta el Árbol de la Trata de personas: http://www.milenio.com/media/8af/31ac33ba76fc0eda384fb5e1a4dd48af.jpg)

La CIDH, México y América Latina

3/Abril/2013
La Jornada

Luis Hernández Navarro

Raúl Díaz Peña es un terrorista venezolano. Enemigo del gobierno de Hugo Chávez, en 2003 colocó bombas contra la embajada de España y el consulado de Colombia. Preso, fue sentenciado a nueve años de cárcel. En 2010, después de cumplir una condena de cuatro años y cinco meses, fue trasladado a régimen de prisión abierta. Clandestinamente se fugó del país y pidió asilo político en Estados Unidos. En octubre de 2012 se le concedió.

Raúl Díaz se dijo perseguido político y presentó una demanda contra el gobierno de su país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con una rapidez inusitada, ausente en casos como el de la masacre de Acteal, el organismo le dio la razón y condenó al Estado de Venezuela por violación al derecho a la integridad regional.
El caso Díaz fue la gota que derramó el vaso. La corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han cometido una larga serie de tropiezos en su relación con ese país. Por ejemplo, la comisión aplaudió el golpe militar contra el presidente democráticamente electo.
Ante el resolutivo de la Corte por el caso Raúl Díaz, el presidente Hugo Chávez dijo que organismos como la nefasta, podrida y degenerada Corte Interamericana de Derechos Humanos deben desaparecer, por no estar a la altura del mundo nuevo, al tiempo que ratificó su retirada de los organismos judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 22 de marzo, el embajador venezolano ante la OEA, Roy Chaderton, afirmó ante la Asamblea General de la organización que Venezuela se declara en rebeldía contra un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) corrupto y pusilánime.
Son muchos los gobiernos de la región, sobre todo los progresistas, que han externado fuertes críticas al sistema. El presidente de Bolivia, Evo Morales, equiparó a la CIDH con una base militar de Estados Unidos, en este caso dirigida a juzgar a otros países, y la acusó de estar al servicio de la derecha pro capitalista y pro imperialista. El mandatario de Ecuador, Rafael Correa, señaló que la CIDH no menciona el bloqueo a Cuba; hay capítulos dedicados a Argentina, Ecuador y Bolivia, pero ninguno a Estados Unidos. El bloqueo criminal a Cuba ni siquiera aparece en sus informes anuales.
Ese malestar se expresó abiertamente en la última Asamblea General Extraordinaria de la OEA, el pasado 22 de marzo. Después de muchas quejas, la reunión convalidó, sin consenso y con graves ausencias, el proceso de reforma al sistema interamericano de derechos humanos, al adoptar una controvertida resolución que dejó abierto el debate sobre su fortalecimiento.
Entre otras muchas críticas, diversos países cuestionan que la polémica Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sea financiada, en buena parte de su funcionamiento, por organismos y fundaciones privados, con una agenda claramente intervencionista contra los gobiernos progresistas de la región. Se sabe que el que paga manda, y consideran inadmisible la injerencia de actores privados sobre poderes soberanos.
Diferente es la perspectiva del organismo desde México. Como explica Magdalena Gómez (El sinuoso camino de la justicia en México), nuestro país aceptó la competencia de la CIDH en 1981 para conocer de quejas y denuncias de derechos humanos. En 1988, el Senado reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de las sentencias relevantes de ese organismo fueron dictadas a partir de 2001. Muchos casos tardan 10 años en promedio en solucionarse.
Dos mexicanos dirigen la CIDH. José de Jesús Orozco Henríquez es su presidente y Emilio Álvarez Icaza su secretario general. El gobierno mexicano busca la relección de Orozco para el periodo 2014-2017.
Entre 1995 y 2005 se presentaron ante la CIDH 556 peticiones contra México. Sólo 48 se abrieron a trámite. El organismo emitió 91 medidas cautelares, de las cuales 31 han sido dictadas de manera directa.
Resoluciones de la corte como las de los ecologistas guerrerenses Teodoro Cabrera Rodolfo Montiel, la del campo algodonero, la de desaparición forzada de Rosendo Radilla y la de la violación de mujeres indígenas en Guerrero por elementos del Ejército han tenido un impacto relevante en la administración de la justicia en México. El organismo condenó la utilización del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos y precipitó varias reformas legales dentro del país.
Las ONG de derechos humanos mexicanas han realizado un trabajo admirable en la lucha por la justicia y contra la arbitrariedad y la impunidad. Aunque algunas han resbalado en temas como el de la Iniciativa Mérida y el financiamiento de la NED, su labor en pro de la defensa de los derechos humanos en México ha sido muy relevante.
Buen número de estas ONG tienen en alta estima a la CIDH. De hecho acompañan a las víctimas en sus demandas en el organismo en diversos casos que no fueron solucionados dentro del país. En México, muchas víctimas ven al organismo como un sistema de justicia alterna y piensan en presentar sus casos.
La mayoría de las ONG de derechos humanos han sido insensibles a los reclamos de otros países latinoamericanos contra la parcialidad y sesgo de la CIDH. Más aún, se han sumado al reclamo de fortalecer el organismo que se promovió en respuesta a las críticas y las demandas de restructuración.
El discurso de los derechos humanos no es neutro ni está por arriba del mundo de la política. En su nombre se legitimó la lucha contra Augusto Pinochet en Chile y la movilización de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Y, simultáneamente, bajo su bandera, Estados Unidos invadió Irak y justifica su intervencionismo imperial.
Este desencuentro sobre la CIDH y la corte entre el movimiento por lo derechos humanos en México y los procesos de transformación en varios países del continente es, por decir lo menos, lamentable. Cuando menos, requiere de un buen debate.