Presunto culpable: efecto congeladora

15/Julio/2013
Noroeste

Denise Dresser

Una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes, decía Martin Luther King. Y en México –en el ámbito judicial– estamos presenciando una injusticia monumental. Una injusticia sorprendente. Una injusticia que no debería ocurrir en estos días y en estos tiempos supuestamente democráticos. El linchamiento a Roberto Hernández y Layda Sansores, los abogados detrás de ése retrato doloroso pero fidedigno de nuestro sistema judicial que fue el documental "Presunto Culpable". El maltrato judicial que han recibido de los tribunales en el contexto de las demandas civiles que enfrentan por "daño moral" interpuestas por el policía judicial, el testigo y la familia del muerto. La mala fe demostrada por parte de los jueces involucrados en el caso, que se sintieron exhibidos en el documental y ahora buscan la revancha.

Retratando nuevamente a un poder judicial que en lugar de aceptar sus errores, los niega. Un poder judicial que en vez de componer lo que está descompuesto, alega que no es así. Un poder judicial que en lugar de reconocer las fallas de su conducta, continúa cometiéndolas. Con jueces que –una y otra vez– demuestran parcialidad en contra de los acusados y los critican por haber producido el documental. Jueces que no permiten la introducción de cámaras en las audiencias por temor a la supervision y a la rendición de cuentas que ello entrañaría. Jueces que le dicen a Roberto Hernández y a Layda Sansores que "fueron demasiado lejos". Impartidores de injusticia, reproduciendo las prácticas y las formas de pensar que precisamente "Presunto Culpable" trató de erradicar.

En el contexto legal hay un término para lo que está ocurriendo en los tribunales mexicanos vis a vis las demandas al documental y a sus productores. Se llama el "chilling effect"; el "efecto congeladora" y significa la inhibición del ejercicio legítimo de derechos naturales y legales a través de la amenaza de una sanción legal. Y el derecho que con más frecuencia se ve acorralado por esa amenaza es el derecho a la libre expresión. Libre expresión que "Presunto Culpable" ejerció al exponer la mendacidad de los jueces, la falibilidad de los testigos, la falta de profesionalismo de los policías, la podredumbre del sistema judicial. Y ahora se intenta sancionar no sólo a Roberto Hernández y a Layda Sansores sino a cualquiera que intente seguir sus pasos. Investigar. Comprobar. Evidenciar. Usar el cine como un catalizador para el cambio social. Ahora se busca con demandas que exceden 3 mil millones de pesos, el efecto opuesto. Asegurar el silencio y la complicidad. Promolydiacachosiver el ocultamiento y la opacidad. Permitir que el sistema judicial siga operando como siempre lo ha hecho: fabricando culpables, encarcelando inocentes, abusando de su autoridad y rehusándose a rendir cuentas ante la sociedad, de la cual rutinariamente abusa.

Basta con examinar lo que está ocurriendo en los juicios relacionados con "Presunto Culpable". Como ha argumentado Roberto Hernández, la juez 17 civil ha hecho comentarios que prejuzgan el conflicto que se litiga frente a ella. Pero no queda registro de esa falta de imparcialidad porque se ha prohibido el uso de cámaras en las audiencias, cosa que debería ser un derecho reclamable y reclamado por cualquier mexicano juzgado. Miembros del Tribunal han dicho que el caso de Toño Zúñiga –narrado por "Presunto Culpable"— es un evento "aislado" como si no ocurriera cotidianamente en las cárceles del Distrito Federal; como si no hubiera miles de personas inocentes injustamente encarceladas; como si en las penitenciarías no hubiera más de 40,000 reos que nunca vieron al juez que los encarceló. Como si en el "ranking" del World Justice Project –presentado en La Haya esta semana– la justicia penal en México no estuviera en el lugar 90 de 97, un sitio peor que el de muchos sistemas africanos. Como si esa no fuera la realidad de un país donde quienes dicen la verdad son perseguidos en lugar de ser escuchados.

Hace unos días Roberto Hernández y Layda Sansores pidieron permiso para grabar las audiencias en las que participan, para tener un registro fidedigno de lo que está ocurriendo allí. El permiso les fue negado. Hace unos días diversos medios de comunicación pidieron permiso para entrar a las audiencias, con tan sólo una libreta. El permiso les fue negado. Y de allí las preguntas insoslayables: ¿qué es lo que los jueces están intentando ocultar? ¿Qué es lo que el Tribunal está tratando de tapar? ¿Por qué tenemos que aceptar un sistema judicial que trabaja en secreto, lejos del escrutinio de los ciudadanos? ¿Por qué tenemos que permitir un Tribunal que apunta en los expedientes sólo lo que le conviene y no lo que realmente ocurre en las audiencias? ¿Por qué tenemos que tener confianza en un Tribunal que se pronuncia sobre la culpabilidad de los acusados antes del juicio y la sentencia?

Para evitar esos abusos hacen falta audiencias que cuenten con un registro fidedigno. Hacen falta autorizaciones que permitan a las partes grabar sus propias declaraciones. Hacen falta cambios que permitan que las audiencias sean públicas. Hacen falta reglas que prohiban a jueces tomar casos sobre los cuales han hecho declaraciones negativas, demostrando con ello un conflicto de interés. Hacen falta reformas para que el interrogatorio en material civil sea directo. Eso y mucho más. Como el documental "Presunto Culpable" exhibió y como sus secuelas subrayan, estamos lejos de tener una justicia confiable. Una justicia vigilada. Una justicia imparcial. Una justicia transparente. Una justicia que en lugar de acorralar y asfixiar a sus ciudadanos, promueve y protege sus derechos. La injusticia que padecemos hoy no resguarda esos derechos. Más bien los mete en la congeladora.

El petróleo, algo esencial

7/Julio/2013
La Jornada

Néstor de Buen

Me parece mentira que la administración de la industria petrolera pueda ser puesta en manos de empresas privadas. Me temo que con ello se violaría de manera flagrante el mandato constitucional que atribuye a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental, lo que incluye, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos...

Estoy convencido de que en esa industria dependemos en gran medida del exterior, particularmente por lo que se refiere al suministro de materiales tecnológicos que sirvan para el montaje de los pozos petroleros y las refinerías que tienen a su cargo la transformación del petróleo en productos de consumo público.
Es cierto que México no cuenta con una industria capaz de fabricar los implementos necesarios para el establecimiento de los puntos de explotación y las refinerías, por lo que cabe presumir que en todo caso depende de la provisión externa. Sin embargo, eso no afecta al estricto cumplimiento del artículo 27 constitucional y en todo caso es un tema que se podrá resolver administrativamente sin renunciar al dominio que constitucionalmente se establece.
Es un hecho conocido que uno de los problemas mayores de nuestra industria petrolera deriva de la evidente intervención del sindicato en el manejo de la empresa, lo que ha provocado el encarecimiento del costo de explotación, pero lamentablemente sin beneficios notables en favor de los trabajadores.
En los hoy remotos tiempos en que Joaquín Hernández Galicia La Quina era el responsable principal del sindicato, las cosas no eran iguales y se manifestaban en el hecho de que la empresa mantenía una relación difícil con el sindicato, lo que no impidió que algunos funcionarios de segundo nivel del propio sindicato ejercieran actos de corrupción que fueron notables en sus tiempos.
Se afirma, sin embargo, que en gran medida la responsabilidad por el estado lamentable de la economía de Pemex es atribuible a la organización sindical, o por lo menos a su representante conocido, como es Carlos Romero Deschamps, lo que hace pensar en que la administración de Pemex ha mostrado notables debilidades con la representación sindical.
Si ese es el problema, como lo supongo, la solución no sería la cesión a empresas privadas, nacionales o extranjeras, de la explotación del petróleo, sino el cuidado extremo que impida las alianzas entre la organización sindical y la administración de Pemex.
Es claro que el gobierno habría de cambiar su vinculación con el sindicato colocando en lugar preferente la adecuada administración de Pemex, pero evidentemente que eso no podría hacerlo violando el principio fundamental de la autonomía sindical. Por supuesto que ese no es un obstáculo, ya que la administración pública ha hecho notable por mucho tiempo su rechazo a las organizaciones sindicales democráticas y su apoyo a las que se inclinan por favorecer los intereses empresariales, en lugar de defender a los trabajadores. Tenemos ejemplos de sobra, pero podríamos citar en primer lugar la situación del gremio minero y del Sindicato Mexicano de Electricistas, respecto de los cuales la actitud gubernamental ha sido sistemáticamente violatoria del principio de libertad sindical, anteponiendo supuestos intereses superiores a los de los trabajadores, y poniendo en juego la fuerza pública para destruir el derecho de huelga. Es claro que ello implica la violación sistemática de los derechos individuales y colectivos previstos en el artículo 123 constitucional y hoy en condición deplorable a partir de la reforma panista y priísta a la Ley Federal del Trabajo.
Tal vez el ejemplo más doloroso lo constituye Pasta de Conchos, donde las autoridades laborales dejaron a un lado su responsabilidad principal de garantizar la vida y la seguridad de los trabajadores, apoyándose para ello en el total desprecio a las obligaciones que la ley impone a la inspección del trabajo y utilizando la fuerza pública para reprimir a aquellos trabajadores que ejercieron su derecho a protestar.
La pretensión del gobierno de poner en manos privadas el manejo de Pemex constituye la notable violación a una responsabilidad histórica que nació con la expropiación petrolera debida al general Lázaro Cárdenas.
El gobierno priísta de Enrique Peña Nieto no puede darse el lujo de olvidarse de la historia. Mejor sería que aplicara con energía los remedios para resolver los problemas de inseguridad que en este momento están afectando prácticamente a todo el país. Sería preferible que sus esfuerzos se aplicaran a organizar debidamente la condición de los cuerpos de policía en donde la corrupción tiene su mejor asiento, sin tratar de sustituirlos por el Ejército, que no nació para esas actividades.

De dientes para afuera

1/Julio/2013
Noroeste

Denise Dresser

El PRI habla de transparencia, pero en realidad quiere posponerla. El PRI se llena la boca exaltando la rendición de cuentas pero más bien prefiere obstaculizarla. Así lo demuestran sus dictámenes, sus propuestas legislativas, sus posturas en el Congreso. Como lo han subrayado "México Infórmate" y el "Colectivo por la Transparencia" las posiciones del PRI en materia de transparencia son claramente regresivas. Retrógradas. Pleistocénicas. Buscan restarle autonomía e independencia al IFAI. Buscan volver discrecionales, procesos que ya se habían vuelto institucionales. Buscan regresar a México a una era en la cual la información era una concesión y no un derecho.

El PRI quiere –por ejemplo– excluir a los partidos políticos de la autoridad inmediata del IFAI e incluirlos únicamente como sujetos obligados indirectos. El PRI propone que las autoridades electorales sean las competentes sobre la transparencia de los partidos. Esa es la normatividad vigente y es disfuncional. Ese es el esquema actual y no funciona. Primero, porque el IFE no es un órgano especializado en material de transparencia. Segundo, porque con demasiada frecuencia el IFE acaba doblegado por los partidos que intenta supervisar. Un IFE capturado o presionado no va a empujar la transparencia como debería y ya lo comprobamos en el caso de Monex.

El PRI también pretende eliminar la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Señala que las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal serán vinculatorias para los sujetos obligados. Pero elimina la característica de que las resoluciones deberán ser definitivas e inatacables. Con ello se abre la puerta al potencial descrédito de las decisiones del IFAI por parte de sus detractores, de los cuales hay muchos. La Secretaría de Hacienda. El Sistema de Administración Tributaria. El Congreso mismo. Se abre la puerta para que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial –a través de la Suprema Corte de Justicia– intervengan cuando exista "daño o perjuicio al interés público" definido a la manera de los actores escrutinados. Y la experiencia ha demostrado que cuando de cuestiona la definitividad de las resoluciones del IFAI, los afectados protestan, contraatacan, amenazan, y tratan de refugiarse en la opacidad prevaleciente. El caso del SAT y las exenciones fiscales es el botón de muestra más claro de ello.

De igual manera se atenta contra la autonomía del IFAI al establecer que el procedimiento para nombrar a los comisionados recaerá –una vez más– en el Presidente. Otra vez la reiteración del proceso que llevó a que Felipe Calderón lograra colocar en el IFAI a amigos, subalternos y subordinados suyos. Personajes como Sigrid Artz, investigada por hacer peticiones de información con el uso de un seudónimo, espiar a sus colegas, promover sus propias peticiones apócrifas en el pleno y abusar así de su autoridad. EL IFAI es una institución creada para atender un derecho social, y por ello la propia sociedad –a través de organizaciones especializadas– debe participar en el proceso de postulación y nombramiento de los comisionados del IFAI. Si no, se regresa a un esquema vertical, politizado que sirve más para tapar que para esclarecer.

Una bandera enarbolada por Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio está allí, tirada en el suelo. La reforma constitucional en material de transparencia simplemente no avanza a la velocidad que podría y debería. Y no sólo eso: el proceso de discusión de la reforma ha sido llevado a cabo en medio de la más absoluta opacidad y falta de participación ciudadana. Sin avances en materia de transparencia no hay avances en materia de consolidación democrática. El PRI no está demostrando la voluntad creíble para transparentar la información de interés público. Quiere seguir ocultando. Guardando. Tapando. Cuidando las espaldas de sus miembros más malolientes y sus organizaciones más opacas.

El 11 de junio se cumplieron 11 años de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y aún nos falta una reforma constitucional sólida y amplia que fortalezca al IFAI. Que amplíe la obligatoriedad a partidos políticos. Que sancione el incumplimiento de la ley. Que no permita lagunas o rendijas o excepciones u objeciones. Allí está el ejemplo de Oaxaca, con una legislación de avanzada que debería servir como mapa de ruta para el resto del País. Reformada en 2102, la ley oaxaqueña postula que son sujetos obligados de la ley "los sindicatos estatales como entidades de interés público, organizaciones no gubernamentales o cualquier otra persona física o moral, pública o privada, nacional o internacional o análogas que por cualquier forma reciban dinero o cualquier tipo de apoyo en especie del erario público del Estado de Oaxaca". En pocas palabras, cualquiera que obtenga dinero público tiene que rendir cuentas por cada peso usado, gastado, invertido, tomado. Como debe de ser. Como aquello a lo cual tenemos derecho a exigir.

Además Oaxaca establece la figura del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión, que marca una pauta de avance en el monitoreo ciudadano de la transparencia. Sienta un precedente que podría ser instrumentado a nivel federal. Y resalta la importancia de lo mucho que queda por hacer en un País donde el Poder Legislativo no le rinde cuentas a nadie. Donde el gasto de los legisladores es un hoyo negro. Donde los recursos para la construcción del nuevo edificio del Senado nunca han sido plenamente transparentados. Donde el acceso a la información parlamentaria es una tarea titánica. Donde el análisis de la información parlamentaria es casi imposible. Falta aún que los legisladores miren de frente y a la cara. Que comuniquen y hagan accessible el trabajo público que supuestamente realizan. Y para que ello ocurra, es indispensable que el PRI –el partido en el Gobierno– abrace la transparencia de manera real y no sólo de dientes para afuera.